«La violencia debe ser desterrada de la vida nacional… esto no se resuelve con respuestas técnicas, burocráticas ni policiales por sí solas, todas las expresiones de violencia que vivimos, tienen un origen político, social, cultural , sociológico y, sus respuestas pasan por propuestas que apunten a  cambios culturales, cambios conductuales y planes integrales de salud mental para la ciudadanía. Los profesionales del área, las universidades, las instituciones todas y el estado deben hacerse cargo del tema, con autocrítica y real compromiso con el tema.»

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EDITORIAL: EL CAMINO EXTRAVIADO

En una sociedad democrática, los distintos sectores sociales tienen el legítimo derecho a presentar sus demandas, a articularlas, a visibilizarlas, a presionar tras la búsqueda de soluciones.

No puede desconocerse, por otra parte, que muchas veces los medios formales de comunicación silencian o desfiguran estas movilizaciones entendiendo que su compromiso primordial no es con la comunidad en general sino con sus avisadores o, peor aún, con determinados grupos de interés a los cuales representan y defienden, abierta o solapadamente.

Los conflictos sociales tienen, por supuesto, un sinnúmero de matices que conviene tener presentes.

Con frecuencia las demandas o, al menos, el tiempo o la urgencia de las demandas, son determinados por grupos minoritarios cuya actuación está impregnada de audacia y que quieren entender que la inmediata radicalización de sus procedimientos los legitima y los hace respetables o temidos. Carentes de toda racionalidad, no trepidan en usar cualquier método, escudados en el anonimato, sin medir consecuencias. Las tomas infinitas, acompañadas del daño a los bienes públicos o de las instituciones a las cuales dicen defender, constituyen su herramienta de trabajo. La absurdidad de sus conductas la muestra un eslogan visto en la Universidad de Concepción; “Facultad en toma, hasta el socialismo”.

Se desconoce, por otra parte, que entre los manifestantes y quienes están llamados a dar respuesta a sus demandas (Gobierno, Municipios, autoridades universitarias….),  hay un mundo de personas concretas y reales que terminan siendo las víctimas inocentes del conflicto. No se trata solo de estudiantes que simplemente desean tener clases o adquirir una formación técnica o profesional adecuada sino de personas que necesitan sus documentos para trámites impostergables o, lo peor, de personas a las cuales se les niega el derecho a la salud, a la atención médica que han estado esperando por meses y meses. ¿Hay algo tan extremo que pueda justificar un paro indefinido de los trabajadores de la salud? Frente a estos procederes, hay un  mundo que no grita, que no destruye, que no dispone de cobertura mediática, que está integrado muchas veces por niños o por ancianos,  los más pobres de entre los pobres, que se transforma en rehén de grupúsculos anónimos e irresponsables.

La democracia, es obvio, reclama autoridad no para mandar sino para ejercer su cargo y sus funciones con racionalidad y sentido de la eficiencia y de la urgencia. Otra pregunta: ¿Hay algo que justifique que luego de cinco años una escuela siga funcionando en insalubres contenedores? ¿Hay algo que explique que en un establecimiento educacional no se reparen los baños o las techumbres?

Una comunidad viva, organizada, debe exigir soluciones y respuestas. Hay muchos caminos para alcanzarlas. Pero, abusar de la violencia, secuestrar de hecho a los indefensos para así presionar, no es la vía conducente a los objetivos perseguidos. Ese es claramente un camino equivocado.

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