Editorial: El sentido de lo público.

La presentación al Congreso Nacional del proyecto destinado a regular la educación superior en el país ha sido, sin duda, la noticia más importante de la semana que concluye.

El arduo trabajo de la Ministra de Educación y su equipo durante largos meses, ha concluido en una propuesta legislativa densa y particularmente extensa, a tal extremo que no han faltado las voces  que han calificado la iniciativa como un verdadero código. Aun cuando es obvio que la inmensa mayoría de los congresistas no ha visto  el proyecto (no  puede olvidarse que numerosos parlamentarios han votado favorablemente  propuestas de un artículo para luego confesar que no las habían ni siquiera leído) es llamativo el hecho  de que a las pocas horas hayan aparecido ene voces   disonantes, algunas esperadas y otras claramente sorpresivas.

El proceso legislativo en Chile es claramente deficiente. Para sustentar lo aseverado basta con examinar numerosas leyes que resultan incomprensibles incluso para los profesionales del Derecho,  por lo cual resulta claramente abusivo que mediante una ficción jurídica se afirme que las leyes (¡todas las leyes!) se presumen conocidas por  todos los habitantes de la República.

En el caso, bien pudieron haberse definido algunas ideas matrices sometiéndolas al escrutinio público para luego avanzar en la casuística y en los detalles. Incluso desde el punto de vista político este debate habría sido beneficioso al constituirse en un proceso de pedagogía social llamado a que los ciudadanos sepan cabalmente qué es lo que sostiene cada sector y cuales son las razones en que fundan sus posiciones. Educación superior gratuita…¿Para todos? ¿Para algunos? ¿Para los más vulnerables o en consideración a los ingresos familiares? ¿Condicionada a resultados académicos? ¿Durante todo el tiempo en que el estudiante permanezca en la Universidad? ¿Cómo se financia lo que al respecto se resuelva?

Sin embargo, antes de abordar esa discusión es indispensable preocuparse de otro tema previo: las normas que se aprueben ¿alcanzarán a todos los establecimientos de educación superior?

Es en este campo en el cual el Gobierno, al parecer, incurre en un grave e inconcebible error arrastrado por añejos prejuicios ideológicos, al confundir lo estatal con lo público. Si lo público tiene que ver con los intereses y propósitos generales de la sociedad, esa finalidad bien puede lograrse con entidades de propiedad y gestión del Estado como con entidades autónomas gestionadas por particulares bajo normas explícitas fijadas por el representante del bien común. Las sociedades  modernas, por razones que tienen que ver con la eficiencia pero también con la necesidad de generar una democracia participativa, han ido entregando crecientes responsabilidades a la sociedad civil. Ejemplos se tienen al alcance de la mano. ¿Acaso se puede afirmar que la Universidad de Concepción, el Hogar de Cristo, la Fundación Techo, no cumplen fines públicos?

Resulta, en consecuencia, inaceptable que se promueva una discriminación claramente injustificada.

La acotada ley de reforma laboral tuvo más de un año de tramitación legislativa. Pretender, como se ha dado a entender, que las normas sobre educación superior deberán estar aprobadas antes de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, es un sueño infundado. Decenas de puntos como éste, ameritan una discusión madura,  hecha con un horizonte de largo plazo. Lo importante es que las cosas se hagan bien.