Editorial: ¿Un país posible?

En las democracias liberales, que funcionan dentro de ciertos marcos institucionales bien  definidos, los procesos electorales que llevan a la renovación del cuadro de las autoridades políticas constituyen algo casi ritual. En los países de la Europa occidental al igual que en las naciones nórdicas, la sustitución de nombres y conglomerados gobernantes por otros de diferente tendencia, no constituye una situación traumática sino la expresión más auténtica de la soberanía ciudadana que, periódicamente, busca poner nuevos énfasis y acentos en las políticas públicas para abordar los  requerimientos y desafíos que la realidad cotidiana va relevando.

En la actualidad, las anomalías que deben enfrentar están dadas por el surgimiento de grupos tanto de extrema derecha como de izquierda populista que, haciéndose eco de problemas coyunturales muy sensibles para la población (inmigración, pensiones y seguridad social, trabajo y salarios), han logrado marcar territorio. Precisamente,  estos sectores, aun cuando son minoritarios o marginales,  han conseguido imponer estas preocupaciones en la agenda de quienes ejercen el poder. Distinto es el caso de los Estados Unidos en que el actual mandatario alcanza la principal magistratura  no por voluntad popular sino por obra y gracia de mecanismos electorales ampliamente cuestionados, y hace del cargo un ejercicio prepotente  y personalista carente de todo respeto por los derechos de quienes no le son afines y violando constantemente compromisos, acuerdos y tratados con fuerte menosprecio hacia sus propios aliados.

Chile, por su parte, tiene su propia realidad. Desde un punto de vista institucional y formal, constituye una democracia,  un sistema político en forma, pero con debilidades y deficiencias  que deben ser asumidas y abordadas. Además de vicios bien notables (corrupción, nepotismo, ineficiencia del Estado) que causan indignación generalizada, su talón de Aquiles radica en los paupérrimos niveles de participación no solo en los rituales electorales sino en los diversos aspectos de la vida de la comunidad. Al mismo  tiempo en que se protesta contra el rol subsidiario del Estado explicitado en la Constitución vigente y se le reclama a dicho ente  un papel más protagónico en la asunción de  responsabilidades  económicas y sociales, se vive e internaliza una cultura generalizada  de individualismo y de grosera  falta de respeto hacia lo público.

La superficialidad conque los medios de comunicación social tratan los asuntos de interés general,  ya no sorprende ni avergüenza a nadie  pues se  ha producido un acostumbramiento generalizado y una actitud inerte que ni siquiera alza su voz para reprobar y condenar conductas y actitudes. En el vocabulario de quienes han sido llamados a ejercer funciones dirigentes, las palabras “deber” y “responsabilidad” no tienen cabida sino para enjuiciar las conductas de los demás procurando siempre lavarse las manos  en cuando a las propias formas de comportamiento.

Al parecer, existe por el momento un consenso bastante amplio en cuanto a la necesidad del crecimiento económico, elemento indispensable para generar recursos que hagan posible  ingresar a una nueva etapa del desarrollo.  Tal crecimiento puede estar dado por la eventual alza del precio del cobre o por la explotación a granel de recursos básicos (minerales, pesqueros, forestales) o por la expansión del consumo y del endeudamiento perenne de las personas. Pero, sin duda, no eso lo que el país necesita sino un desarrollo innovador, tecnificado y que incorpore y exporte conocimiento.

La debida atención de este reto, reclama asumir una convicción profunda de que este proceso debe ser necesariamente con la participación de todos y para beneficio de todos. Mientras la conducta del gran empresariado nacional y de las pocas familias que controlan el poder económico, financiero y comunicacional, esté regida por el signo del egoísmo y la exclusión, el país seguirá marcando el paso indefinidamente. Promover efectivamente el desarrollo de la mediana y pequeña empresa, establecer medidas administrativas y tributarias que hagan del desarrollo local y regional una realidad concreta y que frenen el patológico crecimiento de la metrópoli, concebir y estimular el crecimiento de empresas de carácter mutual y cooperativo, constituyen medidas, entre muchas otras, que pueden implicar avanzar hacia una economía más humana, más integrada y territorialmente descentralizada.

El próximo lunes el país amanecerá con  un nuevo Presidente de la República. De su capacidad para comprender la realidad de una nación social y económicamente fragmentada, que mantiene y consolida guetos de clase con soberbia o con vergüenza según los casos, dependerá el destino común. Creemos que un país distinto es posible. Si el nuevo mandatario tendrá el coraje de jugarse por lograrlo, es algo que obviamente está por verse.