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El partido por la mitad

Siempre es bueno recordar y reafirmar lo que son los partidos políticos, colectividades que en doctrina son consideradas como organizaciones esenciales para el funcionamiento de la democracia.

En nuestro país, los partidos están regidos por la Ley 18.603, norma que, en general, cuenta actualmente con amplia aceptación ya que las disposiciones que limitaban su constitución y funcionamiento y que emanaban de los tiempos de la dictadura,  fueron derogadas.

La mencionada ley nos dice que los partidos políticos son “asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas  por personas naturales que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado para alcanzar el bien común y servir al interés nacional”.

Los partidos expresan el pluralismo político, contribuyen a la formación y expresión de la voluntad popular, son instrumento fundamental para la participación política democrática, contribuyen a la integración de la representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado. Están llamados a contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución, los Tratados y las leyes.

La legislación enumera las principales tareas y responsabilidades que deben asumir, entre las que destacan: Difundir sus principios, políticas y programas; Contribuir a la formación ciudadana capacitando a sus militantes para que asuman responsabilidades públicas; Promover la participación; y Realizar trabajos de formación política y cívica de los ciudadanos. Correspondería a los militantes de cada colectividad constatar cuáles de estas actividades han desarrollado sus dirigencias en los últimos años.

La decadencia de la política nacional se ha originado, a nuestro juicio, por  dos causas principales:

  1. El individualismo que, a partir del neoliberalismo, ha penetrado por todos los intersticios de las vidas personales y públicas. Se ha destruido todo sentido de comunidad de tal forma que sindicatos, colegios profesionales, federaciones de estudiantes, juntas de vecinos, cooperativas, etc., han visto deteriorarse los niveles de participación quedando estas entidades entregadas con frecuencia al manejo de los más audaces o de algunos heroicos dirigentes;
  2. La “parlamentarización”   de los partidos que han pasado a ser instrumentos manejados en pro de los intereses electorales de diputados y senadores.

En los últimos días, el espectáculo ofrecido por los “señores políticos” ha sobrepasado todo lo imaginable.

La   coalición de Gobierno, luego del último ajuste de Gabinete, ha hecho públicas sus discrepancias internas  por cuotas de poder  entre las dos principales colectividades en que se sustenta, al tiempo que, cuando el mandato de Sebastián Piñera cumple poco más de un año, se ha desatado sin control la carrera de los precandidatos presidenciales.

En la acera del frente, la función corre por cuenta del Partido Socialista. Luego de realizar su  proceso de elecciones internas, llamó la atención la sospechosa demora en la entrega de los resultados finales de la contienda entre las listas que encabezaban el senador Álvaro Elizalde y la diputada Maya Fernández en un ambiente de dura confrontación. Cuando las aguas parecían calmarse, se conocieron diversas denuncias   que señalaban que en una sola comuna –San Ramón, en Santiago – se registraban  3.965 militantes,  lo que representaba más del 12% del país. Lo más grave estaba por verse: esa es la comuna cuyo alcalde y varios funcionarios han sido acusados de operar una red de corrupción ligada al narcotráfico. Un amplio reportaje televisivo de Canal 13 entregó detalles inéditos al respecto.

La corrupción al interior de estas colectividades  representa un peligro de marca mayor para el futuro de la democracia chilena porque es una enfermedad que se expandirá y afectará a toda  la institucionalidad del Estado. No ha transcurrido tanto tiempo desde que se conociera el escándalo del financiamiento ilegal de la actividad política. Hábiles abogados han logrado que muchos personajes que participaron de delitos de emisión de boletas y facturas falsas, de fraudes tributarios  o de evidentes  acciones de cohecho,  salgan sobreseídos o terminen condenados a asistir a clases de ética.

Lo claro es que si una ciudadanía empoderada y consciente no asume sus responsabilidades y se organiza para detener esta plaga, será casi imposible que podamos controlar nuestro futuro. La desidia abrirá el camino para que prevalezcan la corrupción y la narcopolítica.

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