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EDITORIAL

¿ORDEN Y PATRIA?

El 21 de Mayo estuvo  marcado por la muerte de un funcionario municipal en Valparaíso a consecuencia del actuar cobarde e  irresponsable de algunos manifestantes. Hace un año atrás, un estudiante quedó gravemente herido en la misma ciudad a causa  del torpe actuar de un funcionario policial.

Se trata de dos hechos graves y trágicos que tienen un signo común: el menosprecio por la vida humana.

Las sociedades democráticas están siempre  enfrentadas a un permanente contrapunto entre las manifestaciones de ciertos grupos que pretenden llamar la atención sobre sus demandas no solo expresándolas sino a través de la destrucción y del vandalismo, y el actuar de la policía que, teniendo el monopolio legal del uso de la fuerza busca imponer el orden público.

Los autores del homicidio de Eduardo Lara es probable que estén felices y realizados por su exitosa hazaña y no vean este crimen sino como un hito en su lucha. Para ellos – seudo defensores de los pobres – la muerte de un trabajador inocente y  la tragedia de su familia diezmada por su furia delictiva, no cuentan. Son hechos que pasaron simplemente porque pasaron.

En la otra vereda, está el actuar policial. El cuerpo de Carabineros de Chile en la última década ha sido beneficiado con un incremento significativo en cuanto a personal y equipamiento, pero es evidente que no cumplen bien sus tareas, de forma racional y eficiente. Como señalara una destacada periodista, la policía uniformada, enfrentada a una situación de conflicto, opta por las barridas generales y violentas, que luego se traducen en detenciones masivas y liberaciones casi totales porque no hay cargos graves ni pruebas sólidas para inculpar a los hechotes.

Sorpresa  causaron las desafortunadas declaraciones del General Director  de Carabineros, luego de los hechos y, más aún, las declaraciones de la Presidenta estimando que la policía uniformada habría visto inhibido su actuar como consecuencia de los hechos que causaron graves lesiones al joven Avilés en 2015. Cualquier hijo de vecino puede, en un juicio de valor, hacer presente la responsabilidad de los padres ante un hecho delictivo cometido por sus hijos, o la responsabilidad de la familia, de la escuela o de la comunidad religiosa pero es evidente que las fuerzas de orden y seguridad han sido creadas para actuar en los casos en que los “controles sociales” no han funcionado para, de esta forma, proteger a la comunidad.

El país ha pasado meses discutiendo la “agenda corta antidelincuencia”, especialmente en cuanto a controles de identidad. Sin embargo, estos están expresamente autorizados en el artículo 85 del Código Procesal Penal para casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que la persona hubiere cometido o intentado cometer un crimen o simple delito o de que se dispusiere a cometerlo o de que pudiere suministrar información útil para su indagación, “sin orden previa de los fiscales”. ¿Cómo se explica entonces que no se controle a portadores de bombas molotov, armas, o combos de construcción apreciables a simple vista?

La inmensa mayoría reclama actitudes y respuestas diferentes. La conducta  de minorías extremistas no puede poner en jaque al país, bloqueando calles, tomando colegios, destruyendo equipamiento público. Los estudiantes tienen todo el derecho a manifestarse y reclamar beneficios pero no pueden dejarse manipular por ciertos grupúsculos que abusan de las libertades que les otorga el sistema democrático. Pero la policía uniformada tiene el deber de resguardar eficazmente el orden público entendiendo que no son una fuerza represiva sino una fuerza al servicio de la democracia y de las libertades y derechos ciudadanos.

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