Un matrimonio muy peligroso.

René Fuentealba Prado

Las encuestas muchas  veces dicen cosas importantes. Los exegetas muchas veces las van apremiando  para que aparezcan diciendo lo que nunca dijeron.   El estudio de opinión presentado el viernes 18 de agosto por el Centro de Estudios Públicos, muestra meridianamente una fuerte desafección por los partidos políticos y sus alianzas y coaliciones. Muestra, asimismo, un juicio positivo sobre los rostros nuevos que no aparecen involucrados en conductas repudiables. Castiga fuerte al Gobierno actual. Pero, lo más preocupante es constatar que un porcentaje superior al 62% siembra la incertidumbre con un “no sabe / no responde”.

A otra cosa, mariposa.

La prensa ha publicado la información relativa a las personas que configuran los grupos de asesores económicos de las candidaturas de Hillary Clinton y de Donald Trump, en los Estados Unidos. Mientras el staff de la candidata demócrata está formado por un núcleo duro que integran académicos y funcionarios o ex funcionarios de importantes organismos públicos, nacionales o internacionales, muchos de ellos en el nivel de los 30 años de edad, el staff técnico de Trump lo forman empresarios y ejecutivos de fondos de inversión, de empresas petroleras, de bancos y entidades financieras, de gigantescos consorcios inmobiliarios, etc.

En efecto, reconocen filas con Clinton, Michael Shapiro y Michael Schmidt, jóvenes asesores de Barak Obama; Jacob Leibenluft, asesor del actual presidente en materias laborales; Larry Summers de la Universidad de Harvard; Neera Tanden, dirigente del “Centro para el progreso de América”; Ann O´Leary, de la Universidad de California; Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía; Alan Krueger, doctor en Economía de Harvard; los académicos de Princeton  Alan Blinder y del reconocido Instituto Tecnológico de Massachusetts Simon Jonson; Aaron Chatterji de la U, de Duke y Heather  Boushey, del Centro para el Crecimiento Equitativo de Washington.

En la vereda del frente, asesoran a Trump, entre otros: David Malpass de la consultora Encima Global; Stephen Moore de la neoliberal Heritage Foundation; Andrew Beal, banquero; Steven Roth, multimillonario promotor inmobiliario; Howard Sorber, agente inmobiliario y dueño de fondos de inversiones; Steven Mnuchin, alto ejecutivo de Dune Capital Managment, otro fondo de inversión: Tom Barraca, de Colony Capital;  Stephen Calk, banquero,  y Dan Di Micco, también banquero y poderoso industrial del acero.

Lo expuesto permite formarse un claro panorama acerca de las orientaciones que tendrá el eventual gobierno de cada  candidatos. Oportunamente, Sanders, el rival de Hillary en las primarias demócratas, llamó a impedir que los grupos financieros de Manhattan, sigan controlando la política del país más importante del planeta, con inusitado éxito especialmente entre las nuevas generaciones.

Ahora, es necesario regresar al punto de partida. La desorientación ciudadana, expresada en ese significativo 62% de “no sabe / no responde”, exige una rehabilitación moral de la actividad política y de los políticos. La mediatización de la política, promovida particularmente por la televisión, ha llevado a que las personas, cada vez con mayor frecuencia, vuelquen su apoyo a figuras del espectáculo y de la farándula sin medir las consecuencias prácticas de sus decisiones. Pero, lo más importante, evidentemente, tiene que ver con los aspectos éticos que están involucrados en los variados campos de la función pública, tema que se abordará en un próximo comentario.

Por ahora, se hace necesario llamar la atención en un punto que es útil para despejar el terreno: los riesgos y costos de la relación incestuosa, pecaminosa, entre el dinero y la política.

En el último tiempo, las investigaciones judiciales han hecho público el oscuro financiamiento de la política. No se trata,  en los casos conocidos,  sólo de aportes ilegales e ilegítimos a candidaturas y partidos, sino de conductas fraudulentas (de delitos, para decirlo más claramente) de los intervinientes en este proceso, tontamente justificadas con el pueril argumento de que “todos hacen lo mismo”. Más grave aún, es que algunas colectividades o sus personeros hayan sobrepasado el muro de la vergüenza al requerir recursos de quienes  formaron parte de un Gobierno que los persiguió y al cual siguen denunciando constantemente mostrando una inconsecuencia injustificable.

Sin embargo, si se mira hacia el futuro,  los peligros son evidentes. Si se tiene en debida consideración el hecho de que un centenar de familias –grupo que podría habitar en cualquier edificio mediano del país- es propietario de un 20% de la riqueza nacional, se está ante un nivel de concentración de la riqueza alarmante. El liberalismo político, que permitió el desarrollo y consolidación de las democracias occidentales, niveló la cancha al consagrar el sufragio universal y al igualar a todos los ciudadanos conforme al principio de “una persona, un voto”, lo que hace posible el control ciudadano sobre los poderes económicos y financieros.  Permitir que “dinero” y “política” se reúnan en una sola mano, implica un riesgo enorme en perjuicio de las grandes mayorías nacionales y, particularmente, de los sectores más vulnerables.

Sólo un Estado fuerte, independiente en su gestión de los núcleos que concentran los diversos aspectos del poder, puede garantizar que la gestión pública esté orientada al servicio del bien común y no de intereses sectoriales.

Discernir adecuadamente a quien o a quienes se les confía la gestión del Estado, es de responsabilidad de cada ciudadano. Es hora de transitar desde “el no sabe / no responde” a la decisión reflexiva y madurada, sin dejarse confundir ni por los eslóganes ni por la publicidad abrumadora ni por la farándula ni por el populismo inconducente.