Un caso práctico.

El régimen legal de los fondos de pensiones es uno de los más controvertidos en el mundo de la política y de la economía de nuestro país.

Creado en la década de los años 80, en plena dictadura militar, por el Ministro del Trabajo José Piñera Echenique, puso término al caótico sistema vigente bajo el cual funcionaba una veintena de cajas de previsión, cada una afiliando a trabajadores de cada sector, bajo normas y condiciones diversas, y que, en líneas generales, se encontraba absolutamente desfinanciado.

Piñera introdujo, decreto – ley mediante, un mecanismo de ahorro obligatorio que comprometía el 10% de las remuneraciones de todos los trabajadores formales del país, retención que se abonaba en cuentas individuales y que eran manejadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El nuevo régimen fue del pleno agrado del General Pinochet, quien le formuló solo una observación: los uniformados (Ejército, Armada, Aviación, Carabineros) quedaban excluidos de los beneficios del sistema ya que para ellos se mantenía el antiguo sistema de reparto con financiamiento fiscal, excepción que hoy le cuesta al Fisco (es decir, a todos nosotros) billones, sí, billones de pesos, anualmente.

Cuando el régimen de pensiones cumplió su primer ciclo y los imponentes que partieron en los años 80 alcanzaron la edad legal que les permitía jubilarse, estos descubrieron con espanto que las promesas del economista Piñera no se ajustaban a la realidad, que sus pensiones no correspondían al 80% de sus últimas remuneraciones en servicio activo, sino que eran de mera subsistencia.

Una de las aristas más significativa de la explosión social del 2019, fue la masiva manifestación que congregó en las calles de la capital a un millón de personas, aglutinadas bajo el sencillo eslogan de “No más AFP”.

El descontento era generalizado y las intenciones del gobierno del nuevo Presidente de la República, Gabriel Boric, en orden a modificar sustantivamente el sistema, agregando a las cotizaciones vigentes un 6% adicional de cargo patronal, se empantanaron ante la intransigencia de los sectores de derecha que se negaron a que una parte de dicha suma fuera al financiamiento de un fondo solidario de reparto y no a las cuentas individuales.

En el proyecto de nueva Constitución que será plebiscitado el próximo 17 de diciembre, los consejeros republicanos, arrastrando tras de sí a la derecha de ChileVamos, consolidaron la existencia de las AFP, pese a los generalizados cuestionamientos ya mencionados.

El problema real, que nadie aborda, es que las enormes sumas acumuladas en estos fondos – que estarían superando los 300.000 millones de dólares – constituyen la base de lo que se ha llamado “ el mercado de capitales”, mercado que permite a las instituciones financieras acceder a “dinero barato” que luego ellas prestan “a precio caro” al público que demanda créditos hipotecarios de largo plazo u otros, quedándose con significativos diferenciales a su favor.

La actual presidenta de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones, Paulina Yazigi Salamanca, ha formulado llamativas declaraciones a la prensa, las que aparentemente van en defensa de los trabajadores imponentes: “Cuando las personas se sacan la mugre trabajando, quieren ver la rentabilidad de sus ahorros en sus cuentas”.

Yazigi, sin embargo, está encubriendo la verdadera naturaleza de las cosas: las AFP, por períodos cada vez más largos, no están entregando rentabilidad real a sus afiliados, los que ven como sus fondos se deterioran mes a mes. A pesar d e haberse establecido diversos fondos alternativos, desde el A hasta el E, con variables niveles de riesgo y seguridad, todos ellos han experimentado porcentajes importantes de deterioro.

Lo curioso e indignante del caso, es que al mismo tiempo en que los cotizantes sufren con el daño que experimentan sus ahorros las Administradoras experimentan un notorio incremento en sus utilidades. Según reportó la Superintendencia de Pensiones, en los primeros nueve meses del 2023, sus utilidades se elevaron a 349.365 millones de pesos, superando en un 11,4% el valor correspondiente al mismo período de 2022.

En buenas cuentas, los cotizantes están pagando ingentes sumas a las Administradoras para que estas entidades, que se suponen expertas en manejos financieros, no resguarden los ahorros de los trabajadores sino que los arriesguen en aventuras bastante irresponsables. Además, a todas luces constituye un abuso el solo hecho de que las comisiones aplicadas no se apliquen sobre las rentabilidades logradas sino sobre los ya dañados saldos de ahorro de los afiliados.