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Poder, política y violencia en el Wallmapu

Rodrigo Pulgar Castro

Doctor en Filosofía. Académico U. De Concepción.

¿Es posible negar la violencia como una realidad cotidiana? Sin duda que no. La filosofía la ha tratado desde siempre. Pero, ¿dónde está lo original?. La respuesta podría construirse tomando en consideración que hoy somos más conscientes del hecho que su recurso es un argumento no último, sino primario en ese espacio de acción que intencionalmente confunde la violencia con el poder, pues la violencia al significar poder, es usada como recurso al faltar la capacidad  para  lograr un propósito determinado desde el poder mismo. De esta forma, el recurso de la violencia es puesto al servicio de la intención de dominar personas, grupos y, no en pocos casos, pueblos. Tal como diría Arendt, se usa la violencia cuando el poder de persuasión se ha extraviado a causa de la incapacidad, para buscar mediante el diálogo soluciones racionales que resguarden el principio de justicia y, por cierto, la libertad pública.

Lo cierto, y poniendo atención en nuestro entorno, la legitimidad de los actores políticos, especialmente los estatales en el Wallmapu se ha perdido por una causa: inexistencia de una acción política racional que termina por apelar al ejercicio de la violencia como mecanismo de solución del conflicto, lo cual ha terminado por confundir poder con violencia.

Apelo aquí al significado del poder estatal, pues en ello radica la llave de salida. Pero, desgraciadament, las noticias llevan  a pensar lo contrario:  que ese poder no existe del modo como debiese ser y, extraviado como está,  aparece la violencia gubernamental. Sus aparatos actúan en consecuencia. Ya no hay diálogo como principio de búsqueda de buenos acuerdos, las decisiones no son dignas de valor por quienes sufren la tradicional violencia inaugurada en la llamada guerra de pacificación. En el Estado ya no hay confianza. De hecho, tal como dice la declaración de la Universidad Católica de Temuco, el resultado es que  “el Wallmapu hoy día es paradigma del fracaso de la convivencia  social y de la gobernanza” (3-8-20)

Los efectos de la pérdida del poder como variable que identifica al actor político, -en cuanto poder entendido como la capacidad para hacer algo en beneficio de la justicia, o derechamente en bien de  aquellos que Fanon en un libro llama “Los condenados de la tierra” (usamos el título como referencia teniendo presente que la llamada hecha ahí al derecho al uso de la violencia no siempre se justifica)-, culmina en la constatación que  el principio de legitimidad basado en la racionalidad de los actos políticos no existe. Por tanto, toda declaración, toda acción proveniente del aparato estatal, pierde veracidad. No debe extrañar, pues el uso de la violencia en sus variadas formas, directas e indirecta tiene como resultado la perdida de la confianza. El buen actor político no necesita del acto violento para sumar aprobación. El ejercicio de la violencia es una debilidad no signo de fortaleza. 

Mirado el Wallmapu, comprobamos la existencia de un Estado fallido. Se observa en su incapacidad de recoger la demanda reparatoria de un pueblo y una nación. Es plausible que la ceguera sea intencional, pues los nudos de compromiso atados a un modelo de desarrollo articulado por una concepción neoliberal hoy en día, y de clase privilegiada siempre desde los orígenes del Estado, lo impiden. El resultado una intolerancia a reconocer que hoy la humanidad camina en su significación buscando en el dialogo de saberes (ahí el pueblo mapuche y otros pueblos originarios tienen mucho que enseñarnos) pistas, caminos de construcción de un habitar en donde el núcleo es la idea de persona como fin. Prima no obstante una rigidez conceptual que deja de lado la vida y su dinámica. Temor quizá a extraviar lo que considera es el poder político casi sinónimo de control social, pero cuando se confunde política con poder, el uso de la violencia encuentra su cauce de desarrollo; lo que no percibe es su desenlace. Craso error. Dañino error, pues los efectos los pagan los más pobres de los pobres.

Lo cierto es que, hurgando hasta revolver la memoria histórica, las explicaciones de una política sistemática por parte del Estado tendiente a someter el sentido territorial del mapuche son simplemente un artificio. Durante décadas, para ser precisos desde el momento que en el centro económico-político -(podrá advertirse en la historia que aquí la primaria intención es económica, luego la articulación de respuestas es política)- se toma la decisión de hacerse por la fuerza de todo el territorio pasada la frontera del río Bío-Bío, los argumentos de justificación de aquello se revelan como una ficción creada a propósito, transmitida por mecanismos formales (sistema educacional) e informales (medios de comunicación) y armada por un interés central que ha consistido en imponer un modelo de desarrollo que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres apuntando al núcleo esencial: su cultura.

Los relatos han sido en gran número una ficción creada para domeñar un pueblo que es de por sí digno de todo derecho. Este proceso de vasallaje a fuego y derecho construido a propósito, no es propio de una humanidad que dice crecer en conciencia, la cual, a  pesar de este síntoma,  mantiene en algunos y algunas cierta confusión producto de pensar que la realidad está hecha para ganancias de unos pocos. Pero ¿es sostenible en este tiempo mantener este postulado si la realidad desnuda es la total injusticia de tal comportamiento? Además, seamos claros; los paradigmas caen y sostener lo contrario es, al menos, un absurdo explicable solamente por la intolerancia.

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