¿Nos habrán visto la cara?

En general, procuro llevar mi vida de la forma más tranquila y ordenada posible. Sin embargo, desde que este medio digital tuvo la idea de aceptar algunos de mis comentarios, esa existencia plácida dejó de existir. En la calle, en el café, en el banco, se me acercan amigos y conocidos, para sugerirme que escriba sobre uno u otro tema. Es imposible complacerlos a todos. Obvio. Pero procuraremos referirnos a los temas más actuales.

Una de las noticias más fuertes, pero que pasó desapercibida para el grueso de la ciudadanía (y, luego, fue ocultada por los grandes medios) la entregó la Cámara Chilena de la Construcción. El gremio más poderoso del país, sin arrugarse, declaró que “la vivienda en Chile es severamente no alcanzable”. De forma más entendible y no tan deslavada, pudo perfectamente decir que para el grueso de la población, la vivienda, un derecho esencial de las familias, es inaccesible. La Cámara entrega dos justificaciones:   Una, que las viviendas son caras porque el precio del suelo es muy caro. La otra, que sobre un 10% del precio final es causado por la aplicación del IVA a las empresas constructoras. Los pasos siguientes del ente gremial son imaginables: Que se amplíe el área de Santiago y de las grandes ciudades, presión que se ha ejercido y se sigue ejerciendo, hasta el extremo que la capital es hoy una de las ciudades más extensa e inorgánica del mundo y, ¡era que no! , que se reduzcan los impuestos a una actividad que es altamente lucrativa. Baste recordar que las viviendas construidas hasta 1974 con asesoría técnica y financiamiento crediticio a través de las extintas Asociaciones de Ahorro y Préstamos consideraban por sobre los costos básicos un 10% por concepto de administración y un 10% por legítima utilidad. Aunque no se conocen estudios actuales sobre la materia, se considera que la utilidad de las promotoras inmobiliarias (generalmente ligadas a las constructoras) fluctuan entre el 40 y el 50%. Conclusión: Habría que ver cómo diseñar políticas públicas que presionen a la baja las exageradas utilidades del sector y los valores del suelo (¿impuesto creciente a los sitios eriazos?)

A otra cosa, mariposa.

En medio de las fuertes críticas que han suscitado los altos precios de los medicamentos en el país, consumo en el que gastan gran parte de sus escasos ingresos los adultos mayores que reciben paupérrimas pensiones, el Supremo Gobierno ha encontrado la solución mágica al problema: autorizar por ley su venta en supermercados y almacenes de barrio, salvo para aquellos productos que requieren prescripción médica obligatoria. Se ha dicho, que ello hará posible que estos  estén al alcance de los habitantes  de las 60 comunas del país que carecen de farmacias, agregando (sin que se conozcan antecedentes fundados al respecto)  que la liberalización de los mercados permitirá una disminución de precios significativa. Como uno de los estudiosos ha señalado que en Suiza esta medida redujo los precios al público entre un 10 y un 40%, la prensa formal, siempre obsecuente con sus avisadores, ha titulado destacadamente que la nueva política “significará una reducción de un 40% en los precios” de los remedios. La verdad es que esa no es más que una frase publicitaria destinada cazar incautos, muy parecida a los eslóganes de las grandes tiendas y supermercados que ofrecen descuentos de hasta un 80%, porcentaje que solo se aplica solo a unos pocos artículos que casi nadie está interesado en comprar. De hecho, los precios-público de los medicamentos se han ido elevando sistemáticamente y los márgenes de utilidad de las tres grandes cadenas no paran de crecer. Si se hiciera un estudio a fondo de todo el proceso de comercialización de esta gama de productos, podría constatarse cómo los grandes laboratorios internacionales importan a Chile desde sus propias casas matrices estos medicamentos  para entregarlos al mercado a precios absolutamente más elevados que aquellos con que se comercializan en países vecinos. Si a lo señalado se le suman los grandes márgenes que les aplican las cadenas, es evidente que la salud termina siendo un bien inaccesible para una gran mayoría de los chilenos.

Otro tema de importancia que nos debe preocupar es el relativo a las pensiones. Tras las enormes manifestaciones populares que gritaban “No + AFP”, muchas de estas entidades se pusieron las pilas, no para bajar sus comisiones y mejorar la rentabilidad para sus afiliados (que habría sido lo lógico) sino para multiplicar sus páginas de publicidad y para atiborrar a las personas con ofertas de un mejor servicio vía internet. Como el proyecto gubernativo de reforma previsional considera un 4% adicional de cotización con cargo al empleador, cifra adicional  que sería administrada por un “ente estatal” y no por las AFPs, estas entidades iniciaron una fuerte campaña pues no desean verse privadas de lo que consideran su legítimo derecho a participar de esta “gran torta”. El primer paso beligerante lo dio Habitat, empresa ligada a la poderosa Cámara Chilena de la Construcción. Para ello, invitó a participar al 1.964.996 de sus afiliados en una encuesta ad-hoc cuyas preguntas estaban redactadas de la forma adecuada para inducir las respuestas. Pese a lo señalado, el proceso fue un fracaso ya que solo 95.773 personas contestaron, de las cuales un 74% manifestó preferir que la mayor cotización la administrase su AFP y un 26% optó por el nuevo ente estatal, lo que implica que solo un 3,6% de los afiliados tiene confianza en su AFP. Y eso que la gente no sabe que hace pocos años Cristián Rodríguez Allendes, su presidente, y Alejandro Bezanilla Mena, su Gerente General, fueron sancionados por la Superintendencia respectiva “por uso de información privilegiada”. Ahora, la Asociación Gremial de AFPs ha puesto en marcha su gigantesca maquinaria publicitaria en pro de sus intereses.