Lo mínimo que pueden esperar los gobiernos cuando no cumplen las promesas... es el rechazo de la ciudadanía!
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Editorial: O lo uno o lo otro

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

El diario “La Tercera” ha dado a conocer parte de las estratosféricas sumas que la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno, gasta en encuestas. En el primer semestre de 2019, los estudios contratados para conocer el juicio de la opinión pública sobre ciertos hechos del acontecer nacional o acerca de algunas iniciativas del Ejecutivo, superan los 520 millones de pesos. La cifra es solo la punta superior del témpano toda vez que es claro que los diversos ministerios sectoriales gastan en conjunto cantidades largamente superiores como también lo hacen los servicios públicos.

Si a lo anterior se agrega el gigantesco gasto público en remunerar periodistas que trabajan como relacionadores públicos de las autoridades en diferentes ámbitos, la suma puede escalar a niveles inimaginables. Ejemplar resulta el caso de la Ministra Marcela Cubillos quien, al asumir el Ministerio de Medio Ambiente contrató de inmediato una quincena de periodistas, con sueldos millonarios, para difundir “lo que iba a hacer”.

El problema de fondo desde el punto de vista de la ciudadanía responsable radica en que, al mismo tiempo que se declara que no hay recursos para atender a la infancia vulnerable (“los niños primero”) y que  tampoco hay recursos para atender legítimas demandas del sector educacional, se le está entregando al país un mensaje equívoco en cuanto a que la autoridad se siente con el derecho de hacer lo que quiera con los recursos públicos.

Sin embargo, hay ciertos antecedentes   que la opinión pública debe conocer.

Las empresas que reciben los encargos bien remunerados de parte del oficialismo gobernante son la Universidad del Desarrollo, IPSOS, CADEM, Chile Tendencia, Conecta Media y Adimark, varias de las cuales mantienen lazos innegables con la autoridad. Es el caso de la UDD uno de cuyos socios es el Jefe de Asesores y militante UDI Cristian Larroulet; de Adimark, propiedad del militante RN Roberto Méndez; de Chile Tendencia, propiedad de Pablo Lavín, hijo del alcalde de Las Condes Joaquín Lavín; y de CADEM de propiedad de Roberto Izikson ex asesor del primer mandato de Sebastián Piñera. La sola UDD efectuó en el semestre 65 mediciones con un costo fiscal de 241 millones a la vez que CADEM recibía tareas por 214,4 millones.

Los datos dados a conocer periódicamente por las encuestadoras, buscan crear un clima de opinión o distraer a la ciudadanía enfocando su atención hacia problemas alternativos, para lo cual cuentan siempre con la generosa cobertura de los medios de comunicación tradicionales (prensa escrita y televisión abierta) que buscan manipular de forma insensible al ciudadano desaprensivo  tras objetivos de largo plazo.  Así, muchas preguntas son elaboradas para “inducir” determinadas respuestas al tiempo que muchas respuestas son presentadas con alcances que van más allá de lo que efectivamente dicen. En los últimos meses ha habido una evidente campaña para relevar el tema de la sucesión presidencial, para lo cual se recurre a sofisticadas técnicas tales como silenciar que sobre el 50% de los encuestados declaran no tener candidato;  consultar sobre uno o dos candidatos de un sector y múltiples nombres del sector opuesto; presentar en la información de prensa como si fueran equivalentes, preguntas relativas al grado de conocimiento de un determinado personaje con otras tales como quién se cree que va a ser el próximo presidente o quién la gustaría que fuere el próximo presidente.

“El problema” es que todo este trabajo pre-electoral que, sin duda, está orientado a polarizar los comicios presidenciales y a distraer y confundir al ciudadano, oculta “los verdaderos problemas” del Chile real y, lo peor, esconde la forma ineficaz e ineficiente en que quienes están al mando de la nación enfrentan, en el aquí y el ahora, las demandas concretas de la gente. La situación la grafica dramáticamente la tragedia humana y social de Osorno, caso en el cual la acción oficialista se ha reducido a una publicitada visita presidencial de una hora  a la zona afectada,  la amenaza de una nueva visita si el caso no se soluciona y al anuncio de una elevación de sanciones a las sanitarias infractoras. La información oficial nada dice, por supuesto, sobre la relación en materia de financiamiento electoral entre la actual coalición gobernante con Aguas Andinas (matriz de Essal) o sobre el hecho de que el Superintendente de Servicios Sanitarios, responsable público de la supervisión de estos servicios concesionados, provenga precisamente de esa cuestionada empresa.

En síntesis, la cuestión fundamental que debe enfrentar el Gobierno es, para decirlo claramente, o se va a dedicar a solucionar los desafíos y requerimientos  que plantea la realidad actual y que afectan a una enorme cantidad de personas, o se va a dedicar a una operación comunicacional destinada a hacer  creer que se solucionan las cosas aunque en los hechos todo siga igual.

Una de dos. O se gobierna para el país o se gobierna para las encuestas. 

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