LAS COSAS BUENAS Y LAS COSAS MALAS.

Esteban Lobos, analista económico.

La semana que concluye ha sido de aristas  bastante complejas. La tragedia del sinnúmero de incendios forestales, se ha extendido más allá del área netamente rural y ha alcanzado a sectores habitados dejando hartos centenares de víctimas.  No sólo bomberos y funcionarios del Estado han perecido en este combate desigual contra la voracidad del fuego sino que mucha gente humilde ha visto desaparecer sus viviendas, sus cultivos, las escuelitas que procuraban abrir un horizonte más amplio a sus hijos. Pese a todo, el mundo y el país siguen su marcha. El dolor es para los débiles. Los pobres no se resignan. Saben que, como muchas otras veces, deben volver a empezar.

En torno al fuego, algunos comentarios.

El primero, que por el momento es muy difícil evaluar el costo económico de esta verdadera hecatombe. Aquéllos que dictan cátedra desde su computador, emitiendo juicios anónimos e irresponsables,  no logran entender que aquí no sólo hay pérdidas para los grandes consorcios forestales sino también para los pequeños productores agrícolas, vitivinícolas, para los trabajadores asalariados del campo, para un país que ve degradarse su suelo  y que observa atónito como perece una parte importante de su bosque nativo la que tardará veinte o más años en recuperarse.

Por otra parte, corresponde un análisis frío y racional acerca de la capacidad de respuesta del país ante eventos graves que han sucedido y seguirán sucediendo. Hablamos “del país”,  lo que incluye, por si alguien lo olvida, al sector privado empresarial, a la sociedad civil como comunidad humana y, obviamente, al Estado como responsable del bien común (aunque muchos jueguen aún sus cartas al debilitamiento de su institucionalidad).

Algunas preguntas al sector privado empresarial: ¿Están las forestales cumpliendo con normas mínimas de seguridad, por ejemplo en materia de accesos, mantención de cortafuegos, guardabosques, etc.;  en forestación separada de lugares habitados; en  renovación del patrimonio forestal del país? ¿Están los grandes consorcios eléctricos cumpliendo las exigencias mínimas que les impone la ley en orden a mantener despejadas las áreas de paso del cableado de alta tensión,  en todo tiempo y en todo lugar, o sólo atienden a sus obligaciones “cuando las pillan”?  ¿Cumplen las grandes empresas pesqueras con su deber legal, social y moral, de resguardar la sustentabilidad de los recursos pesqueros o creen que tienen derecho a arrasar con todo lo que encuentran porque lo que les importa es el negocio inmediato el que estiman suficientemente protegido con sus redes de corrupción?

En otro frente, está fuera de discusión la debilidad del sistema  público para dar debida respuesta a este tipo de problemas. No se trata de apuntar con el dedo ni a este Gobierno ni al anterior. Se trata de decir, sin pelos en la lengua, que ni los poderes políticos ni la administración propiamente tal, han estado, ni ahora ni antes, a la altura de las circunstancias. La prueba más clara se encuentra tanto en los múltiples proyectos habitacionales y de obras públicas que han debido demolerse y reemprenderse en la pobre acción pos terremoto como   en los largos titubeos para adoptar decisiones destinadas a acopiar recursos para combatir el fuego. En medio de los hechos, hay parlamentarios dedicados a reunir firmas para sus futuras postulaciones, hay diputados que pagan redes para sacar provecho electoral de lo que sucede, hay representantes que juegan a las “comisiones investigadoras” y a las “interpelaciones”, pero no se observan líderes políticos que jueguen al futuro del país y no a la próxima elección. Urgen reformas impostergables del aparato público que disminuyan la burocracia, que simplifiquen la tramitación y la gestión, que descentralicen efectivamente el poder político y administrativo, que aumenten los poderes de decisión y los niveles de responsabilidad.

En el plano de la comunidad nacional, está presente la desidia conque se actúa en el diario vivir. Basta observar los numerosos pastizales secos aledaños a las viviendas, mirar cómo se botan toneladas de basura en cauces de ríos y esteros, en playas y parques naturales para que nos demos cuenta acerca de cuán lejos estamos del desarrollo que no es un poquito más de PIB sino que implica cultura, civilización, responsabilidad.

Finalmente, es bueno hacer presente  algunos hechos de actualidad.

Según investigación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián y Equifax, en el año 2016 el número de deudores morosos creció en un 11,6% respecto al anterior, alcanzando un record de 4.295.957 personas. De esta cifra, 2.198.377 son mujeres y 2.097.580 son hombres. La deuda atrasada de las féminas, sin embargo, es menor ya que alcanza a $974.833 en promedio en tanto que los varones casi las doblan con $1.886.308. Los principales acreedores corresponden al “retail” (grandes tiendas)  con un 46%, a la Banca con un 32% y a Servicios Financieros con un 6.7%.

Las utilidades de la Banca, en 2016, se redujeron en un 12,6% debido a una baja en los intereses motivada no por determinación de sus dueños sino por decisiones “del mercado”. La situación no es tan grave. Entre enero y diciembre, se registraron excedentes por 2.944,6 millones de dólares, algo así como un billón (millón de millones) novecientos catorce mil  millones de pesos chilenos. Confiemos en que vendrán tiempos mejores. Y no nos apresuremos en vender nuestro paquete accionario.

En nuestro comentario anterior, señalamos los nombres de los 8 mayores “milmillonarios” del mundo. La prensa internacional nos informa que el estadounidense Warren Buffet, desde que se eligió a Trump el 8 de diciembre, ha incrementado sus haberes en 6.800 millones de dólares, con lo cual su fortuna alcanza a los 73.900 millones de dólares, superando al español Amancio Ortega y acercándose peligrosamente a Bill Gates.

Y,  a propósito de cifras, muy pronto los mayores de 18, recibiremos en nuestras cuentas $7.000.-, cantidad con la que no contábamos. Corresponde a la indemnización con la cual la “Papelera” resarce a los consumidores tras haberse coludido en precios del “papel tissue” durante 11 años (132 meses).