Análisis Político

René Fuentealba Prado, abogado.

La semana estuvo marcada por la querella que la Presidenta interpuso en contra del semanario “Qué Pasa”, por “injurias y calumnias”. Su decisión ha sido ampliamente cuestionada. Se fundamentó en la necesidad de defender lo más sagrado que tiene una persona, que es “su honra”.  ¿Cuál es el precio que pagará la mandataria? ¿O irá todo “a pérdidas a la hora en que se haga el balance?

Un buen análisis del “Caso Querella”, requiere partir por el establecimiento de los hechos. Brevemente, asoman los siguientes antecedentes: 1) En Mayo de 2015 – ¡hace un año atrás! – el juez de garantía del caso Caval  (que, a fuer de ser majaderos, debe recordarse, en lo pertinente, que involucra a Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta), autoriza la intervención de los teléfonos del socio UDI de Natalia,  Juan Díaz. 2) El OS 9 de Carabineros cumple la diligencia respecto a 3 teléfonos, uno de ellos de prepago, procediendo a transcribir todas las conversaciones 3) Al percibirse que Díaz se ha dado cuenta de la medida, se dispone el cese de la intervención. 4) Díaz, en una de sus conversaciones telefónicas,  afirma que,  del negocio Caval, mil millones iban para Bachelet. 5) Se levanta la reserva sobre las transcripciones, los medios que acceden a ellas, dicen no encontrar nada de interés y  optan por no publicar.6) Al contrario, la edición on line  de revista “Qué Pasa” decide publicar este dato más referencias al ex ministro Longueira y al  síndico Herman Chadwick Piñera pero, al ser calificado su proceder como “una canallada”, opta por sacarlo del espacio, 7) “Qué Pasa” papel mantiene la información, ahora omitiendo toda referencia a  Longueira y Chadwick.

El martes 31 de mayo, Bachelet se querella contra  el Director, el Editor y dos periodistas de “Qué Pasa” papel, por injurias y calumnias. Su abogado personal. Juan Pablo Hermosilla, afirma que  ella ha sido víctima de un “montaje político”, toda vez que la versión papel eliminó  referencias a personas de derecha mencionadas en las conversaciones telefónicas.

El ministro Marcelo Díaz, al informar,  precisó  que la querella la interpuso la Presidenta como “ciudadana, como persona natural”, desligando la  decisión de su  función pública, lo que fue ratificado en Paris, durante la reunión de la ODCE, por la propia Bachelet. La afirmación contiene una contradicción en sí misma, toda vez que la información fue dada en La Moneda, por un Ministro de Estado en funciones, fue ratificada por la querellante en un acto oficial y, curiosamente, para una “querella personal” se fijó domicilio en La Moneda. Además, se indicó como testigos a dos funcionarios dependientes (Marcelo Díaz y Ana Lya Uriarte) y a un periodista (Ascanio Cavallo) que declara públicamente  no saber nada del caso.

A estas alturas del partido, no se puede descartar, por supuesto, que revista “Qué Pasa”, perteneciente a COPESA, uno de los consorcios del duopolio  que controla en Chile los medios de comunicación escritos y un número importante de medios radiales, haya tenido una intencionalidad política en el caso. Lo sorprendente sería lo contrario. Tampoco podrían los malintencionados descartar una operación UDI, tendiente no a injuriar a Bachelet (sería demasiado burdo),  sino a crear las condiciones necesarias para buscar una solución  político-legislativa a todos estos entuertos.

Sin  embargo, el accionar en contra del medio periodístico constituye, a todas luces, una torpeza de marca mayor. El rector Carlos Peña, influyente analista político, partió por precisar que una de las servidumbres que impone el ejercicio del poder es, precisamente, la de someter permanentemente a sus autoridades a un escrutinio público de sus conductas. Mónica González, la periodista creadora de CIPER, vanguardia nacional en periodismo de investigación, respondiendo a quienes han pretendido exigir a la prensa la confirmación de estas acusaciones antes de hacerlas públicas, ha afirmado: “Si los medios publicaran solo cuando hay condenas, estaríamos convertidos en una agencia de informaciones empresariales y eso no es democrático ni tampoco es un servicio a la comunidad”. José Miguel Vivanco, el chileno que dirige la División de las Américas de Human Rights Watch ha señalado que el hecho de que “un Jefe de Estado interponga una acción penal no es consistente con estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.  Se suma a las críticas, Lorena Fries, directoradel Instituto Nacional de Derechos Humanos. A lo dicho, se agregan  las actitudes de entidades tales como el Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa y parlamentarios y personeros oficialistas que han cuestionados la acción penal. Como si esto fuera poco, el Ministro (s) Mahmud Aleuy, frente a una acción privada de Bachelet, declara que no tiene como fin limitar la libertad de expresión, sino un fin pedagógico, lograr que el país tenga un periodismo serio y de calidad.

Siempre se ha dicho que la “madurez” se alcanza en el momento en que las personas son capaces de prever ( de pre – ver ) las consecuencias de sus actos. En el caso, puede suceder que en la audiencia de conciliación se logre un acuerdo entre querellante y querellados, se haga una declaración pública y, luego, tan amigos como antes. Otra alternativa es que la querellante gane, los periodistas acusados sean condenados a una pena remitida, a una inserción y a una indemnización,  quedando en el inconsciente colectivo la imagen de que el Gobierno está en contra de la “libertad de expresión”. La tercera,  que  la querellante pierda, es la que tiene mayores posibilidades.  Ya sea porque se sobresea –no se acreditó la existencia del delito o la participación culpable de los querellados – o simplemente porque el “injuriador” no sería, obviamente el medio de prensa, sino Díaz, el autor de las acusaciones.

Por otra parte, pretender defender a la Presidenta arguyendo que el medio mismo, el consorcio periodístico propietario  e incluso algunos periodistas que hoy claman por la “libertad de expresión”, callaron cuando bajo dictadura se censuraba y se torturaba, es cierto pero no pertinente.

Cualquiera que sea el derrotero que tome la evolución de los hechos, será “para nada”. Un Gobierno, que debe priorizar salidas eficaces a un alto número de problemas económicos y sociales, habrá perdido su tiempo al enredarse en un lío de esta naturaleza.  En verdad, es difícil vislumbrar algún beneficio importante que no sea la expulsión de Palacio de un cuerpo de asesores cuya carencia de tino es su nota característica.