¿“HURACÁN” O TERREMOTO?

En la moderna historia de Chile, el Cuerpo de Carabineros ha sido sin duda, en una mirada de largo plazo, una de las instituciones  más apreciada por la ciudadanía. Creado bajo el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, por fusión de diversas entidades  existentes a la época, a partir de su nacimiento pasó a ocupar un lugar destacado en el país.

En un continente caracterizado por entes policiales con altos niveles de venalidad y corrupción, Carabineros sobresalió por su organización jerárquica, por su compromiso de servicio con la comunidad y por la  incorruptibilidad de sus funcionarios. Así, a través de todo el país, en poblaciones, barrios y remotos lugares, la persistente demanda de la población se concentró en la necesidad de lograr una más amplia cobertura de este servicio que garantizase adecuadamente la seguridad indispensable  para sus habitantes.

El golpe de Estado de 1973 significó un cambio radical para la entidad ya que si bien dentro de la lógica militar el hecho de pasar a ser parte del  nuevo Gobierno podía ser justificado por la necesidad de alcanzar el máximo control del territorio en el menor tiempo posible, como efectivamente sucedió, el daño sufrido por Carabineros   fue enorme. En innumerables localidades sus autoridades se pusieron al servicio de organizaciones patronales, se comprometieron con la represión de la dirigencia sindical y política opositora, y deterioraron gravemente  su relación con la sociedad en la cual se encontraban insertos.

Su General-Director fue incorporado a la Junta Militar de Gobierno y,  dado su papel desmedrado en comparación  con las ramas tradicionales de las Fuerzas Armadas,  optó por mostrarse como el más duro entre los duros aceptando  ser utilizado para realizar el trabajo sucio. El SICAR (Servicio de Inteligencia de Carabineros) fue rebautizado en 1983  como DICOMCAR (Dirección de Comunicaciones de Carabineros), epíteto que mejor ocultaba su verdadera naturaleza ya que en los hechos continuaba encargado de labores de inteligencia policial y de contrainsurgencia.  Todo funcionó a la perfección hasta que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, José Cánovas Robles, investigando el histórico “caso degollados” determinó  que sus autores eran precisamente  funcionarios del citado organismo. El escándalo incontrolable detonó la salida del general César Mendoza Durán.

La institucionalidad,  vigente desde esa época, ha estado marcada por dos sellos indesmentibles: militarización del cuerpo policial uniformado y autonomía amplia  dada  la forma de generación de sus mandos. Sus sucesivos generales-directores, cual más cual menos, pese al texto expreso de la ley, asumieron permanentemente líneas de conducta adversas a las orientaciones de los gobiernos democráticos e incluso postularon al Senado en listas afines a la oposición de la época.

En el marco de esa realidad, la gestión de la entidad ha sido notoriamente deficitaria. En  la década de los 90s, costó mucho lograr que   el ejercicio de su responsabilidad en materia de mantención del orden público  se ajustara a los parámetros de una sociedad democrática. Su insatisfactoria  respuesta en cuanto a prevención del delito,  fue permanentemente justificada en la insuficiencia  de personal y de recursos, todo para que en el último tiempo se hiciera público que en su seno habían sido defraudados nada menos que 28.000 millones de pesos sin que al respecto hubiese operado ningún mecanismo interno de control y, además, que cerca de 8.000 plazas funcionarias creadas y financiadas  por ley permanecían sin  proveerse después de varios años.

Los ciudadanos han constatado con sorpresa que un número no menor de carabineros ha estado implicado en actos delictivos, hecho que denota que la selección y entrenamiento de su personal no ha sido hecha con la rigurosidad indispensable. Más aún, se ha observado la comisión constante de faltas menores consistentes en hechos que están prohibidos a la gente común,  lo que demuestra que impera  una tolerada  cultura de la impunidad.

En estos días, se ha conocido un hecho de la mayor gravedad. Tras los paupérrimos resultados en cuanto a la prevención de atentados en la zona del  llamado “conflicto mapuche”, se ha detectado que personal institucional ha adulterado pruebas y evidencias con el objeto de generar convicción en las Fiscalías encargadas de la investigación pertinente y, consecuencialmente, en el Tribunal Oral en lo Penal. La inicial negativa al allanamiento de sus reparticiones  por parte de la Policía de Investigaciones en busca de pruebas, no hace sino confirmar que el país se enfrenta a una sórdida trama.

Los hechos antes aludidos son constitutivos de delitos y sus autores deben ser sancionados con la rigurosidad que corresponde, pero lo más preocupante es que este tortuoso proceder institucional ha generado un conflicto de alto nivel con el Ministerio Público y ha dañado profundamente la confianza que los ciudadanos deben tener en los órganos del Estado.

Lamentablemente, la respuesta del Ejecutivo y de los parlamentarios ha sido terriblemente débil. El solo hecho de que el máximo jefe de Carabineros se ausente del país en medio de esta crisis con la anuencia del Ministerio del Interior “para hacer uso de sus vacaciones legales” confirma palmariamente que el Gobierno no ha dimensionado ni por lejos la trascendencia de lo que está sucediendo. Por su lado, los parlamentarios, como de costumbre, han hecho gala de su oportunismo para tratar de sacar algún provecho.

La tarea impostergable del Estado en este campo, es la de reestructurar institucionalmente al Cuerpo de Carabineros;  establecer mecanismos externos de control ya que en un Estado de Derecho no puede haber espacio para una  autonomía que todo lo permite; y, lo más pronto posible,  hacer efectivas las responsabilidades del caso.