ANTECEDENTES DE UNA CONSTITUYENTE INCUMPLIDA (PARTE II)

Desde Venezuela.

El 31 de julio se cumplieron dos años de la elección y posterior instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en lo que continúa siendo un fraude permanente a la Constitución de 1999.

En 2017, volvimos de cierta forma al escenario de 2005. La oposición no inscribió candidatos porque las condiciones para elegir este organismo de medio millar de miembros, hacían prever una victoria abierta del régimen. El subterfugio fue dar sobrerrepresentación a zonas favorables al oficialismo e impactar de manera negativa el apoyo de la oposición en las zonas más densamente pobladas, pero eso es harina de otro costal.

Unas de las primeras “decisiones” de la ANC fue declararse originaria y sin un límite de tiempo claro; de esta forma se abrogaba el rango de supraconstitucional, es decir, un poder sobre todo por las normas y poderes, y eso incluye a la misma constitución vigente.

En los dos años transcurridos, el organismo se ha instalado como una Asamblea Nacional de facto, barnizando de legalidad, por lo menos en lo interno, a decisiones del ejecutivo.

Mediante la figura de decretos constituyentes, toma para sí funciones del poder legislativo y también del ejecutivo. De esta forma se comparte con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las responsabilidades que se sustraen a la AN elegida en 2015.

Ese mismo año 2017, la ANC promueve la convocatoria de las elecciones de gobernadores de estado, los partidos políticos mayoritarios no presentan candidatos de manera oficial, algunas organizaciones pequeñas sí participan; ésa es la principal característica de los autoritarismos hegemónicos, tener una oposición pequeña que no es amenaza electoral, mientras que se inhabilitan, persiguen y encarcelan dirigentes con liderazgo, y se inventan fórmulas para ilegalizar los partidos.

Algunas individualidades se presentan como candidatos por fuera de sus partidos, cinco de ellos “ganan” las elecciones, sobre todo los fronterizos y estratégicos estados Zulia y Táchira. La ANC indica que se deben juramentar como tales, ante su directiva. Juan Pablo Guanipa, electo por el Zulia, se niega, porque equivale a dar legitimidad política a un organismo que no reconoce; los otros cuatro sí acuden.

Las consecuencias de esta decisión, son en primer lugar, que a Guanipa se le despoja del cargo para el que fue electo. Los demás gobernadores terminan siendo figuras simbólicas sin poder real, porque como ha sido costumbre se nombran funcionarios “protectores” de esos estados y hacia ellos se dirigen los recursos. Por otra parte, en la oposición ocurren dos cosas, a lo interno de los partidos se producen expulsiones no muy convincentes de esos elegidos, y aumenta la desconfianza dentro de la alianza opositora, ¡divide y vencerás!

En esa aritmética electoral falta una sexta víctima. Andrés Velásquez obtiene los votos y demuestra que la data electoral ha sido modificada y que le ha sido escamoteado su triunfo, su caso aún no ha sido resuelto por el TSJ en su sala electoral y Velásquez tampoco contó con el apoyo de los demás partidos, nadie da explicación sobre esa actitud de la dirigencia política.

La ANC continúa en su actividad de arbitrar el escenario político. En concordancia con el TSJ, se ocupa de lo humano y lo divino, destituye a la Fiscal General de la República y nombra en su lugar a Tarek William Saab -quien por un tiempo asume simultáneamente como defensor del pueblo y fiscal- aprueba créditos adicionales al presupuesto, destituye a funcionarios electos, allanamientos y encarcelamientos de diputados de la AN se hacen comunes y pare de contar.

Mientras tanto, Nicolás Maduro, a pesar de manejar estos hilos de poderes fácticos, tiene la presión internacional para que se produzca un cambio de gobierno. La Unión Europea es de la opinión que se adelanten las elecciones, algo que no es posible porque Venezuela no es un régimen parlamentario, y según la constitución, la única forma de adelantar elecciones, es para suplir la ausencia definitiva del Presidente de la República. En términos prácticos, la sugerencia es la renuncia como una forma de buscar soluciones a la grave crisis política, económica y social.

Pero la ANC, de manera rápida se inventa un adelanto de elecciones presidenciales para mayo 2018, quedando en el ambiente una interrogante; la fecha de entrega del poder se mantiene el 10 de enero, de haber perdido ¿qué hubiera pasado? Porque el escenario era de siete meses, con un presidente electo y otro en ejercicio del poder, siendo minoría electoral demostrada, pero dejemos eso hasta ahí porque la historia no se basa en supuestos, y suficiente tenemos con la realidad.

¿Es legal la ANC? Los expertos venezolanos en derecho constitucional dicen que no, y, por lo tanto, sus actos son nulos, pero eso es en un escenario donde se respeta el estado de derecho. Los países del Grupo de Lima y la Unión Europea no la reconocen, no obstante y sólo como ejemplo, en su visita en junio, la Dra. Michelle Bachelet, sostuvo reuniones con actores políticos y eso incluyó a miembros de la ANC.

Recientemente, el periodo de la ANC fue extendido hasta 2020, sin fecha exacta de terminación de “su mandato”. Y a propósito de mandatos, hasta el momento, no hay ninguna discusión ni nada publicado, sobre el nuevo texto constitucional que debía salir de sus deliberaciones.