Quienes postulan al crecimiento económico sin restricción, sin respetar el Medio Ambiente... Desprecian la vida!!!.
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¿Más Estado o más Mercado? ( I )

Esteban Lobos, analista económico.

En el campo de la “alta política”, abierta o disimuladamente, está presente la eterna discusión que enfrenta a quienes piden mayor libertad económica, lo que significa permitir hasta donde sea posible que el mercado, a través del libre juego entre productores y consumidores, tome las decisiones fundamentales  y, por otro lado,  quienes quieren que  el Estado, como representante del interés general, intervenga en este proceso. ¿Quién, en definitiva, tiene la razón? Trataremos de dar una respuesta.

El dilema planteado anteriormente, no está en las preocupaciones de la gente, ya que el común de las personas no tiene una percepción clara acerca de cómo una definición de esta especie influye en su propia vida. Sin embargo, es fácil constatar  que, cada vez que se enfrentan situaciones que se estiman abusivas por parte de los productores de bienes y servicios, los consumidores optan por recurrir al Estado para que éste lo ampare en sus derechos.

Lamentablemente, el debate sobre la materia se da a un nivel demasiado técnico o se sale de cauces normales para derivar hacia una mutua caricaturización de las posiciones contradictorias. La verdad es que, a esta altura de los tiempos, y teniendo presente las experiencias históricas y sus consecuencias, hoy nadie, que no esté cegado por un ideologismo irracional, propiciaría una total libertad económica sin control de ninguna especie o una total estatización de los medios de producción y de los canales de distribución.

El mercado, independientemente de las críticas que le pueden ser hechas, ha demostrado ser un eficiente asignador de recursos y, en líneas generales, la operación de los privados en este ámbito puede ser vista como exitosa en cuanto a los niveles de producción  que ha alcanzado en los diversos sectores de la economía.

Por su lado, el Estado-empresario ha mostrado graves falencias que, si bien pueden no ser atribuidas a la naturaleza misma del modelo centralizado, han servido para constatar la persistencia de errores inaceptables. Uno de los casos más notables, es el de la llamada Gran Minería del Cobre. Esta riqueza fundamental del país permaneció en manos de empresas estadounidenses durante largo tiempo, sin injerencia alguna del Estado que solo obtenía beneficios menores por la vía tributaria. A través de la chilenización del cobre bajo el Gobierno de Frei Montalva y, luego, de la nacionalización realizada bajo el Gobierno de Allende mediante reforma constitucional, la actividad  fue asumida por CODELCO, la empresa minera más grande del mundo. Los elevados precios alcanzados por el mineral,  permitieron que el Estado percibiera,  en su carácter de propietario, ingentes sumas de ingresos por decenas de miles de millones de dólares. Sin embargo, desde los primeros tiempos, esta empresa fue vista y operada como un botín de los gobiernos de turno, no solo en cuanto al reclutamiento injustificado de personal sino también como fuente de financiamiento directo o indirecto de actividades claramente políticas. Los recursos generados fueron usados para financiar gastos presupuestarios corrientes, gastos específicos de las Fuerzas Armadas y para pagar altísimas remuneraciones a sus funcionarios,  sin que se considerara la necesidad  de usarlos para avanzar una etapa superior alternativa del desarrollo nacional. Paralelamente, no se hizo nada por su capitalización y su modernización tecnológica con lo cual en la actualidad la riqueza del cobre se ve amenazada de correr el mismo destino del salitre.

Por su parte, la actividad privada, pese a la amplia libertad que le concede la Constitución de 1980, ha ido incurriendo, cada vez con mayor frecuencia, en conductas ilegales y otras  que en manera alguna se condicen con los principios de libre competencia que sus agrupaciones gremiales dicen defender. Las colusiones de precios, los abusos reiterados en perjuicio de los consumidores, la creciente concentración del poder económico y financiero en unas pocas manos, su afán patológico por involucrarse en el financiamiento de las actividades políticas y en la adquisición de medios de comunicación con el fina de evitar la aprobación de normas legales que puedan perjudicar sus intereses, han contribuido a crear un panorama que ni siquiera es capaz de responder a lo que pudieran estimarse como principios éticos del capitalismo.

En el horizonte, a casi un año de distancia, están las próximas elecciones presidenciales. Hasta ahora, las numerosas precandidaturas que han aparecido, se han movido en un marco de debate bastante light y poco concreto. Es preocupante ver como los medios de comunicación que tienen el deber de involucrarse en la formación cívica de los ciudadanos con el fin de que éstos tomen decisiones fundadas, parecen estar abiertamente involucrados en una tarea deliberada de desinformación. El tema que en líneas muy generales hemos puesto sobre la mesa, es relevante ya que los caminos que se escojan tendrán influencia en el devenir de la sociedad y de las personas.

En la segunda parte de este artículo, procuraremos abordar más específicamente algunos de los aspectos que deben invitarnos a reflexionar.

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