Editorial: Televisión pública… ¿Sí o No?

Desde hace más de  un año  se debate en el seno del Congreso Nacional un proyecto de ley gubernativo destinado a inyectarle recursos fiscales a la empresa autónoma del Estado denominada Televisión Nacional de Chile. En un acto bastante torpe se pretendió disfrazar esta iniciativa como si estuviera destinada a crear un “canal cultural” en circunstancias que la mayor parte de los recursos considerados iban a capitalizar a una entidad que ha ido acumulando cifras negativas bastante elevadas al extremo que ponen en serio riesgo hasta su propia subsistencia.

La discusión parlamentaria del caso, se dio obviamente entre Gobierno y Oposición y a la fecha está  zanjada en su línea gruesa  en términos que consideran 52 millones de dólares para la actual estación más 18 millones de dólares para la nueva señal cultural. El  argumento oficialista se centró en precisar que el mercado publicitario nacional experimenta una fuerte crisis lo que ha llevado a que los propietarios de los canales (Luksic en Canal 13;  Grupo Turner, en Chilevisión) hayan tenido que aportar recursos extras para sortear el temporal lo que justificaría que el Estado, dueño de TVN, haya debido obrar de igual manera.

El modelo de la televisión “pública” de Chile es excepcional en el mundo,  ya que pese a tener ese carácter debe financiarse, conforme a la ley, de acuerdo a las reglas del mercado. Así, durante mucho tiempo gozó de una situación predominante de audiencia que se tradujo en millonarios ingresos.

Sorpresivamente, durante la semana pasada tres de sus directores (María José Gómez, Jorge Atton y Lucas Palacios), identificados como “de oposición” renunciaron en bloque a sus cargos fundamentando su decisión en la que consideran como una muy mala administración de la empresa.

Las renuncias aludidas ponen de manifiesto  uno de los graves problemas que deben enfrentar diversas empresas y entes públicos,  respecto de los cuales la Constitución o la ley exigen elevados quórum para la ratificación de los nombres propuestos por el Ejecutivo, circunstancia que, combinada con el sistema binominal vigente hasta ahora, ha llevado a un nefasto y vergonzoso cuoteo de cargos entre cada Gobierno y sus opositores. La máxima  expresión de este desatino se ha visto en el virtual reparto (“uno para mí; uno para ti”) de los cargos de ministros del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema.

En el cuadro descrito resulta inconcebible que quienes han asumido, en el caso que nos ocupa, la función de miembros del Directorio de TVN se identifiquen como de Gobierno o de Oposición, en circunstancias que su único compromiso no debiera ser partidista por ningún motivo  sino con la empresa de cuya dirección y administración son responsables. También es inaceptable que el cargo de Presidente del Directorio, que es de designación del Presidente de la República, sea entregado a un operador político carente de toda experticia en la materia.

Es más que probable que los directores renunciados tengan razón en sus fuertes críticas a la forma de gestión de la empresa pero no pueden sentirse ajenos a ella. Sus cargos son remunerados y muy bien remunerados y oportunamente debieron contribuir a tomar las medidas que demandaba  una situación de emergencia como la que el canal estaba viviendo, más aún considerando que  el presidente señor Ricardo Solari,  en medio de la tormenta estaba dedicado a la lucha presidencial interna dentro de su partido.

En un país en que la concentración de los medios de comunicación en manos de los  grupos económicos está pasando a constituir una verdadera amenaza al sistema democrático, el disponer de una televisión pública es indispensable. El país necesita un canal que sea independiente, objetivo y pluralista,  pero si a ese canal se la está imponiendo la exigencia del autofinanciamiento a   través  de la inversión publicitaria proveniente precisamente de esos grupos de interés simplemente se le está amordazando ya que jamás podrá tener la independencia necesaria para juzgar conductas como las de  colusión o  corrupción.

Parece absolutamente lógico demandar la presencia en el ámbito de la comunicación social, de un medio que represente cabalmente el interés general de la comunidad para lo cual no debe tener compromisos de ningún tipo que inhiban el cumplimiento de su misión esencial. Bueno sería que se pusiera en tabla este  tema para que, de una vez por todas, se lo abordara luego de una reflexión a fondo y con sentido de país. En caso contrario, a corto plazo será posible encontrarse con actitudes gubernativas propias de sectores que se sienten suficientemente bien protegidos por un espectro comunicacional obediente a intereses particulares y que dejarán morir indoloramente las pocas expresiones que por lo menos hacen teóricamente posible el ejercicio de una libertad no contaminada.

Por otra parte, pretender disponer de una señal pública de naturaleza cultural lo menos que exige al canal madre, es un mínimo de consecuencia.  No puede ser que,  al mismo tiempo que se pretende contribuir a la formación de una sociedad sustentada en valores positivos de respeto a la dignidad de las personas, por la puerta del lado se esté entregando una programación plena de una chabacanería que supera los límites de lo tolerable.