La opinión pública tiene el deber y el derecho a oponerse a la impunidad, debe movilizarse y denunciarla !!!
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¿Por dónde empezamos?

René Fuentealba Prado, abogado.

El país enfrenta tiempos difíciles. No solo en el campo económico a causa de factores  externos e  internos, sino en terrenos bastante más complejos. Se vive en una sociedad fragmentada y, lo peor, con sectores que,  felices con esta realidad, la estimulan, la propician. La política, actividad humana que tiene que ver con el gobierno de la sociedad, vive una crisis generalizada. La apatía, la desconfianza mutua, el individualismo, la corrupción, configuran un panorama oscuro. ¿Qué se puede hacer al respecto?

En una democracia, la participación ciudadana se canaliza fundamentalmente a través de los partidos políticos. Nada impide que esta participación se manifieste por medio de otros cauces y es bueno, muy bueno, que así sea. Los distintos sectores de la sociedad necesitan hacer presentes no solo sus puntos de vista sino, también, sus intereses. Finalmente, las sociedades son entidades complejas y, sin lugar a dudas, es positivo que quienes están llamados al gobierno de la comunidad,  recojan esa gama de opiniones y sentimientos y sean capaces de armonizarlos,  impidiendo que quienes tienen mayor poder (económico, financiero, comunicacional….) y capacidad de manifestarse en el ámbito público, impongan sus particulares intereses y pretensiones sobre los grupos más débiles y sobre los intereses generales.

De ahí que los partidos políticos tengan responsabilidades ineludibles e impostergables pues están naturalmente llamados a servir de vasos comunicantes entre la realidad social y la institucionalidad elegida para regir la comunidad. Si tales vasos comunicantes carecen de las condiciones necesarias para que el tráfico entre la base social y las autoridades, de ida y de vuelta, sea fluido, están incumpliendo su función al transformarse en obstáculos entre el mundo real de las personas y las burocracias gobernantes.

Las leyes han procurado ir saneando la actividad política. Sin embargo, es fácil constatar que,  cada día con mayor frecuencia, se visibilizan conductas tendientes a burlar las normas y que concluyen en la corrupción del sistema democrático. Ejemplos al canto. En 1957, se estableció la cédula única de votación para impedir el cohecho y la compra de conciencias pero, medio siglo más tarde, a través de las entidades públicas, los sufragios son comprados por miles mediante el generoso reparto de canastas asistenciales. Se regula el financiamiento de la política y, por la infidencia de una persona, se descubre una trama de ilegalidades que implica a grandes empresas y grupos corporativos, que llegan al extremo de pautear el proceso legislativo conforme a sus propios intereses. La lista se podría alargar indefinidamente pero, por ahora, no es pertinente.

Lo importante es dejar establecido que, por sobre las normas legales,  que casi siempre están en riesgo de  ser hábilmente vulneradas, hay principios morales que tanto las colectividades como sus militantes están llamados a cumplir. Lo mínimo que se le puede exigir al ciudadano, político o no político, es el deber de respetar las disposiciones legales vigentes. Por sobre ello, está la obligación de actuar en el terreno de la política respetando principios éticos que son propios de la convivencia democrática. Si se tiene claro que una moral laica (no inspirada en principios religiosos que muchos pueden no compartir)  condena  todo tipo de acciones que causen daño injustificado a los demás miembros de la comunidad, a otros  seres vivos, al medio ambiente e incluso al propio sujeto, se logran parámetros de conducta bastante claros. De ello, surgen consecuencias evidentes.

La primera exigencia está, a nuestro juicio, en ser capaces de vivir una verdadera cultura democrática al interior de los propios partidos. Lamentablemente, estos se han transformado en parcelas de poder instrumentalizadas por personeros que buscan controlarlas en su beneficio e incluso en  favor de sus propias familias. Vivir una verdadera cultura democrática implica respetar a los militantes de base, contribuir a su formación doctrinaria, generar espacios de diálogo para debatir los problemas de la comunidad., en síntesis, reconocer en el otro un sujeto con capacidad de tomar sus propias decisiones.

Una conducta similar es exigible para la relación del político con los miembros de la comunidad. Si la opción de conducta está marcada por la promesa demagógica, por el engaño, por la inconsecuencia entre lo que se dice y lo que se hace, por la presión y el abuso, simplemente se está cuestionando la  capacidad de sujeto pensante de cada ciudadano.

Ahora bien ¿cómo es posible que esa ética fundamental de la democracia sea respetada y se convierta en forma de vida?

La respuesta exige el compromiso de todas y todos como personas y también de la variada gama de organizaciones de la sociedad civil, compromiso que debe traducirse en acciones constantes de juzgamiento de toda conducta reprochable. Resulta vergonzoso e indignante ver como se ha tratado de justificar lo injustificable en una muy mal entendida defensa corporativa, llegándose al extremo de rendir homenajes a los infractores.

Un control social público permanente, implacable, ausente de lealtades mal entendidas, hará posible revertir una realidad que está causando tanto daño.

Denunciar sin cansancio es una obligación ineludible. Debe partirse apuntando con el dedo a los corruptos e inconsecuentes, hasta hacerlos avergonzarse. El saneamiento y la limpieza moral, vendrán por si solos un poco más tarde.

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