Editorial: Un problema más que mayúsculo

Es bastante probable que la autodenominada “prensa seria” del país, procure, como ha sucedido tantas otras veces, bajarle el perfil a una situación que consideramos de la mayor gravedad.

Jorge José Winston Abbott Charme (Jorge Abbott,  en el lenguaje cotidiano), asumió como nuevo Fiscal Nacional  el 1 de diciembre de 2015 en reemplazo de Sabas Chahuán quien había enterado su período constitucional.

Previamente, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Política de la República, la Corte Suprema de Justicia había elaborado  una quina entre los postulantes,  la que  remitió a la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet, autoridad a la que le correspondía seleccionar un nombre y someterlo a la ratificación del Senado.  En circunstancias  que uno de los seleccionados era considerado como el más seguro candidato, sorpresivamente la primera autoridad propuso a Abbott  con el burdo argumento de que a ella “no le gustaba que la pautearan”. El procedimiento se completó en la Cámara Alta y, virtualmente por unanimidad (treinta y dos votos a favor y dos abstenciones), quedó aprobado su nombre.

Los veinticinco meses de  gestión del nuevo jefe del Ministerio Público, en general no han sido bien evaluados. Si bien las críticas relativas a la elevada cifra  de causas que son archivadas sin resultados ni gestiones investigativas mínimas podrían ser eventualmente explicadas en razón del número, de la sobrecarga laboral o de las deficiencias del trabajo policial, el permanente conflicto del Fiscal Nacional con sus fiscales subordinados ha afectado fuertemente la respetabilidad de este organismo. Todo ello se ha traducido en una serie de públicas reprensiones y conflictos, de traslados y de renuncias,   que ha dañado, sin duda, la imagen del organismo frente a la ciudadanía.

Más allá de eso, la gran cantidad de causas que implican tráfico de influencias, cohecho, soborno,   financiamiento político ilegal, evasión y/o fraude tributarios (en este último caso, combinadas con la ambigua o titubeante  actitud del Servicio de Impuestos Internos para tomar la decisión de querellarse), ha generado un conflicto de marca mayor.

El pasado martes 24 de abril, Abbott, al  presentar su cuenta anual pública, sorprendió con su llamado a los persecutores “a ser responsables” en sus actuaciones y procedimientos especialmente “cuando sus investigaciones puedan afectar a otros poderes del Estado” y alterar “la representación popular”. Sus palabras constituyeron un inaceptable y vergonzoso llamado a la  violación del numerando segundo del artículo 19 de la Constitución que asegura  “a todas las personas”…  “La igualdad ante la ley”,  toda vez que “En Chile no hay persona ni grupo privilegiado” según precisa la carta fundamental. Está fuera de toda discusión que al Ministerio Público le corresponde simplemente la aplicación de la ley;  instar, si lo estima conveniente, por su modificación a través de los conductos regulares; y, si los procedimientos persecutorios o condenatorios derivasen  en alteraciones del cuadro político, dejar precisamente a los señores políticos la responsabilidad de implementar soluciones de cara a la comunidad. Lo otro, sería simplemente consagrar diferencias abusivas y arbitrarias entre ciudadanos comunes y corrientes,  y castas económicas, sociales, políticas o religiosas,  intocables y protegidas, por otra parte.

Como si ello no fuera bastante, el pasado domingo 6 de mayo, en un programa televisivo Abbott ha reconocido que, mientras se gestionaba su ratificación, tuvo diversas reuniones con los senadores Guido Girardi y Hernán Larraín, actual Ministro de Justicia de Sebastián Piñera, confesando, paladinamente, que “él (Larraín) formaba parte de la Comisión de Constitución y Justicia (sic) y nos reunimos en diferentes lugares, no solo en forma pública”. Ante la pregunta de la periodista Constanza Santa María si no le parecían irregulares estos encuentros, respondió con total desparpajo: “Depende del fondo de esa reunión”. Curiosamente, estuvo presente en estos encuentros sociales el abogado Ciro Colombara, quien aparecería luego defendiendo a Herman Chadwick  y a Marco Enríquez Ominami.

Diversos sectores parlamentarios han anunciado una acusación contra el Fiscal Nacional. Su requerimiento de remoción deberá ajustarse al artículo 89 y la  decisión corresponderá  a la mayoría de los miembros en ejercicio de la Corte Suprema, lo que hace bastante improbable su aprobación.

El hecho concreto, en último término, es que el Fiscal Abbott es claro que,  de manera evidente,  ha tenido un “mal comportamiento” funcionario, y  ha comprometido la confianza del país en el  organismo relevante de la persecución penal. Por otra parte,  el ministro Larraín, con un pasado político que registra su mendaz negativa  a reconocer su relación con Colonia Dignidad  y una negociación espuria como parlamentario con Abbott,  cuyos alcances reales aún no han terminado de salir  a la luz pública, está dañando al Gobierno sin lugar a dudas.

Uno y otro, por honor, por responsabilidad,  por el bien del país, debieran hacer dejación voluntaria de sus cargos.