El super problema de las drogas.

Un valiente reportaje de Televisión Nacional de Chile puso sobre el tapete el grave problema de las drogas. Salvo que se compruebe la falsedad de los antecedentes entregados, parece ser evidente que en diversas comunas de la capital (y,  por supuesto,  también en otras localidades del país) los narcos    se han apoderado de barrios enteros.  Ya no se trata de microtráfico sino del delito organizado y del propósito expreso de infiltrar organizaciones sociales y la propia institucionalidad pública.

Ante ello, la respuesta simplona de algunos políticos, incapaces de comprender la naturaleza misma y la complejidad del asunto, apunta a tipificar nuevos delitos y a elevar la penalidad correspondiente. Silencian, por supuesto, el hecho evidente de que incluso en países que invierten ingentes recursos en el control y la represión, como es el caso de los Estados Unidos, los resultados han sido paupérrimos.

La acción del Estado, incluso desde el punto de vista territorial y social,  será siempre limitada  si se la compara con el campo de acción del narcotráfico. Las bandas se desenvuelven al interior de las viviendas de la gente modesta, de los establecimientos educacionales y de las empresas. Sus jefes construyen redes que operan ofreciendo pequeñas soluciones puntuales a personas con carencias económicas para terminar involucrándolas en aventuras mayores. El paso siguiente avanza hacia la legitimación social de este comercio ilícito lo que se consigue contribuyendo a financiar obras de interés comunitario, tratamientos médicos y necesidades apremiantes de las personas.

El caso de la Municipalidad de San Ramón, que es aquel a que nos hemos referido al inicio de esta columna, es particularmente preocupante. La sola circunstancia de que en torno a esa entidad pública, cuya misión es prestar atención a los problemas más inmediatos de la comunidad local, se haya estructurado una orgánica que incluye a un  grupo de funcionarios  relacionado directa o indirectamente con individuos vinculados a delitos de droga, robos de autos y otros, es inaceptable. Peor aún  es que esa maquinaria de poder haya operado en jornadas electorales e incluso en las elecciones internas de una colectividad política consiguiendo llevar al alcalde de la comuna aludida a cargos de  nivel nacional en ese partido.

El pasado lunes 9 de octubre, “El Mercurio” publicó una extensa entrevista al sacerdote jesuita Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo, quien  registra una experiencia personal y directa con el mundo de la pobreza que es el principalmente afectado por la “narcocultura”. Tras precisar que la operación de estos grupos va desbordando los llamados “barrios críticos” y expandiéndose a nuevas zonas, precisa que en su torno se generan cadenas de delitos relacionadas con el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, el robo, la explotación sexual.

Trascribimos parte de la entrevista del sacerdote Walker:

“Esto es síntoma de una sociedad que ha tirado por la borda el valor de la comunidad como forma de definir la identidad y como estrategia para resolver dificultades. Es síntoma de un Estado precario donde los derechos más fundamentales no están asegurados, de un sector privado sin foco en las condiciones de vida de sus trabajadores y de una sociedad donde la validación se verifica en el consumo inmediato a cualquier precio. Ahí se crea el espacio para que el “Padrino”  asumas las funciones de gran benefactor en medio de la frustración ante la hiriente desigualdad. El narco da respuesta a necesidades vitales – colchones antiescaras, sillas de ruedas para los ancianos, bolsas de mercaderías para los que están cesantes, préstamos de dinero, organización de fiestas para los niños, útiles escolares, etc. – de familias que viven la exclusión. Les da lo que ni el Estado, ni la empresa, ni la Iglesia, ni las organizaciones de base, les están dando. Así se hace querido e incluso logra ser defendido por la comunidad”.

Días después, en una columna de opinión, Walker hizo hincapié en la imperiosa necesidad de enfrentar colectivamente el tema, tanto verticalmente, a través de las acciones que tiene la obligación de ejecutar el Estado y las propias empresas para recuperar los territorios de los cuales se han ido apoderando estas bandas, para reparar los derechos y carencias angustiantes que sufren sus víctimas día a día, etc., como horizontalmente a través del fortalecimiento de la asociatividad,  de forma de involucrar a toda la comunidad en esta tarea gigantesca.

La conclusión del sacerdote es categórica: Si no lo hacemos, será el “padrino” del lugar quien “dará un salario que alcance, él socorrerá al enfermo, el pagará los estudios y armará la fiesta de graduación”. Y todo lo financiará “vendiéndoles droga a nuestros hijos”.