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Déjennos trabajar tranquilos.

Esteban Lobos, analista económico.

Hace algunos meses, un alto personero del gran empresariado,  lanzó el grito desgarrador que encabeza este comentario: “Déjennos trabajar tranquilos”.  Recientemente, otro hizo presente lo duro que es ser empresario en este país. Más aún: cuando Andrónico Luksic, el hombre más rico de Chile, abandonaba los tribunales a los que había concurrido en razón de su querella por injurias en contra del diputado Gaspar Rivas, recibió una pedrada en la cabeza lanzada cobardemente por un manifestante opositor a la central Alto Maipo que  promueve precisamente Luksic.

Lo primero es lo primero. Cualquier análisis sobre esta materia requiere hacer una distinción elemental. Por un lado, están las medianas, pequeñas y mini empresas que, más allá del volumen de su actividad y del número de trabajadores que ocupan, se caracterizan por la dedicación personal que a ella consagran día a día sus propietarios y que subsisten en medio de un mar de zozobras ya que sus clientes (las grandes empresas) no les pagan oportunamente obligándolos a endeudarse en la banca con elevadas tasas de interés. En la vereda de enfrente, están las grandes empresas productivas, financieras, de comercio, muy ligadas entre ellas  y que, como se dijo, son las que frecuentemente ahogan a las “mipymes”.  Meter a todos estos actores en un mismo saco, (como se hizo durante la Unidad Popular al  pretender  mostrar como si fueran comunes  los intereses del quiosquero de la esquina con los de la “papelera”), resulta irrisorio.

Si se miran las cosas fríamente, es evidente que el gran empresariado  lleva casi cuatro décadas gozando de casi absoluta libertad en todos los ámbitos de su actividad. Incluso en sectores legalmente regulados, como el relativo a las tasas máximas de interés y a la prohibición del “anatocismo” –aplicación de intereses sobre intereses-,  se las han sabido ingeniar lo más bien, con la asesoría de los grandes estudios de abogados, para burlar persistentemente la normativa vigente. Así, el sector retail ha logrado utilidades extraordinarias más que con la actividad comercial propiamente tal, con su actividad accesoria de carácter financiero, lo que les ha permitido consolidar enormes fortunas (Solari, Paulmann, Saieh). Las escasas veces en que se han logrado probar judicialmente sus malas conductas, las sanciones efectivamente aplicadas se han traducido en una burla a los derechos de sus víctimas.

El 1 de diciembre pasado, el Instituto Nacional de Estadísticas y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), se sumaron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en la tarea de probar la “presunta” (así la califica  El Mercurio) colusión de los supermercados Unimarc, Santa Isabel, Jumbo y Lider, para convenir  los precios de la carne fresca de pollo en perjuicio, por supuesto, de los consumidores.

Pocos días más tarde, se filtró la información de que la “Papelera” (otra vez), se había coludido con la estadounidense Kimberley-Clark  desde hace más de doce años, para repartirse el mercado de los pañales desechables, todo ello cuando aún estamos con la colusión del confort y el papel tissue sin resolver. Felizmente, esta conducta delictiva estaba prescrita.

En el intertanto, la fundación Generación Empresarial y El Mercurio, encuestaron a los principales empresarios, altos ejecutivos y directores de empresas buscando hacer una evaluación del año económico 2016 y una proyección del 2017. A la pregunta: “¿Cómo augura que será 2017 en materia de comportamientos éticos empresariales?”, un 11% cree que se develarán más casos de escándalos, un 20% cree que habrá igual cantidad de escándalos que en 2016, y un 51% piensa que la cantidad de escándalos disminuirá. La encuesta notoriamente incurre en errores graves, toda vez que homologa escándalos de mayor y de menor cuantía  y no establece ningún rango para catalogar la eventual disminución (puede ser un o muchos casos).  Como el gran empresariado debe renovar sus directivos  en 2017, debe destacarse que el 71% de los encuestados espera que los nuevos dirigentes “debieran ser líderes con sentido ético, respeto por la dignidad humana y compromiso con el bien común” , abrumadora mayoría que nos permite dormir tranquilos.

Para cerrar el año, la Asociación Gremial AB Chile (Alimentos y Bebidas de Chile) que preside el ex ministro del Gobierno Piñera Rodrigo Álvarez y que acoge en su seno a Andina, Embonor, Coca Cola, CCU, Carozzi y Nestlé, lanzó una agresiva campaña en contra de la normativa de etiquetado de productos y que alerta sobre el daño a la salud que pueden causar sus altos y peligrosos contenidos. La explicación es clara: tal daño se indica en función de una cantidad de 100 gramos y no en razón de la dosis que habitualmente se consume. Para ello reclutó al inefable Luis Jara, a la actriz María Gracia Omegna,  a la atleta Isidora Jiménez, a la boxeadora Carolina Rodríguez, al periodista Iván Guerrero y al chef Yann Yvin. Álvarez no precisó si tales personas lo hicieron voluntariamente por una natural preocupación por la salud de los chilenos o remuneradamente. Tampoco aclaró por qué razones alimentos saludables como la avena, desde que se inició la exigencia del etiquetado, han subido su precio en casi 70% a la vez que, concertadamente, han achicado el contenido de sus envases de 1000 a 900 gramos, como para que el alza no se note tanto.

¿Serán necesarias mayores dosis de libertad para el gran empresariado chileno?

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