LAS CLOACAS DEL PODER

Desde España.

España vive la campaña electoral más enconada desde la reinstauración de la democracia.

La alternancia en el poder entre la derecha e izquierda (Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español) ha dado paso a la entrada en juego de agrupaciones que enarbolan banderas del cambio con un lenguaje más impetuoso que efectivo a la hora de plantear respuestas a problemas prioritarios: desempleo, pensiones, vivienda o apoyo irrenunciable a los servicios públicos.

Las encuestas anticipan que los recién llegados forzarán acuerdos entre diversos grupos y así asegurar la gobernabilidad.

La presencia de la ultraderecha (neo franquista) y la deriva independentista en Cataluña han añadido a estas elecciones generales más leña al fuego dialéctico.

Los encendidos discursos y los debates entre los diferentes partidos en alza para alcanzar el triunfo el próximo 28 de abril han acallado  (es de esperar que sea por corto tiempo) uno de los escándalos políticos que a tenor de los antecedentes que han trascendido, puede causar el mayor daño a la democracia española en cuarenta años.

Se trata del espionaje del que han sido objeto diversas agrupaciones políticas durante el Gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular.

El caso, al que se conoce como “cloacas del Estado”, ya está en  manos de la justicia y amenaza con involucrar a prominentes figuras de la política española. Salvo que el Gobierno que salga de las urnas prefiera ejercer presión para que todo quede en vía muerta.

De acuerdo a los antecedentes que se conocen, el que fuera  Ministro del Interior, Jorge González Díaz,  habría ordenado fabricar pruebas contra adversarios políticos para darlas a conocer en momentos claves de la política española- elecciones o debates parlamentarios de gran calado institucional – y de ese modo influir en los resultados.

Según lo conocido hasta ahora, las primera “víctimas” de este operativo fueron los dirigentes más connotados del nacionalismo catalán.

Se llegaron a falsificar números de cuentas bancarias con depósitos millonarios en paraísos fiscales. Medios de comunicación y periodistas, pese a conocer  el lado oscuro de esta trama, no dudaron en difundir estas “pruebas “creadas en los despachos.

Hay que reconocer que la persecución a nacionalistas catalanes permitió el hallazgo en bancos de Andorra de cuentas a nombre del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y de algunos miembros de su familia. Este hallazgo, no obstante, no evita condenar las maniobras generadas desde el poder de turno  para enlodar a opositores.

En 2014, la aparición en la escena política española de la agrupación de izquierda Podemos, liderada por Pablo Iglesias, provocó un terremoto que alteró el mapa del Congreso. La irrupción de este partido,  a la sombra de la crisis que golpeaba con fuerza entonces, desató la furia del Gobierno de Mariano Rajoy.

Podemos, según lo que se sabe ahora, fue blanco preferente de las actuaciones de una “Brigada Patriótica”, creada para indagar y si era preciso, inventar pruebas para frenar su ascenso en el electorado.

En la sombra y siempre a la cabeza de esta trama de espionaje político aparece José Manuel Villarejo,  ex comisario de policía, actualmente en prisión, y quién guarda con orgullo galardones otorgados por distintos gobiernos en reconocimiento a su hoy cuestionado trabajo.

Villarejo está involucrado en los casos de corrupción más connotados de los últimos años y que enlodan a partidos políticos, empresarios e incluso a la Casa Real. Fue precisamente este policía el que destapó los supuestos negocios del rey emérito Juan Carlos I y el papel desempeñado  por su amiga alemana, Corinna.

Sin embargo, tras estos “triunfos” policiales se oculta un entramado de prebendas de  “servicios” y procedimientos  a todas luces ilegales e incluso propios de la mafia.

El espionaje a Podemos reviste especial relieve dado que se trata de una persecución descarnada a un partido democrático que alcanzó la cota de 69 diputados en el Congreso por voluntad de los ciudadanos.

Hoy, las pugnas internas por el liderazgo de este partido “morado”, en alusión a su republicanismo, anticipa la pérdida de escaños no así su influencia a la hora de formar parte de una coalición de gobierno tras las próximas elecciones.

El punto de mira de la “Brigada Patriótica” fue el financiamiento de Podemos. Los esfuerzos para encontrar argumentos sólidos e invalidar a este grupo no dieron los resultados esperados. Fue entonces cuando se recurre a la elaboración de pruebas falsas para  denunciar la “financiación ilegal” de Podemos con dinero de procedencia… iraní.

En semanas previas a elecciones, en 2016, “la trama iraní” de Podemos fue ampliamente difundida por algunos medios y periodistas con la finalidad de influir en los votantes.

Diversas organizaciones, mayoritariamente de extrema derecha, denunciaron a Podemos ante la justicia. Las causas fueron finalmente archivadas.

Fracasado el intento de desprestigiar a Podemos, desde  las cloacas del Estado surgió la llamada vía venezolana. Inventar una conexión entre el gobierno de Venezuela y Pablo Iglesias.

Se supo que incluso el consulado de España en Nueva York fue utilizado por la policía española para reunirse con un supuesto testigo, un ex alto cargo del Gobierno de Hugo Chávez, para que corroborara que desde Caracas se financiaba a Podemos.

Fracasado este plan, se urdió otro para involucrar ahora  al gobierno de Maduro, por un  supuesto pago a Podemos de miles de euros, depositados  en  una cuenta bancaria en un paraíso fiscal del caribe.

Una vez más esta pista fue difundida por medios españoles. Y como ocurrió con la anterior denuncia, ésta también fue desestimada por la justicia española.

A estos intentos sin éxito de boicotear a Podemos se añaden otros dos hechos que son también investigados en los tribunales:

El robo de un pendrive a la secretaria de Pablo Iglesias en Bruselas, sede del Parlamento Europeo, con  la posterior divulgación de asuntos privados del líder. Además, las cámaras ocultas que vigilaban clandestinamente la residencia de Iglesias y de su mujer en Madrid.

Estos dos hechos se añaden a la improcedente actitud  de un Gobierno a la hora de enfrentarse a la oposición, desconociendo los principios que rigen en  una democracia.

Los ciudadanos españoles, al margen del signo político que tengan, están obligados a saber la verdad sobre el comportamiento ilegal de altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy, principales responsables de que organismos que deben velar por la seguridad de las instituciones y personas sean utilizados en misiones de espionaje innecesarias, y con métodos que alteran la convivencia de un país.