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Editorial: Un camino demasiado peligroso

Equipo La Ventana ciudadana

Periodismo ciudadano.

La muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca Marín a manos del Equipo Táctico Multidisciplinario de Carabineros (conocido comunicacionalmente como “Comando Jungla”) ha abierto una compuerta que va a tener inusitadas consecuencias no solo  para el Gobierno sino también para la paz social del país en general.

El “conflicto mapuche” ha sido tratado unilateralmente por sucesivos mandatarios que, con una pertinacia incomprensible, han insistido en verlo como un mero problema de asignación de tierras o de orden público,  eludiendo los diversos aspectos políticos y las dimensiones culturales que están presentes en el problema mismo.

El hecho señalado presenta   múltiples aristas que le dan una connotación especial.

En su génesis, aparece el asalto a unas profesoras en un sector rural de la zona, con el objetivo a robarles los vehículos en que se movilizaban. Alertada la policía uniformada, la jefatura de la zona dispuso  el desplazamiento al lugar de un fuerte contingente  que procede a hacer uso de su armamento causando la muerte de Catrillanca,  quien conducía un tractor acompañado de un menor de edad,  de quince años. Éste es arrestado, llevado al interior de un vehículo policial y golpeado fuertemente según han denunciado dos organismos del Estado: el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez.

A partir de esos dos hechos (que son de tal gravedad que el Ministro Chadwick se vio  obligado a informarle al Presidente de la República que  se encuentra en Papúa-Nueva Guinea) se ha hecho evidente que en  el seno del Gobierno hay claramente dos actitudes absolutamente contradictorias. Por una parte, la del Ministro de Desarrollo Social quien claramente está trabajando en pro de una agenda de integración y desarrollo productivo para la Araucanía y, por otro lado, la agenda del Ministro del Interior quien  persistentemente promueve acciones de carácter represivo y sancionatorio las que, en vez de favorecer la solución de los problemas, conducen indudablemente a elevar los niveles de violencia.  El propio ministro Alfredo Moreno hizo pública su desazón ante la prensa declarando que “todo esto hace más difíciles las cosas”.

La actitud gubernativa deja mucho que desear. En lugar de ejercer su autoridad política y moral promoviendo una indagación a fondo acerca de cómo sucedieron los hechos y buscar las formas para  hacer efectivas las responsabilidades pertinentes, optó por adelantarse y salió a respaldar el procedimiento. En concordancia, el propio General- Director de Carabineros Hermes Soto, viajó a la zona “para blindar la labor de sus efectivos” según confirmaron al diario La Tercera los jefes de zona de la Región.

Resulta inimaginable una indagación objetiva e imparcial de lo sucedido si hay una predisposición de esta rama de la fuerza pública a no colaborar con la labor del Ministerio Público. Sorprendentemente, pese a que el Gobierno ha insistido en que el Comando Jungla está equipado con cámaras Go Pro HD y cámaras termales de corto alcance, ahora se declara que no hay grabaciones de lo sucedido. El Intendente Regional Luis Mayol declara que la víctima tenía  “antecedentes por receptación de vehículos robados” y horas más tarde debe desdecirse al hacerse público el documento oficial  emitido por el Registro Civil en que Catrillanca aparece “Sin Antecedentes”.

Todo lo anterior configura un cuadro preocupante, toda vez que los niveles de  confianza de la ciudadanía  en el Cuerpo de Carabineros han caído a un rango inferior al 37%. El multimillonario fraude que aún se sigue investigando, la falsificación de pruebas en la llamada “Operación Huracán”, la declaración de Amnistía Internacional en cuanto a que han recibido múltiples reportes documentados dando cuenta de uso excesivo de fuerza, son hechos, entre varios otros, que dañan inexorablemente a una institución que debe ser considerada como esencial para el normal funcionamiento de una sociedad democrática.

El Presidente Piñera, a su regreso, deberá adoptar decisiones trascendentes. No puede permitir que se siga prolongando  en el tiempo el conflicto que, entre bambalinas, está enfrentando a “halcones” y “palomas” en el seno de su equipo de colaboradores y al interior de los partidos y colectividades que lo apoyan. La creación del “Comando Jungla”, con personal enviado  a la selva  colombiana y a  los Estados Unidos a entrenarse en lucha antiterrorista y antisubversiva y su pomposa presentación en la Plaza de la Constitución, constituyeron  un grave error que pudo provocar el aplauso de grupos ultristas pero que a todas luces aparece como  una grosera  provocación carente de  sentido.

La trágica muerte de Camilo Catrillanca se ha constituido en  el detonante que diversos grupos de extremistas urbanos estaban esperando  para actuar. En pocas horas, las manifestaciones y protestas se extendieron por el país. Por eso, es imprescindible que el  conflicto que constituye el telón de fondo de esta situación  sea  abordado integralmente a la brevedad   buscando  fórmulas para convocar a los diversos actores, precisar sus aspiraciones y demandas,  y concordar caminos progresivos de entendimiento.

El asesinato del comunero mencionado debe ser investigado a fondo para concretar las responsabilidades penales y de mando que correspondan. El caso pareciera responder a la figura de un delito común, razón por la que resulta injustificable que se haga uso  de armas de fuego lo que solo se podría explicar en casos en que estén en riesgo las vidas de otras personas o de los mismos  policías o en situaciones particularmente graves. La sola circunstancia de que cualquier funcionario, uniformado o no,  se sienta con el derecho a segar vidas humanas,  contradice la esencia misma de un sistema democrático y consagra, de hecho, la “pena de muerte” ya abolida en Chile. La política del “gatillo fácil” no hace más que ocultar crímenes o ejecuciones, lo que no corresponde en un Estado de Derecho.

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