EDITORIAL: LA GESTIÓN DE LA CIUDAD.

El martes 6 de diciembre,  asumieron su cargo los alcaldes y el equipo de concejales  electos en las últimas elecciones en las diversas comunas del país. Se inicia así un nuevo cuadrienio que culminará en el año 2020. Su  gestión se evaluará no solo por los triunfos o derrotas individuales sino,  fundamentalmente,  por su capacidad de convocar a un mayor número de vecinos a las tareas del desarrollo local.

Un somero vistazo a lo que ha sido la gestión comunal en el país, con muy honrosas y destacables excepciones, deja una impresión bastante gris. Las significativas facultades que la legislación vigente otorga a los alcaldes, han sido utilizadas con frecuencia para aventuras que tienen  el propósito de sustentar una imagen favorable o fines claramente electorales, sin que se muestre una preocupación efectiva por abordar los problemas que, en el día a día, sufren los habitantes.

La labor municipal debiera  enfocarse en dos campos importantes.

Uno, es el de la gestión y administración rutinaria de la comuna, aspecto que tiene que ver con “el día a día de las personas”. Teóricamente, el establecimiento del cargo de “administrador municipal” tenía ese fin: asignar a un funcionario de alto nivel la responsabilidad del gerenciamiento de los servicios municipales, de forma que éstos satisfagan,  eficaz y eficientemente, los requerimientos de la población. Esto, definitivamente,  no se está cumpliendo. El ejemplo más resaltante es el del aseo. Las comunas gastan enormes cantidades en servicios concesionados que simplemente no cumplen su función porque nadie los fiscaliza, perpetuándose un clima de irresponsabilidad y de inmundicia. Las ciudades se llenan de letreros con prohibiciones que nadie respeta, lo que lleva a un libertinaje insoportable. Vehículos aparcados sobre las veredas, indignante contaminación acústica proveniente de fuentes fijas y móviles, empresas que se apoderan de las calles para fines propios en tanto que otras ensucian con su cableado inútil y abandonado, comercio ambulante sin control, etc. Abordar estos problemas requiere liderazgo, coraje para soportar la impopularidad de algunas medidas, creación de conciencia cívica, participación ciudadana.

Por otro lado, qué duda cabe, está el campo estratégico que tiene que ver con proyectos y programas de largo aliento destinados a ir definiendo la naturaleza de cada comuna. Los “planes de desarrollo comunal” han resultado, hasta ahora, claramente insuficientes tanto por su escasa claridad conceptual  como por su desconocimiento generalizado.

Los vecinos, personas en las que se sustenta la soberanía comunal,  deben ser implacables tanto en la fiscalización de sus autoridades locales como en la exigencia del cumplimiento de sus compromisos. El  ejemplo de dos concejalas de la capital que, tras ser elegidas con una buena votación,  renuncian antes de asumir su cargo para postularse ahora a parlamentarias, debe ser categóricamente condenado.

Con persistencia se han denunciado las inequidades intolerables que presenta la sociedad chilena. Ese mismo cuadro se repite al interior de gran parte de las  comunas del país. Los barrios abandonados, carentes de áreas verdes, de pavimento, de integración humana, constituyen el caldo de cultivo de la pobreza, de la discriminación, de la indignación, de la drogadicción y de la delincuencia como su secuela natural.

Las nuevas autoridades tienen una responsabilidad ineludible: Ser capaces de superar la desesperanza y de abrir un horizonte más positivo que respete en los hechos la dignidad de las familias y de las personas.