RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Los hechos que se viven en Cataluña debemos analizarlos en Chile, para que nuestros políticos actúen con responsabilidad.

Especial para La Ventana Ciudadana.
Madrid España.

El Tribunal Supremo de Justicia de España condenó a 12 altos cargos políticos catalanes a severas penas de cárcel, acusados de sedición y malversación de caudales públicos. Todo, por exigir la independencia de Cataluña de España.

Puede que sea legítima la aspiración independentista, lo cual es discutible,  pero lo que no es aceptable, es la forma. Y me explico.

España tiene una administración política basada en el Estado de las Autonomías. Existen 17 regiones y 2 ciudades autónomas, dependientes del Estado Central, regidas por un Presidente Autonómico, un parlamento y diversas direcciones generales. Cada una de las regiones tiene idiosincrasia diferente, costumbres, hábitos y, en varios casos, lengua diferente. Las dos ciudades autónomas son Ceuta y Melilla, ubicadas en el norte de África.

El llamado Estado de las Autonomías fue una genial idea establecida tras la muerte del dictador Francisco Franco y el retorno de la democracia. Un gran pacto político, sellado en una Constitución elaborada por juristas expertos, estudiosos, provenientes del diverso mundo de las ideas.

El sistema ha funcionado bien. Pero hay sectores que van desarrollando ideas de profundización, llegando incluso a exigir la independencia total. En el caso de Cataluña, los nacionalistas llegaron al poder y apretaron tal acelerador. Y para movilizar a la gente, dentro del marco existente en España, convocaron a un Referendum que, a todas luces, ha sido ilegal. En el Estado de Derecho en que se mantiene España, las Comunidades Autónomas no pueden convocar a un Referendum independentista. Pero eso no lo dijeron y mucha gente acudió a votar.

Basados en los resultados, los nacionalistas en el  poder convocaron a una reunión del Parlamento Autonómico y, aprovechando una mayoría circunstancial, declararon la independencia. El hecho provocó una división profunda en Cataluña y una efervescencia que ha ido en aumento al pasar los meses y años.

Los Tribunales de Justicia actuaron de inmediato e iniciaron un proceso en contra de las autoridades autonómicas que aparecieron como principales responsables de tal ilegalidad. El Presidente de la Comunidad Autónoma catalana salió del país y se instaló en Bélgica, junto con algunos asesores. Tras dos años de proceso, la justicia se pronunció y condenó a doce de estas autoridades a 13, 11, 10 y 9 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Como reacción, se volvió a agitar a un importante sector de la ciudadanía. Incluso, desde los más altos cargos del Govern Catalá  se pidió en un comienzo salir a la calle a protestar. Pero, ahora, al ver que las manifestaciones van a más en cuanto al nivel de la violencia, esos mismos altos cargos la están condenando, en una incomprensible contradicción.

Tras este breve e incompleto resumen, quisiera hacer algunas consideraciones, alejado totalmente de la toma de partido por una u otra posición. Creo sinceramente que los políticos están manipulando a un sector de la sociedad catalana. Estando en pleno ejercicio de la democracia y del Estado de Derecho, cualquier anhelo o propuesta debe discurrir justamente por los cauces legales correspondientes. Y la política ejercerla a fondo como corresponde, es decir, mediante el diálogo, el intercambio de ideas, los pactos, los consensos.  La política discurre por los caminos de la política. Pero si sale de tal cauce y se pasa al terreno de la ilegalidad, la democracia tiene en los Tribunales de Justicia los medios de defensa.

Pero judicializar la política es malo, como lo es politizar la justicia. Ambos poderes del Estado se desacreditan, pierden su naturaleza y el edificio democrático se tambalea.

Los políticos deben medir las consecuencias de sus actos. Deben eludir la confrontación por la confrontación, porque quienes se confrontan resultan dañados por ambos lados. Nadie gana. Y si se persiste en ello, el riesgo de perder la convivencia pacífica se acrecienta. En Chile, como en España, tenemos experiencia en la polarización de la sociedad y el quiebre profundo.

La palabra y el diálogo son el camino. El intercambio de ideas y la inteligencia deben predominar. Y la racionalidad consecuente de los políticos debe predominar, sin manipular a las masas, porque lo demás sería una irresponsabilidad de consecuencias impredecibles.

En Cataluña debe recuperarse la política con mayúsculas, hoy más que nunca. Existe el camino del diálogo positivo, para lo cual hay que tener la mirada grande y amplia de las necesidades y anhelos de las grandes mayorías. Y ese ejemplo, tan duro en los días que corren, debe ser aprendido para que en nuestro país la racionalidad política impere y nuestra sociedad crezca sana, libre y en paz.