La opinión pública tiene el deber y el derecho a oponerse a la impunidad, debe movilizarse y denunciarla !!!
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Increíble pero cierto.

Uno de los problemas que más está presente en las discusiones que sostienen las personas que disponen de un relativo buen nivel de ingresos, es el relativo a los impuestos. En general, los trabajadores asalariados se quejan poco,  pese  a que pertenecen al grupo social más directamente afectado por los tributos. Si son obreros, saben que cada vez que efectúan una compra de alimentos o de vestuario les cobran indoloramente el “Impuesto al Valor Agregado”. Si son técnicos o profesionales que laboran por una retribución mensual, saben que en su liquidación mensual les descontarán, poco o mucho, el “impuesto a la renta”. Y ¿qué pasa con los demás?

Los impuestos, si bien son “impuestos” por el Estado a los ciudadanos, corresponden más bien a una “contribución” que hacen los ciudadanos al Estado precisamente para solventar los gastos que este ente realiza día a día para hacer posible el funcionamiento de la sociedad. Los enamorados del sistema neoliberal son partidarios de achicar las funciones del Estado y, por consiguiente, el tamaño de este organismo dejándolo reducido (¡ ojalá !) a su mínima expresión. La consecuencia lógica es promover la reducción de los tributos ya que los consideran como una exacción, algunos dicen como un robo, que hace  la autoridad a las personas que han  construido e incrementado sus fortunas “trabajando esforzadamente”.

No es ahora el momento adecuado para enfrascarse en una discusión a este respecto pero es evidente que cada vez que se plantea una norma que pueda significar  elevar una tasa tributaria, los neoliberalistas y los partidos y grupos de poder que giran en su torno, claman al cielo por este atropello. Su gran argumento: la ineficacia del aparato público para cumplir con las tareas que la ley le ha asignado, afirmación que contiene una buena dosis de verdad. Pero, en  vez de aportar con ideas para mejorar la gestión pública lo que persiguen es desacreditar las funciones del Estado precisamente para reducir su tamaño e incluso imposibilitar que éste cumpla sus responsabilidades mínimas de control y supervigilancia del funcionamiento de la economía.

En el día a día, los pasos que estos grupos de poder económico-financiero  dan son fáciles de constatar: 1) EVADIR, lo que se hace abultando fraudulentamente  los gastos, manipulando las utilidades sujetas a tributación, ocultando operaciones, etc.; 2) ELUDIR, lo que se hace pagando fortunas a   “expertos tributaristas” (abogados, ingenieros comerciales, contadores, firmas de auditoría) para inventar mecanismos que “legalmente” les permitan no pagar los impuestos que les corresponden, por ejemplo, constituyendo sociedades artificiosas con los hijos, los nietos y hasta el perro de la casa si ello fuere posible; comprando sociedades “zombies”; 3) CONSTITUIR SOCIEDADES EN PARAÍSOS FISCALES no para una más fácil operación sino para sacar capitales hacia territorios en que no existen ni tributos ni control alguno.

Como estas puertas tienden a cerrarse, el camino más lógico es impulsar una rebaja de impuestos no en beneficio de los más pobres sino de los más ricos. Así, lo prometió Donald Trump en su campaña y así lo prometen los defensores de los grandes conglomerados económicos en diversos países, incluso en Chile.

Trump, al acercarse el cumplimiento de su primer año como presidente de los EE.UU., está siendo presionado para cumplir su palabra de rebaja tributaria a las grandes empresas.

Pero, se ha encontrado con un “pero”. En el país del Norte existe una organización denominada “RESPONSIBLE WEALTH” (Asociación de Riqueza Responsable), entidad que, como lo indica su nombre, reúne a una significativa cantidad de “ricos”. Con la firma de cuatrocientos millonarios (en dólares), la Asociación ha manifestado que se opone “a cualquiera legislación que exacerbe aún más las desigualdades existentes”. Empresarios, ejecutivos, médicos, abogados, etc. de altos ingresos, han alzado su voz para rechazar la propuesta rebaja de tributos a las grandes empresas de 35% a 20% señalando que una medida de esta naturaleza, que además incluye la supresión del “impuesto a las sucesiones”,  solo favorecerá a las clases más altas y dañará irreversiblemente a los recintos públicos de educación y de sanidad que atienden a los sectores más postergados.

Entre los firmantes se encuentran el multimillonario George Soros y la productora cinematográfica “Abigail Disney”,  quienes han expresado que “la reforma fiscal republicana beneficiará de manera desproporcionada a individuos ricos y a empresas con recursos”. Más aún: la “ Responsible Wealth” pide públicamente que incluso se les suban los impuestos “para reforzar a la clase media”.

En Chile, una vez definidas las elecciones presidenciales, será posible ver “cómo viene la mano”. Las políticas que promueva en este campo el nuevo Presidente permitirán constatar cuáles son sus verdaderas intenciones. En las campañas se dicen muchas cosas pero son las propuestas legislativas las que marcarán el sello identificatorio del próximo Gobierno.

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