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Renovarse o morir.

René Fuentealba Prado.

Las elecciones del pasado domingo 23 de octubre, dejaron un sabor amargo. Aunque varios partidos tratan de sonreír, la verdad es que  predomina  la frustración. Ni siquiera los desafiantes, salvo casos muy excepcionales y claramente explicables, lograron niveles que impliquen una tendencia. Solo hay situaciones puntuales,  insuficientes por sí mismas para poder afirmar que nos encontramos en el comienzo a un proceso que implique cambios de actitud o de conducta.

La gran triunfadora, sin dudas, es la abstención. La gran derrotada, la democracia participativa. Reencantar a la ciudadanía solo se puede lograr reconociendo las culpas o malas formas de actuar, sumando a ello el firme propósito de enmienda. Lamentablemente,  muchos derrotados creen que los Municipios son una parcela personal, familiar o política y tratan, a como dé lugar, de apoderarse de los últimos cargos disponibles, con la tolerancia o el silencio cómplice de sus colectividades políticas. En la Región del Bío Bío, los casos de las comunas de Coronel y Hualpén, son patéticos y vergonzosos.

Hay múltiples tareas por delante que, a todas luces, resultan impostergables si se quiere hacer las cosas bien.

Vamos por partes.

El saneamiento de la democracia exige una auténtica voluntad de cambio, manifestada en hechos concretos. Si hay algo que indigna al ciudadano común, es constatar el elevado número de privilegios injustificados de que gozan muchas de las personas que ejercen funciones públicas ya sea en el Congreso Nacional  o en la administración del Estado. Un ejemplo destacable, aunque bastante excepcional sin duda, lo constituye la decisión de Branislav Marelic, nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien ha resuelto reducir su remuneración en un 25% explicando que con su determinación busca establecer un sano equilibrio en las remuneraciones del personal de la entidad.  Sin embargo, es evidente que la función parlamentaria es la que la gente más identifica con el mundo de la política, razón por la cual, todas las medidas que se adopten en este terreno, constituirán el testimonio concreto de que realmente se quiere hacer las cosas de mejor manera. Senadores y diputados, además de una dieta bastante suculenta, cuentan con innumerables beneficios adicionales. Oficinas pagadas por el Estado y que, de hecho, se han transformado en sedes partidarias;  cortes de secretarios, choferes, periodistas, relacionadores públicos, pasajes,  asesores, etc., gastos todos que no se traducen en un mejoramiento de la calidad de su función parlamentaria sino en un sistema creado para mantenerse en el cargo. Exigir al servidor público una vida personal y funcionaria ajustada a canones de sobriedad y austeridad, dignificaría a las personas que ejercen los cargos y permitiría restablecer confianzas entre la comunidad y sus representantes.

La tarea  legislativa debe estar sujeta a exigencias que impliquen que el trabajo se haga y se haga bien. Resulta incomprensible que los mandatarios de la ciudadanía frecuentemente reconozcan que ni siquiera han leído los proyectos que han votado favorablemente, que no han pensado en las consecuencias de ciertas decisiones o que no hayan considerado al legislar las medidas que hagan posible que los objetivos de la ley efectivamente se cumplan y no constituyan letra muerta.

Las últimas normas sobre financiamiento de la actividad, han constituido (¡qué duda cabe!) un avance en cuanto a poner fin a la que se ha denominado como “relación incestuosa entre dinero y política”. La campaña municipal lo ha mostrado y ese hecho merece ser valorado. Sin embargo, aún quedan pendientes de resolución, espacios que dan lugar a los resquicios para eludir la transparencia e información que reclaman los ciudadanos. Las experiencias del último tiempo, también reclaman abordar temas que son relevantes: la farandulización de la actividad política; la nivelación de la cancha entre incumbentes y desafiantes;  el establecimiento de criterios que ponen obstáculos a la renovación de liderazgos tales como el tonto criterio de que “el que tiene mantiene”; y un sinnúmero de etcéteras que no pueden continuar siendo eludidos.

El gran  principio rector de la actividad pública es aquél que hace posible que la voluntad ciudadana se refleje limpiamente en la designación de sus representantes, campo en el cual los partidos tienen clara responsabilidad contribuyendo a la formación cívica de los convocados a decidir,  y reconociendo jurídicamente su derecho a ser fiscalizadores constantes de la calidad del trabajo de dichos mandatarios.

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