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Empresa, comunidad y medio ambiente (II)

Análisis Económico

Esteban Lobos, analista económico.

Las empresas productivas (privadas y públicas; grandes medianas y pequeñas; con y sin fines de lucro) están obligadas a desenvolverse en relación con la comunidad en la que están insertas. Además, tienen la obligación de preservar el medio ambiente,  ya que esta tarea es la proyección de su compromiso con las generaciones futuras. Pero ¿están en condiciones de soportar los costos que ello significa para poder subsistir?

A  nivel global, se ha ido produciendo una creciente sensibilización sobre los problemas ambientales. Temas que hace 50 años o menos carecían de toda relevancia social, hoy están en la palestra y movilizan activamente a las comunidades. Las elites académicas y, especialmente, grandes grupos de jóvenes, ya no solo fijan su atención en el crecimiento demográfico y en la industrialización, sino que se cuestionan el modelo mismo  de desarrollo y la permanencia constante de la pobreza a nivel mundial.

Los países se reúnen en congresos, asambleas y convenciones para discutir estos temas pero, en todos los casos, se enfrentan a un fuerte contrapunto entre las naciones ricas, que se niegan a frenar su crecimiento y a disminuir su actividad económica para reducir la producción de elementos negativos, y las naciones que quieren crecer aun a costa de la contaminación para abrir a sus pueblos los caminos que les permitan la erradicación del hambre y de la pobreza en general. Las declaraciones y acuerdos, con bastante frecuencia, constituyen solo frases de buena crianza pero cuya concreción se proyecta para muchas décadas más.

La legislación interna de los países se logra tras duras batallas con los más poderosos grupos de interés que, hábilmente, logran ligar a sus causas a los sectores más carenciados ofreciéndoles dádivas que atienden su realidad inmediata pero que los condenan para el largo plazo. Las normas son breves, imprecisas, ambiguas y son elaboradas para cubrir las apariencias más que para abordar el problema de fondo. La propia Constitución chilena, en el número 8º de su artículo 19, dispone que se asegura a todas las personas “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” y que “es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”, pero, en la práctica, ¿qué tan eficaces son este derecho y esta preservación?

Los académicos españoles Ildefonso Camacho, José Fernández y Joseph Miralles, al analizar el desafío medioambiental, distinguen entre la contaminación y el agotamiento de recursos. La contaminación, señalan, introduce en el entorno, de forma no pretendida, sustancias perjudiciales como consecuencia de los procesos de producción o del uso de los bienes. El agotamiento, precisan, supone tener claro que los recursos son limitados y que su consumo sin restricciones puede resultar intolerable.

La contaminación es más notoria y lleva a que las comunidades afectadas reclamen respuestas inmediatas. La contaminación del aire se produce como consecuencia del dióxido de carbono, afectando el clima y llevando al calentamiento de la atmósfera, al efecto invernadero, a la destrucción de la capa de ozono. La contaminación del agua se da por el uso de mares, lagos y ríos, como vertederos de desechos que amenazan la vida. También se contamina a través del uso de herbicidas y plaguicidas y sustancias tóxicas como el arsénico, el mercurio, el asbesto… Y, además, por la producción de desechos sólidos (basura) o nucleares. Todo ello lleva a la extinción de especies animales y vegetales, siendo el ser humano el principal responsable de la depredación por afanes de lucro (ballenas, salmones, talas…) o por actividades contaminantes.

El agotamiento de los recursos se da en diversos planos destacando el de los combustibles fósiles y la amenaza inminente de la escasez del agua.

Es frecuente que el empresariado no atienda a los problemas ambientales al iniciar o mantener un emprendimiento productivo arguyendo que su actividad  está imposibilitada de soportar los significativos costos que ello implica. Es el mismo argumento que se utiliza para justificar el pago de salarios de subsistencia o para evadir el pago de impuestos. Lo concreto es que toda actividad productiva debe considerar en su análisis de rentabilidad, los costos asociados a la protección del medio ambiente, al pago de salarios justos y al pago de los tributos establecidos por la ley.

Los medios de comunicación, en particular los de alcance local o regional, dan amplia cobertura a las acciones ciudadanas destinadas a denunciar las conductas contaminantes de las actividades industriales o a impedir el emplazamiento “en su patio trasero”  de emprendimientos  que, a pesar de estar muchas veces autorizados por los organismos medioambientales, amenazan a establecimientos educacionales o de salud o a la comunidad del lugar. La denuncia, la exigencia de parámetros más elevados en esta materia, la repercusión que los reclamos encuentran en periódicos, radios o televisión, deben ser bienvenidos.

Sin embargo, también se le debe exigir consecuencia a los manifestantes y a las autoridades. No basta con pedir indemnizaciones o relocalizaciones sino que es imprescindible que ellos se comprometan, a su nivel, con la defensa medioambiental. El compromiso debe expresarse en todos los planos. La eliminación y clasificación de la basura, la mantención de áreas verdes, el respeto por la naturaleza animal y vegetal, constituyen los primeros pasos de un proceso de educación y cultura en este campo. Esta forma de actuar ayuda a crear conciencia ambiental y hace posible que se tenga autoridad moral para exigir, a quienes tienen más,  que sean responsables.

 

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