«Aquellos o aquellas que creen que la política se desarrolla través del espectáculo o del escándalo o que la ven como una empresa familiar hereditaria, están traicionando a la ciudadanía que espera de sus líderes capacidad y generosidad para dar solución efectiva sus problemas.»

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La mala memoria

La ilusa iniciativa gubernamental de conmemorar los cincuenta años del golpe de Estado con un encuentro entre todos los sectores de la sociedad chilena, evidentemente fracasó. El solo hecho de pretender que se llegase a un consenso objetivo tanto sobre las causas como sobre las consecuencias de la ruptura democrática, mostraba una ingenuidad superlativa pues la mayor parte de quienes sostuvieron los 1000 días de la Unidad Popular no han estado dispuestos a asumir sus propias responsabilidades y menos aún quienes promovieron e incluso financiaron la destitución del presidente constitucional, y se hicieron parte activa de los 17 años de dictadura. 

La temporada conmemorativa puede decirse que comenzó con la frase presidencial que señaló que uno de los actores de la trama, Sergio Onofre Jarpa Reyes, “murió en la impunidad”, la que provocó la ira de Renovación Nacional ya que el aludido personaje aparece entre los fundadores de la colectividad. Embarcados en la necesidad de buscar antecedentes sobre la materia, nos hemos encontrado con el siguiente texto del escritor Jorge Baradit: “En 1983, asume el ministerio del Interior Sergio Onofre Jarpa con la misión de detener la ola de protestas nacionales. Saca a miles de militares a la calle y, el 11 y 12 de agosto, las jornadas de manifestaciones terminan con un saldo de veintinueve personas muertas y más de doscientos heridos a bala”. Durante estas jornadas muere asesinado, por dos balas que atravesaron las paredes de su dormitorio, el sacerdote francés André Jarlan mientras leía la Biblia. Es evidente que alguien aquí está mintiendo.

Otro punto de interés es el relativo al fuerte desencuentro suscitado en la Cámara de Diputados ante la iniciativa de los representantes del Partido Republicano y sus seguidores en cuanto a reproducir el acuerdo de esta corporación, tomado en Agosto de 1973, que declaraba que el gobierno de Salvador Allende había producido un grave quebrantamiento del orden constitucional y que, por lo tanto, con esa resolución prácticamente se había dado luz verde al pronunciamiento militar, legitimándolo. Los antecedentes históricos del caso señalan que la directiva de la Democracia Cristiana, partido mayoritario en ese entonces, encomendó al senador Renán Fuentealba la redacción de una Declaración que fijara el verdadero sentido y propósitos del acuerdo evitando así que fuera utilizado para justificar una intervención castrense.  Tal puntualización fue leída en la parte secreta de la sesión de la Cámara Baja por el diputado José Monares. Por lo demás, ¿alguien en su sano juicio puede creer que sin el acuerdo referido no habría habido golpe militar? La historia, a partir del viaje de Agustín Edwards a la Casa Blanca, pasando por el cobarde homicidio del general René Schneider, más el acceso a los papeles y documentos clasificados de la CIA, bastan para demostrar fehacientemente que el golpe fue fraguado desde el mismo día 1 de la elección de Salvador Allende.

Para agregar un nuevo dato, indispensable para sustentar la tesis de que es imposible alcanzar un consenso más o menos objetivo sobre el juicio histórico en discordia, es necesario hacer presente la declaración de la diputada Gloria Naveillán, ex Partido Republicano y actual parlamentaria del Frente Social Cristiano, en cuanto a que las denuncias relativas a violaciones y abusos sexuales cometidos por los agentes de los servicios de seguridad durante la dictadura, no habían sido probados y que solo constituían “una leyenda urbana”. O sea que los antecedentes registrados por los informes de la Comisión Rettig y de la Comisión Valech, las pruebas constatadas en una infinidad de causas judiciales por violación de derechos humanos, constituyen un mito y una leyenda. Lo afirmado por la parlamentaria en cuestión causó molestias profundas hasta en las filas de los grupos afines. De inmediato, el diputado y jefe de la bancada del Partido Republicano Benjamín Moreno alzó su voz diciendo “lo que dijo mi colega está mal, siempre hemos sostenido que no respaldamos violaciones a los derechos humanos. Esto es una cuestión de humanidad y de sentido común”.

Como puede observarse, el terreno para convenir un cierto acuerdo básico de la comunidad nacional tanto sobre el golpe como sobre la dictadura, no está suficientemente abonado. Todo intento de consenso será infructuoso si no hay voluntad de hacerse cargo de la historia, por dura que ella sea.     

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1 Comentario en La mala memoria

  1. Este artículo sobre «La Mala Memoria», nos demuestra que entre los mal llamados políticos en Chile, no existe una mala memoria, sino un abuso de poder, y una vez que ellos se encuentran en el poder, se créen que están por sobre la ley, y pueden hacer y decir lo que a ellos se les antoja, engañando al pueblo chileno.
    Mi agradecimiento a su autor, René Fuentealba Prado, por dejar bien claro la mentalidad de ciertos politiqueros que en realidad no representan al tan necesitado pueblo chileno.

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