Ojo con el periodismo chileno.

La libertad de expresión, consagrada básicamente en el numerando 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, constituye uno de los fundamentos de un verdadero sistema democrático. De ahí, que los gobiernos totalitarios o con claras tendencias autoritarias muestren permanentemente una tendencia a someter este derecho a censura, limitaciones o sistemas directos o indirectos de control que les permitan impedir informaciones y comentarios que no son de su agrado y que cuestionan las informaciones oficiales o investigan hechos que se ha pretendido silenciar.

Este derecho, aun cuando corresponde expresamente “a todas las personas”, ha pretendido ser utilizado por las empresas del rubro conforme a sus particulares intereses e interpretaciones. Pese a que la llamada “Ley de Prensa” (N° 19.733, de 2001) define algunos  aspectos básicos que determinan sus alcances prácticos, al tratarse de declaraciones de principios de carácter general, que no especifican sanciones ni consecuencias,  se ha hecho habitual que se infrinjan algunos criterios éticos del ejercicio del periodismo.

La mencionada ley, por ejemplo, contiene normas que merecen ser destacadas. Así, su artículo 1° señala que “se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general”. Por su lado, el artículo 16° dispone que “toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida…”

Naturalmente, la legislación no puede abordar los múltiples casos que se pueden presentar en la vida en sociedad y, por lo tanto, el respeto a la normativa exige buena fe para no quedarse solo en  la observancia de las  palabras de la disposición legal  sino que para avanzar en indagar su espíritu y propósitos.

La prensa tradicional ha hecho una costumbre el silenciamiento de ciertas informaciones que no se ajustan a su línea editorial o que puedan resultar molestas para los grupos de poder que representan. Su banal  justificación puede estar en que no  las consideraron de interés general. Sin embargo, la sola circunstancia de que dediquen páginas y páginas a criticar un documento cuyo contenido no han entregado a sus lectores, constituye a todas luces una inmoralidad.

Dos casos ilustran lo afirmado. a) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en junio el libro “Desiguales: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile”. Pues bien “El Mercurio” publicó diversos análisis cuestionando el contenido de un documento que jamás dio a conocer a su público.  B) El 12 de julio, se dio a conocer  en Santiago el informe “Situación de la Libertad de Expresión en Chile 2016”. El mismo matutino no  publicó nada al respecto. Sin embargo, informó que la Asociación Nacional de la Prensa se había entrevistado con el relator de la OEA, Edison Lanza, para criticar la falta de evidencia relativa a sus aseveraciones de que en el país había una excesiva concentración de la propiedad de los medios y un bajo nivel de pluralismo, lo que fue complementado con una inserción de la misma ANP que agrupa a las empresas que se sintieron aludidas.

Otra situación. El programa de Chilevisión “Aquí está Chile” invitó recientemente a Beatriz Sánchez, candidata del Frente Amplio,  y durante la entrevista, al tratar el tema de la delincuencia,   la sorprendió confrontándola con Pablo Oporto, pequeño comerciante  que aseveró haber sido asaltado 100 veces,  agregando que, en ejercicio de su derecho a la legítima defensa, ya había dado muerte a 12 personas. La revista “Sábado”, de “El Mercurio, en su edición del día 22 de este mes, dio a conocer la absoluta falsedad de lo aseverado por el individuo. Más aún: El 13 de agosto de 2016, “La Tercera” había publicado una entrevista similar al sujeto (solo que entonces habló de 7 muertos). Ambos medios incurrieron en una grave falta de rigurosidad  profesional al no chequear la veracidad de  los antecedentes publicados y al darlos por ciertos ya  que se ajustaban a  una línea editorial que ha buscado sostenidamente exacerbar la sensación de inseguridad en las personas. El canal televisivo entregó un escueto comunicado pidiendo disculpas a la entrevistada y el diario mencionado, en un recóndito lugar de su sección “Cartas al Director”, bajo el sorprendente título de “Errores y correcciones”, también presentó sus disculpas a sus lectores.

Lo que hemos comentado es de una gravedad extraordinaria ya que demuestra  palmariamente que algunos medios nacionales  de expresión trabajan conscientemente por la manipulación del público receptor buscando inducir el pensamiento y la opinión de sus lectores o telespectadores,  incurriendo en el irrespeto que significa privarles de la libertad de formarse sus propios juicios de valor.