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Editorial: Perdidos en la Jungla

Equipo La Ventana ciudadana

Periodismo ciudadano.

No cabe duda alguna en cuanto a que el mal llamado “conflicto mapuche” es el problema más grave, complejo y persistente que enfrenta la sociedad chilena.

Aunque la carga histórica jamás podrá ser resumida en unas pocas líneas, hay ciertos hechos gruesos que configuran la estructura de una cuestión política,  social y cultural  que presenta variadas aristas. En lo esencial, tras el proceso independentista se consolidó una situación de convivencia entre el naciente Estado chileno en forma,  y los diversos pueblos autóctonos radicados al sur del Bío Bío. Sin embargo, las elites políticas de la metrópoli, movidas por apetitos económicos indiscutibles, aprovecharon las consecuencias de la victoriosa  Guerra del Pacífico para utilizar a las tropas ya desmovilizadas en su propio beneficio e iniciar la cínicamente bautizada como “pacificación de la Araucanía”. Centenares de investigaciones históricas, documentos oficiales, testimonios personales, han ido permitiendo constatar  que un Estado que formalmente asumió compromisos de respeto y reconocimiento mutuo con esas comunidades, desconoció de hecho esos acuerdos y procedió a ocupar militarmente el  fértil territorio que se extendía más allá de la zona de frontera. A partir de ese entonces, se asignaron  las tierras a familias privilegiadas (en un proceso no exento de tráfico de influencias y de corrupción), se erradicó a la población originaria, se buscó aplastar sus costumbres y su cultura ancestral, se prohibió hasta el uso de su idioma y  se utilizó la conscripción militar para “chilenizar” a “los indios”. El último capítulo, ya en pleno siglo XX, lo escribieron los grandes consorcios forestales que fueron adquiriendo miles de predios de medianos y pequeños propietarios para dedicarlos al monocultivo del pino y del eucaliptus y que, para salvaguardar sus intereses, contaron con el respaldo notorio y generoso  de la institucionalidad pública.

Por supuesto, hoy resulta difícil, casi imposible, poner marcha atrás en el reloj de la historia. La dictadura hizo posible soterrar una situación que estaba “ahí” aunque se la quisiera ignorar y desconocer pero que, tan pronto como afloraron las libertades políticas, emergió con fuerza creciente y se expandió como un reguero a vastos sectores de la población urbana del centro del país.

Los sucesivos gobiernos democráticos, de diversas orientaciones,  habidos a partir de 1990,  se han mostrado claramente incapaces de hacer frente a un hecho social que estaba germinando y evolucionando y que, pese a haber sido tratado por sociólogos, investigadores, académicos, etc. en múltiples instancias,  jamás fue abordado en profundidad por las elites que ejercían el poder. Las visiones con las cuales se consideró  el tema fueron siempre parciales y sesgadas  y más bien reflejaron una actitud de “dejar pasar”, a la espera de que el transcurso del tiempo diluyera la situación conflictiva. Así, a partir del mandato de Patricio Aylwin se crearon  la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Fondo para la adquisición de tierras a ser asignadas a las comunidades mapuches, iniciativa de alcances limitados y que, como hemos señalado no abordó, por falta de audacia y de decisión política, lo esencial del problema. En el otro extremo del camino, el presidente Piñera motivó a un alto dirigente del empresariado nacional para que asumiera la responsabilidad de poner en marcha un eventual Plan de Desarrollo Integral de  la Araucanía que cambiara las condiciones de vida de la zona más pobre del país, la  que  le entregó el mayor apoyo electoral en los comicios de diciembre de 2017. En una decisión absurda y  a todas luces incomprensible, se decidió avanzar en la militarización de la Región con el afán de dar simultáneamente satisfacciones a los grupos forestales y terratenientes en  general.

Los dos ejemplos indicados reflejan la incomprensión de la naturaleza del conflicto. Uno y otro muestran el típico actuar de la escuela del “despotismo ilustrado” que pretende realizar acciones en pro de estos sectores,  desde el Estado o del empresariado paternalistas pero sin la participación real, efectiva, orgánica, de los afectados.

Hoy el conflicto en referencia ha adquirido mayor gravedad y amenaza con extenderse a nuevas áreas, ya sea a través de las protestas y acciones urbanas ya sea a través de la multiplicación de  ataques incendiarios.

El cuadro presente exige una definición urgente, tomada políticamente, que determine el camino a seguir y que considere la gestación de una mesa amplia  de trabajo que aborde el problema con la participación efectiva de todos los actores involucrados. Ello implica dejar de lado los intereses partidistas o económicos para buscar construir  un ambiente de entendimiento que haga posible avanzar hacia  un acuerdo indispensable.

Ni la represión, ni la militarización, ni la demagogia,  son las vías adecuadas que el país reclama.

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