EDITORIAL: UN PROBLEMA MÁS QUE COMPLEJO

Dentro de los derechos fundamentales consagrados por diversos acuerdos internacionales, se encuentran el derecho a asociarse libremente, el derecho a sindicarse y el derecho a huelga.

El texto constitucional vigente más diversas disposiciones legales, han establecido numerosas restricciones en este ámbito e incluso normas que están claramente destinadas a hacer impracticable su ejercicio  o, directamente, a quebrantar la unidad de los trabajadores de un determinado sector.

Si bien la sindicalización del sector público se encuentra prohibida, es de toda evidencia que ella existe y que, tácitamente, sus organizaciones han sido reconocidas como contraparte legítima por sucesivos gobiernos de distinta orientación.  En la práctica, esta situación ha conducido a múltiples y caóticas paralizaciones de actividades, con grave daño para los sectores más vulnerables de la población que observan impotentes como sus derechos más básicos – a la salud, a la educación,  por ejemplo – son atropellados inmisericordemente.

Las demandas  laborales pueden ser justas y legítimas pero el camino de transformar a ciudadanos inocentes en rehenes permanentes estos movimientos, constituye a todas luces un abuso de poder.

De ahí que sea imprescindible que el Estado, en su carácter de empleador, asuma, de una vez por todas, su responsabilidad de legislar sobre la negociación colectiva del sector lo que implica establecer claros procedimientos y avanzar paulatinamente en superar la precariedad del empleo ejemplificada en el alto nivel de remuneraciones no imponibles y en la mantención de una planta funcionaria a contrata y a honorarios,  cuyo número de cargos sobrepasa todas las limitaciones legales a la vez que los mantiene en una grosera situación de inestabilidad.

Por su parte, en el campo de la actividad privada  los problemas expuestos a la luz con ocasión de la reciente discusión del proyecto de reforma laboral, vuelven a hacerse presentes. SODIMAC, empresa filial de uno de los conglomerados económico-financieros más poderosos del país, enfrenta una negociación colectiva que la ha llevado a la huelga legal,  y sus propietarios, cuyas cuantiosas utilidades son invertidas  en la creación de nuevas empresas en el exterior y hasta en el fútbol con fines de recreación personal, los mismos que diversificaron su matriz en 130 roles tributarios diversos para obstaculizar la sindicalización, en vez de agotar los esfuerzos en procura de una solución, prefieren jugarse públicamente por el quiebre del movimiento sindical llamando a sin vergüenza a romper la paralización.

Hay algo, además, muy grave. Como estos conglomerados son propietarios de importantes medios de comunicación y, además, en casi todos los otros  influyen por el peso de su avisaje comercial,  el conflicto social es silenciado tanto para no perjudicar su  imagen como para evitar que pueda cundir el “mal ejemplo” de estos trabajadores.

Así como es inaceptable la relación incestuosa entre dinero y política, también resulta intolerable la relación espuria entre actividades económicas y financieras, y medios de comunicación pues coarta el derecho de los ciudadanos a  ser informados objetivamente.