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EDITORIAL: ¿Hasta cuándo?

La semana estuvo marcada por dos hechos de especial gravedad.

El viernes 13 de enero, el economista y presidente del Directorio de Codelco Óscar Landerretche Moreno, recibió en su domicilio de la comuna de La Reina un paquete de regalo entregado por una mujer. Al abrirlo, éste explotó causando lesiones de cuidado pero  de menor gravedad tanto al destinatario de la encomienda como a la asesora del hogar.

El domingo 15 de enero, José Retamal Medina, de 48 años de edad, cuidador del fundo Clarisa, en el sector de Cayucupil, aledaño a la localidad de Cañete, murió  calcinado, víctima de un ataque incendiario ejecutado en la madrugada de ese día. Los atacantes, además, dieron muerte a su perro estrangulándolo con un alambre. Curiosamente, el predio estaba en trámite de adquisición por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI,  para ser asignado a las comunidades mapuches Rucañirrue y Luisa Huichalén.

El atentado a Landerretche se lo adjudicó un grupo “ecoterrorista” autodenominado “Individualistas tendiendo a lo salvaje”. Por su lado, en el lugar del ataque incendiario solo se encontró un panfleto manuscrito con vagas reivindicaciones y amenazas.

Si bien ambos casos no son comparables ni por el lugar en que sucedieron ni menos, por supuesto, por las consecuencias que provocaron en sus víctimas, no resulta muy ilógico pretender asimilarlos para efectos de su debido análisis.

Landerretche preside una empresa que, de más está decirlo, es vital para la economía del país y a la cual, sucesivos gobiernos desatendieron y descapitalizaron como si fuera un barril sin fondo. Las políticas tendientes a reducir costos, dolorosas pero indispensables, se han aplicado con equidad y responsabilidad, virtualmente con cero conflicto laboral, al tiempo que se ha logrado el compromiso del Estado para inyectarle recursos que permitan su salvataje en el mediano plazo. Hasta ahora, los antecedentes demuestran que éste no fue un atentado ni contra la persona del ejecutivo mencionado, ni contra Codelco como empresa, sino contra la estabilidad política, económica y social del país.

Por su parte, el cobarde asesinato  del trabajador Retamal tampoco puede enmarcarse  en el tipo de ataques que se han producido en el ámbito del llamado “conflicto mapuche” y cuya caracterización está signada por la reivindicación territorial y por el rechazo a las empresas forestales. Al contrario, en el caso, la propia presidenta de la comunidad Huichalen, Limna Ramírez Chanqueo ha dicho: “no queremos terrorismo en nuestra tierra”. Es obvio, entonces, que el ataque fue ejecutado por individuos que buscan hacer fracasar toda solución que implique avanzar en materia de paz social.

Ambos casos exigirán un fuerte trabajo de las policías para individualizar a los hechores, que puede tener cierto éxito en el área urbana pero difícilmente, por lo que se ha visto, en sectores rurales. Ambos casos, al parecer, sirven para mostrar la absoluta incompetencia de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, cuyos funcionarios (por lo que se comenta,  ya que toda su operación es de carácter reservado) son burócratas que atisban la realidad del país desde la comodidad de sus escritorios en Santiago.  Ambos casos permiten constatar la permanente vacilación y los titubeos que han tenido tanto éste gobierno como sus antecesores en definir políticas  que junto con ir al fondo mismo de los problemas comprometan en su accionar al mundo enorme de los ciudadanos que no buscan beneficios económicos ni políticos sino una convivencia propia de una comunidad civilizada.

La legitimación de la fuerza y de la violencia, ya sea gremial, discursiva o comunicacional, definitivamente no es el camino para abordar nuestros problemas. Cuando se guarda silencio frente a conductas que privan de sus más elementales derechos a usuarios de los servicios públicos  generalmente pertenecientes al mundo de las personas más vulnerables, se está tolerando la extorsión y se está aplicando una pedagogía social que lleva implícito el mensaje de que lo que no se logra por la razón se puede lograr por la fuerza.

En todos estos casos, no solo hay irresponsabilidad sino una enorme cobardía moral. Si a alguien se le permite jugar con la vida, la salud o las necesidades concretas de las personas, no faltará el descerebrado que entenderá que a él le está también permitido ir un poco más allá: asesinar inocentes. Total, se trata de un juego de nunca acabar.

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