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Un asunto de alto vuelo

Un poco de historia. El 5 de marzo de 1929, el Estado chileno creó la “Línea Aeropostal Santiago-Arica”, la que en los años siguientes amplió sus servicios a otras regiones del país y pasó a denominarse “Línea Aérea Nacional”. Bajo el gobierno gremialista-militar, la empresa  (como tantas otras) fue privatizada. Las familias Cueto y Piñera pasaron a ser sus  dueños, y se propusieron internacionalizar sus operaciones, para cuyo efecto se pasó a denominar LAN-CHILE. Sebastián Piñera, bajo su primer gobierno, se vio obligado a deshacerse de su participación accionaria en beneficio de los hermanos Cueto. La familia controladora acordó fusionar la compañía con la brasileña TAM-LÍNEAS AÉREAS, dando así origen a LATAM AIRLINES GROUP la que, con un 70% de capitales chilenos y un 30% brasileños, se posicionó como la mayor línea de América Latina y la décima del mundo.

Aunque la empresa ya no vuela con los colores nacionales, en general se la identifica con el país. La modernización de flota  y sistemas, los tradicionales niveles de seguridad, los buenos índices de seguridad, le han acarreado un sólido prestigio que no se ha visto mermado ni por la sobreventa de pasajes, ni por la cancelación injustificada de vuelos, ni por las condiciones abusivas en precios y otras materias impuestas a sus pasajeros.

Pero, no todo que brilla es oro. Bajo una imagen muy positiva sostenida por una publicidad persistente y por una serie de convenios con bancos y grandes tiendas del retail, se oculta una realidad no tan hermosa. Sus precios abusivos condicionados no solo por costos y legítima utilidad sino por fechas de compras, solo se vieron reducidos cuando irrumpieron en el mercado nuevas compañías de bajo costo con mucha austeridad en materia de atención en vuelo pero con precios al público inferiores en más de un 50% a los cobrados por la poderosa LATAM.

La trayectoria comercial de la empresa se ha visto, asimismo,  empañada por  diversas conductas poco correctas o claramente antiéticas.

En Argentina, fue acusada de actos de corrupción y soborno a dirigentes sindicales (lo que en el país vecino no es ninguna novedad) cometidos con el preciso objeto de obtener las licencias que le permitieran operar ampliamente  en el mercado trasandino.

En los Estados Unidos, la empresa fue condenada al pago de multas por un monto de 20 millones de dólares precisamente por pagos de presuntas  “consultorías laborales en Argentina” que se contabilizaron en forma absolutamente irregular.

El Consejo de la Unión Europea castigó a once  empresas de ese continente, con multas por casi 300 millones de dólares (de los cuales 8,8 millones afectaron directamente a  LATAM) por haber constituido un cartel de fijación de precios en perjuicio de los consumidores, lo que en Chile se denomina “colusión”.

Y ahora, se ha hecho público el hecho de que en un juicio “por tutela laboral” interpuesto por Sebastián Lobos, presidente del sindicato interempresas de LATAM, la compañía fue condenada por  vulneración de los derechos sindicales y se apresta para recurrir ante el Tribunal Constitucional para que este órgano (que poco a poco ha ido adquiriendo el papel de cámara legislativa) deje sin efecto una norma que la afecta.

¿Cuál fue el nuevo pecado de  LATAM? Forzó el casillero personal del dirigente, le sustrajo objetos personales y documentos confidenciales de la organización, cambió las llaves sin la presencia del afectado, violando su derecho a la vida privada y cometiendo hurto, todo lo cual fue judicialmente establecido. Todo ello, no sería más que un nuevo acto de prepotencia patronal.

Pero, la vida se le complicó impensadamente a la línea. Sucede que la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, estable, según dio a conocer El Mercurio, dispone que “quedarán excluidos (de ser proveedores del Estado) quienes, al momento de la presentación de la oferta o de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según s trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años”.

LATAM estima desproporcionado el castigo y señala que ello le significará un daño del orden de los 30.000 millones de pesos (50 millones de dólares) en el período. Los violadores de las normas laborales (Tur Bus, BCI, Enex, Universidades de Chile y Católica) también están pidiendo al Tribunal Constitucional que declare “inaplicable” esta disposición legal.

Mientras el Congreso Nacional, democráticamente elegido,  legisla para proteger los derechos laborales y las organizaciones sindicales, todo hace  esperar que el Tribunal Constitucional escuche sus lamentos. Si ya le rebajó la multa a Julio Ponce Lerou, de 90  millones  a 3,5 millones de dólares ¿qué problema puede haber para seguir “contralegislando”?

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1 Comentario en Un asunto de alto vuelo

  1. Excelente artículo y de alto vuelo, lo que nos demuestra que la corrupción no solamente se encuentra en menor escala, sino que sube al cielo en nuestro aporreado país. Este material es digno de darlo a conocer a todo nivel, y naturalmente no viajar utilizando LATAM Airlines Group.

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