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¿NUEVA CONSTITUCIÓN? II LAS CUESTIONES EN JUEGO.

René Fuentealba Prado

Abogado.

Al analizar las que se calificaron como  “Cuestiones Previas” en esta materia, se hizo presente que el régimen constitucional, en último término, es el que establece las normas que regulan la convivencia entre los diversos factores de poder presentes en una sociedad. Por tanto, su legitimación y aceptación dependerán de lo equilibrada y justas que sean esas reglas, ya que la imposición dura de un sector sobre otro sin duda que trae consecuencias.

El Gobierno ha puesto en marcha un proceso de reflexión y trabajo que busca conjugar las demandas de un sector de las élites políticas con una participación ciudadana expresada en  cabildos a través de todo el territorio, como una fase previa a la etapa de reforma institucional.

El primer obstáculo que se ha encontrado radica en el desconocimiento que los ciudadanos tienen acerca de las “instituciones fundamentales” vigentes, concepto que no sólo cubre a los organismos existentes sino también a entidades en que se funda la vida en sociedad (familia, régimen y función de la propiedad, rol del Estado, etc.). Como consecuencia, las personas,  en su gran mayoría, no logran vislumbrar claramente de qué manera el cambio constitucional afectará sus propias existencias. El sólo hecho de constatar que un alto porcentaje aprecia y valora la necesidad de una “nueva constitución” y que al mismo tiempo la reforma del régimen constitucional es situada como uno de los problemas considerados menos importantes por la población, muestra una contradicción poco comprensible.

La carencia de formación cívica, se la ha tratado de superar a través de campañas de difusión (spots televisivos, avisos radiales,  folletería, “constitucionarios” ,etc. ), camino absolutamente superficial. Materias que otrora se enseñaban en una asignatura anual de enseñanza media, hoy se dan por sabidas en dos meses estivales de instrucción informal. Expresar que en el período, en la sola capital, fueron ya  capacitados 2,5 millones de personas en conocimientos básicos, simplemente no resulta serio.

La pauta de trabajo para los cabildos, que debe determinar  el Consejo Ciudadano de Observadores, permanece indefinida. Inicialmente se habló de organizar el debate participativo en torno a lo que se llamó “ejes para la deliberación”, cuales serían los “Valores”, “los Deberes y Derechos” y “las Instituciones del Estado” para luego hablar de “temas para la discusión”  los cuales ahora serían “Valores y Principios”, “Derechos y Responsabilidades” e “Instituciones del Estado”, cambio más de forma qué de fondo y que es la expresión clara de la inmadurez  del proceso.

Desde el punto de vista procedimental, señalar que frente a cada uno de los puntos señalados deberá señalarse si en el “cabildo” hubo “acuerdo unánime”, “acuerdo parcial” o “desacuerdo total” no hace más que mostrar una incomprensión sorprendente  de la complejidad del problema. Si bien teóricamente “los acuerdos unánimes” y “los desacuerdos totales” obtenidos en 300 cabildos podrían sumarse, los “acuerdos parciales”, que obviamente serán la mayoría, serán necesariamente tan variados que agruparlos será imposible.

Existen “ejes” o “temas” en los cuales se puede  alcanzar un alto nivel de consenso o una aprobación claramente mayoritaria. En general, respecto del actual Capítulo I de la Constitución vigente, sobre “Bases de la Institucionalidad”,  con enmiendas en su estructuración y redacción y con una revisión de algunos puntos, especialmente en la normativa sobre el terrorismo, ello es posible. La regionalización, la descentralización y la desconcentración administrativa, el desarrollo local,  requieren ser tratados con mayor precisión y rigor, evitando que sean  meras declaraciones programáticas y tengan aterrizaje en la realidad. Sin embargo, el gran “eje” o “tema” que el texto actual omite, será el del carácter “unitario” del Estado, no desde el punto de vista político-administrativo, sino desde el ángulo del reconocimiento de las minorías étnicas. ¿Seremos capaces de definirnos como un Estado plurinacional con las derivaciones que  una definición de esta naturaleza implica?

En materia de Nacionalidad y Ciudadanía, deberá ser superada una serie de ambigüedades derivadas de lo poco prolijo del texto y  entrar a un tema sustantivo: ¿Voto voluntario? ¿Voto obligatorio?

En materia de  Derechos y Deberes Constitucionales la tarea es ardua. Más allá  de la necesaria revisión del largo catálogo contenido en el  actual artículo 19, deberá enfrentarse el contrapunto entre la afirmación de los llamados “derechos sociales” y la capacidad real, práctica, de la sociedad de implementarlos, ya que es obvio que ningún texto, ni frase ni papel, bastan para asegurarlos ni menos para exigirlos. Este artículo consagra, además, los mecanismos de protección de los derechos (recursos de amparo y protección) cuyos alcances deben ser precisados. Sin embargo, los dos grandes y complejos temas a debatir son, en primer lugar, por su actualidad, todo lo relativo a la educación y. luego, por su connotación innegable, todo lo relativo al llamado “orden público económico”.

Otro gran tema en debate, es el relativo a las formas institucionales del régimen democrático representativo. ¿El país perseverará en el actual presidencialismo exacerbado, calificado reiteradamente como “cesarismo presidencial”? ¿Se avanzará hacia un semipresidencialismo o hacia un régimen parlamentario? ¿Es necesario mantener el sistema bicameral?

En fin, hay una infinidad de otros puntos a debatir: Transformación de la Contraloría para superar su función financiero-contable y de control formal de la legalidad, dotándola de capacidad necesaria para fiscalizar la acción sustantiva y operativa de los entes administrativos y exigir las responsabilidades correlativas; Revisión de la generación y del campo de acción del Tribunal Constitucional  de forma de evitar que se transforme en un poder contra-democrático; Revisión de la generación del Poder Judicial; Revisión del proceso de reforma constitucional.

Nada de lo puntualizado puede ser abordado en buena forma a través de una serie –por amplia que sea – de encuentros ciudadanos. Que son útiles y necesarios, no hay duda. Que su método de trabajo sea el camino para abordar materias complejas, lo ponemos en duda.

En verdad, estimamos que el proceso de deliberación sobre una nueva Constitución, deja un sabor amargo. Aparece como superficial e inmaduro.

Lo vemos como una respuesta improvisada que está más impulsada por la necesidad de mostrar que se está avanzando por  el camino prometido que por la voluntad seria y efectiva de construir desde ahora las bases de una institucionalidad destinada a regir al país por cincuenta o más años.

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