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En qué quedamos…¿Importa o no importa?

Una Constitución Política instituye  la forma en que se organiza un Estado y establece su institucionalidad particularmente en cuanto a la estructura y ejercicio de la autoridad  político. Pero, también consagra los derechos de las personas precisamente para protegerlas de las arbitrariedades y abusos de quienes en un momento dado detentan el poder. En términos simples, una Constitución fija las “reglas del juego” en que se  desenvuelve una determinada comunidad.

La Constitución de 1980, promulgada durante la dictadura gremialista- militar, ha suscitado una interminable  retahíla de cuestionamientos. Desde su origen y discusión entre cuatro puertas (o cuatro comandantes) con exclusión de una auténtica participación ciudadana,  hasta su contenido,  ya que imponía un modelo de “democracia protegida” (dejando a las autoridades civiles sometidas a las fuerzas armadas) y un modelo económico neoliberal también protegido por una serie de normas que sería para largo detallar.

Es cierto que en tres décadas la Carta  ha experimentado numerosos cambios (que llevaron al entonces Presidente Lagos en el colmo de la euforia a proclamar que por fin teníamos una constitución democrática) pero no debe olvidarse que cada pasito fue lento y doloroso ya que las fuerzas partidarias  que antes contribuyeron a sustentar   a Pinochet, se cerraron tozudamente a todo cambio. Solo cuando su actitud  era ya insostenible y, además, les estaba afectando, se abrieron a  ciertos cambios. El caso más notorio es el relativo a los “senadores designados”, enclave autoritario impresentable que,  con el transcurso  del tiempo se les volvió en contra al encontrarse, por ejemplo, conque tres ex presidentes (Aylwin, Frei RT, Lagos) pasaban a ser senadores.

El “tema constitucional” sigue presente. La Derecha, ahora gobernante, sigue amurallada y se cierra a un debate serio y democrático que derive en una institucionalidad equilibrada que garantice derechos y dé estabilidad al país por muy largo tiempo. En su interior, el conflicto está latente y, por supuesto, de repente explotará. El propio presidente Piñera, luego de criticar el procedimiento  seguido para elaborar el proyecto Bachelet por haber sido hecho  de espaldas a la ciudadanía e incluso con exclusión deliberada  de sus partidos de Gobierno, manifestó: “Una Constitución tiene que unir a los chilenos” (15.03.2018) pero al mismo tiempo, los sectores empresariales en que se sustenta su Gobierno revivieron su cerrazón pertinaz.  Repitiendo los argumentos de Joaquín Lavín de 1999, el dirigente empresarial Mario Valcarce ha dicho: “Basta ver en las encuestas el interés de la ciudadanía frente a esto. El cambio de Constitución aparece muy abajo, y hoy día no es prioridad para nadie” (Mercurio 16.03.2018). Otros (Bernardo Larraín, José Antonio Guzmán, Hermann Chadwick) han preferido escudarse en lo inoportuno de una presentación al concluir un mandato.

Los hechos, tal como se presentan, invitan a plantear algunos puntos sobre los cuales reflexionar y debatir:

1.- Existe consenso casi generalizado en cuanto a la necesidad de una nueva Constitución, tanto que ya en noviembre de 2015 Chile Vamos convocó a 17 constitucionalistas de su sector (Arturo Fermandois, Hernán Larraín, Alberto Espina, Edmundo Eluchans, Paulina Núñez, entre otros) para elaborar un   proyecto que fue presentado al Congreso en mayo de 2016.

2.- Está en discusión el procedimiento para hacerlo, con tesis que van desde sujetarse a las normas actualmente vigentes (artículos 127,128 y 129) hasta posiciones ultras que proponen asambleas populares.

3.- El proceso de los Cabildos promovido por el anterior Gobierno,  si bien buscaba la participación ciudadana, registró un nivel de participación bastante escaso y además se caracterizó por un desorden conceptual notorio.

4.- El proyecto presentado por Bachelet el pasado 6 de marzo,  fue elaborado entre gallos y medianoche con nula participación ciudadana ya que se redactó con absoluta exclusión hasta de los propios partidos oficialistas y, en general, ha sido visto solo como un intento por aparecer cumpliendo un compromiso de campaña. Por supuesto, contiene muchos elementos positivos que recogen aspectos cuestionados de la actual Carta Fundamental (reconocimiento de derechos sociales, génesis y competencias del Tribunal Constitucional, limitaciones a la reelección parlamentaria…) pero también incluye propuestas absurdas e injustificadas como la elevación a 40 años de la edad para ser Presidente de la República, idea trasnochada que más parece orientada a excluir a eventuales postulantes del Frente Amplio, y  de la que nadie aparece haciéndose  responsable (La exigencia actual es de 35 años y en la Constitución de 1925 era de 30 años).

5.- El referido proyecto no considera, ni siquiera como tema de análisis, la reforma del régimen político-institucional para transitar del actual hiperpresidencialismo a un sistema semi-presidencial.

Analizar y comparar todo el material que está disponible sobre la mesa en este momento, sería agotador y obviamente superaría los alcances y propósitos de este comentario. Sin embargo, es necesario recalcar dos ideas-fuerza que deben ser consideradas como punto de partida: Una, la generación de una nueva Constitución requiere de una amplia y transparente discusión participativa “con”  la ciudadanía,  cuerpo en el que reside la soberanía, para lo cual es indispensable realizar un claro ordenamiento temático; Dos, una Carta de esta naturaleza debe considerar  normas objetivas  de tal forma que garanticen los derechos de los diversos sectores tanto cuando estos son llamados a ser Gobierno como cuando se les envía a la Oposición.

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1 Comentario en En qué quedamos…¿Importa o no importa?

  1. Este artículo nos presenta la realidad de la política chilena. Demostrándonos que la Constitución nacional se ha estado utilizando con fines totalmente ajenos a las necesidades ciudadanas. Hasta la edad de un posible candidato a la presidencia se ha estado manipulando, a conveniencia de ciertos sectores interesados, que la ciudadanía jamás ha sido considerada para determinar si se debe tener 30 años de edad o 40 años de edad para poder candidatearse para la presidencia del país.

    Ahora tenemos 4 años para ejecutar los cambios constitucionales necesarios, bajo la administración de Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, quien ya ha demostrado, desde su administración anterior, una enorme falta de interés de ejecutar esa tan necesitada modificación constitucional. La pregunta del titular de este artículo continua : ¿Importa o no importa?.

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