Una nueva ley de defensa de la democracia.

El 3 de septiembre de 1948, siendo Presidente de la República el radical  Gabriel González Videla, se publicó  la Ley 8.987 llamada  de Defensa Permanente de la Democracia. Sus normas declararon fuera de la ley al Partido Comunista, privaron  a sus militantes de sus derechos cívicos, le quitaron sus cargos de representación popular y fueron usadas para perseguir con dureza a organizaciones y dirigentes sindicales, e incluso a abogados,  de todos los colores. Casi diez  años más tarde, el 6 de agosto de 1958,  bajo el mandato de Carlos Ibáñez del Campo, la ley 12.927, impulsada por el Bloque de Saneamiento Democrático,  derogó la conocida como “ley maldita”. En verdad, la referida ley nunca defendió  la democracia.  Más bien, fue un instrumento utilizado contra los opositores al régimen de la época y para reprimir paros y huelgas.

Resultaría  extraño, en pleno siglo XXI, que alguien promoviera la dictación de una nueva Ley de Defensa de la Democracia.

De más está recordar que la Democracia en su esencia consiste en el gobierno de las mayorías con pleno respeto a los derechos de las  minorías. Razonando a partir de ese concepto mínimo, es posible colegir que un determinado régimen perfectamente puede haber alcanzado el poder democráticamente a través de mayorías electorales indubitadas  y luego, durante su gestión, derivar a actuaciones impropias de este sistema político. Sobran los ejemplos al respecto. Asimismo, los regímenes que buscan perpetuarse en el poder, que instauran una política de partido único, que no respetan los derechos de las personas, y que no conciben la alternancia en el poder como una posibilidad  real, contradicen sus principios  en la palabra y en el espíritu. En general, las “democracias con apellidos” (autoritarias, populares, protegidas, etc.) no son sino engendros destinados a ocultar perversas intenciones.

Chile, con diversas limitaciones evidentes (una de las cuales, el sistema binominal, que permitía el empate de mayorías y minorías, fue suprimida), en general  responde a los parámetros con los cuales se reconoce jurídica y políticamente un sistema de esta naturaleza.

Lo dicho, nos debe llevar a analizar, aunque sea parcialmente por ahora, cuáles son los enemigos que acechan al régimen democrático.

Uno de estos enemigos, por supuesto, es el populismo, que puede ser tanto de izquierda como de derecha. . El tema es de por sí tan complejo que amerita un tratamiento intensivo, terapia que requiere estudios de diversa naturaleza y que, posiblemente, podamos abordar en otra oportunidad.

Otro tema es el relativo a la  democracia formal. Cada día es más evidente que para la inmensa mayoría de la ciudadanía la democracia no es más que un rito de carácter electoral que se cumple concurriendo periódicamente a depositar un papel en una urna. Esto, que hasta hace poco era un compromiso y un deber, hoy es una molestia que nos interrumpe un día de descanso. La minoría que concurre a sufragar, siente que su gesto es irrelevante y que sus representantes, así elegidos, olvidarán sus promesas de campaña, se contradirán una y mil veces, y jamás rendirán cuenta a sus mandantes. La normativa no permite hacerles efectivas sus responsabilidades, revocarles sus mandatos cualquiera haya sido su forma de actuar.

En general, los afanes de perpetuarse en el poder son vistos respecto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en Chile, los parlamentarios han pasado a ser una verdadera casta familiar y hereditaria que busca con persistencia mantenerse en sus cargos, promover a sus cónyuges, hijos y hermanos, trasladarse de un distrito o una región a otro con la mayor impudicia, obstaculizando toda posibilidad de renovación política con los consiguientes beneficios para la comunidad.

Finalmente, aunque puede haber mucho más paño que cortar, uno de los temas de actualidad más llamativo es el de la corrupción. Tras el estallido casual del llamado “caso Penta” salieron a flote los centenares de casos, por miles de millones de pesos, de financiamiento delictivo de la política. Todos los involucrados proclaman su inocencia y están a la espera de que hábiles abogados les obtengan medidas alternativas o reparatorias que les permitan seguir en la actividad. Su actuación ha implicado no solo un fraude tributario sistemático al Estado sino también la práctica del cohecho masivo a través de la compra de los cargos de representación popular. Hoy, ha quedado al descubierto otra arista de esta trama: la defraudación fiscal a través de “asesorías”, de las cuales solo una mínima parte responde a los requerimientos técnicos propios de la función parlamentaria ya que el mayor número está constituido por mecanismos espurios de financiamiento de los partidos y por el montaje de bien aceitadas maquinarias destinadas precisamente a perpetuarse en los cargos. Ejemplos destacables constituyen los 16 asesores que en promedio tiene cada senador o el del diputado que ha pagado  con recursos fiscales casi 50 millones de pesos a una persona para que le administre sus redes sociales.

Así como en 1958 se constituyó un Bloque de Saneamiento Democrático para derogar la histórica “ley maldita” será necesario reconstituir un pacto de esa naturaleza ahora para salir en Defensa Permanente de la Democracia y poner atajo a los depredadores que la acechan.