Un Chile a la caza de brujas.

Wikipedia (sí, Wikipedia) nos enseña que la expresión “caza de brujas” se refiere a la búsqueda de brujos y brujas o pruebas de brujería, que sirve de base para poder acusar a una persona, someterla a un juicio sumario y finalmente condenarla, en la mayor parte de los casos,  a la muerte en la hoguera. Esta práctica, propia de Europa Central a inicios de la Edad Media, fue utilizada mayoritariamente por la Iglesia Católica para perseguir sin límite y en la mayoría de los casos sin fundamento, a aquéllos que no se ajustaban  al  orden establecido, entiéndase por ello, la Cristiandad.

Estas “cazas de brujas” propias de la Edad Media, siguen ocurriendo en la actualidad y se sustentan hoy en día en una suerte de pánico moral, que lleva a un sector de la sociedad a perseguir de forma extremadamente sesgada a alguien que se percibe como enemigo, emitiendo juicios y dictando verdaderas sentencias sociales de manera apresurada e independientemente de la inocencia o culpabilidad real del acusado.

El fenómeno de la corrupción se ha transformado en estos últimos años en una prioridad para la ciudadanía. Transparencia Internacional, organismo independiente dedicado a medir los índices de percepción de corrupción en el mundo,  publicó en Enero de 2017 el Índice de Percepción de Corrupción correspondiente al año 2016, colocando a Chile en el lugar 24 de 176 países, un lugar por debajo de la clasificación que tenía en el año 2015 (lugar 23) que era a su vez similar a la clasificación que Chile tenía en el año 2008 (lugar 23).

Pese a estos resultados, que a nivel mundial reflejan un país con índices de corrupción relativamente bajos y estables (se movió un lugar a la baja en los últimos 8 años), el aumento observado de casos de corrupción a nivel empresarial, político y gubernamental ha despertado en la ciudadanía una preocupación legítima por este tema.

Existe un aparente consenso entre chilenos y chilenas en que la corrupción es inaceptable, sin importar de quien venga. El país exige que los actos de corrupción se identifiquen, denuncien, investiguen y sancionen con el máximo rigor de la ley, de manera de evitar que este mal siga propagándose, llegando a comprometer la integridad de nuestra sociedad.

La sociedad parece requerir de sus autoridades y representantes, que no solo actúen de acuerdo a la ley, sino que lo hagan de acuerdo a los más altos códigos morales y requerimientos éticos.

Esta exigencia ciudadana por mayores grados de honestidad e integridad, es una señal claramente positiva y en el sentido correcto, ya que indica que existe un importante nivel de conciencia  que hace inaceptable la corrupción institucionalizada en los estamentos más importantes de nuestra sociedad.

Sin embargo, en forma paralela a la legitima función ciudadana de fiscalización y denuncia de actos de corrupción que se ha desarrollado en Chile, hemos observado como en los últimos años se ha dado rienda suelta a una especie de caza de brujas, en que empujados por bajos  intereses políticos y económicos, algunos sectores de la prensa, algunos grupos de poder e importantes sectores de la ciudadanía someten a verdaderos juicios sociales, en forma apresurada y en ocasiones sin mayor fundamento, a ciudadanos que ocupan algún cargo de representación popular o de gobierno.

Nadie tiene derecho a pedirnos que renunciemos a nuestro rol de monitorear y fiscalizar a nuestros representantes y autoridades en el ejercicio de sus funciones; por el contrario, es nuestro deber y obligación ciudadana ejercer este rol a cabalidad. Sin embargo, es necesario que esta función contralora sea ejercida de manera seria y responsable. Las acusaciones al voleo, las denuncias motivadas por intereses mezquinos y las imputaciones sin fundamento alguno, no contribuyen de manera alguna a avanzar en el esfuerzo por terminar con los actos de corrupción; por el contrario, estas acciones propias de la caza de brujas del medioevo, comprometen la credibilidad, le quitan validez y le restan eficacia a la función fiscalizadora que nos compete en tanto ciudadanos.

Es por ello, que no resulta suficiente con preocuparnos por el tema de la corrupción; no resulta suficiente con hacernos eco de cuanta denuncia llegue a nuestras manos. Es necesario que nuestro compromiso por combatir la corrupción vaya un paso más allá, obligándonos como ciudadanos informados y con capacidad crítica, a colaborar activamente, con seriedad y responsabilidad en la identificación, denuncia, investigación y sanción de estos hechos.

Asumamos nuestra responsabilidad y rol ciudadano en la lucha por erradicar la corrupción, sin hacernos cómplices del exacerbamiento de una caza de brujas que solo contribuye a la desintegración de nuestro tejido social. Concentremos nuestros esfuerzos en la educación de nuestros jóvenes y en la fiscalización efectiva de nuestros representantes y autoridades, más que en la descalificación panfletaria.

Hagamos de la lucha contra la corrupción una tarea prioritaria de todos nosotros; que ejercida de manera responsable y teniendo como norte el bien común, nos permita heredarle a nuestros jóvenes una sociedad más sana y un Chile mejor.

Maroto, Canadá.