LA MINERÍA, EL MEDIOAMBIENTE (Y LOS SERES HUMANOS)
LAS INCONSISTENCIAS ENTRE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL, LA LEY, LA REGLAMENTACIÓN Y LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
En relación con lo que constantemente sucede ante la aparición o presentación de proyectos privados y también fiscales, que a simple apreciación implican impactos ambientales muy serios al medio ambiente del país, en regiones, en ciudades grandes o pequeñas, se demuestra una gran incoherencia entre la legislación vigente, los reglamentos u ordenanzas, pero principalmente entre las políticas ambientales que se proclaman por las propias autoridades, con los hechos reales en la tramitación por el sistema de evaluación ambiental del Estado, y eso, a veces durante el proceso y a veces ante los resultados.
No es posible, como un primer y rotundo ejemplo, lo que permiten las leyes mineras, con proyectos que pasan por encima de todo uso habitual no minero del suelo, o incluso sobre territorios oficial y legalmente planificados en el territorio para usos no mineros. Se ha dado el caso de concesiones mineras que se han dado en áreas urbanas donde existen edificaciones y obviamente viven seres humanos. El mismo sistema nacional de evaluación ambiental, partiendo por el propio Ministerio del Medio Ambiente, siguiendo con la Superintendencia de Medio Ambiente y llegando al Servicio de Evaluación Ambiental, el ente del Estado más ejecutivo, para bien o para mal, demuestra incoherencias entre políticas ambientales y resultados, esto en relación con el acceso, luego con la tramitación y finalmente con las autorizaciones a entes, privados o públicos, que entran al sistema con proyectos discutibles, por decir lo menos.
Tal vez el caso más conocido sea el del proyecto minero Dominga (08.2021), propuesto por una empresa que era casi hasta último momento propiedad del ex Presidente de la República en un sector costero calificado. Fue o es un proyecto minero que atentaría contra la más importante y conocida reserva de vida marina del país, el Archipiélago de Humboldt, en la zona costera conocida como La Higuera.
Pero desde esta región del Biobío exponemos aquí un caso, quizá si muy local, aunque muy importante para un territorio emblemático del área metropolitana de Concepción, cuya planificación física y el control de la misma está a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En el año 2015 el Servicio de Evaluación Ambiental autorizó a una empresa minera privada para explotar 20 hectáreas en una zona inmediata a la ciudad de Penco, y establecida por el Plan Regulador Comunal controlado por la Municipalidad como Área Residencial fragmentada en Zonas de Extensión Habitacional, Zonas de Protección del Paisaje y Zonas de Restricción por Pendiente.
Zonas del Territorio Comunal de Penco:
- Ciudad actual = gris
- Plan de crecimiento urbano = rojo
- Área rayada blanca = bosque protegido Queules de Penco
- Área rural regulada = verde
- Líneas azules = cuencas hidrográficas
- Manchas negras = áreas a intervenir con la minería
El procedimiento, bien guiado por el propio SEA regional, concluyó con un rechazo al proyecto por el SEA Regional, donde intervinieron el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Comisión Especial regional que se establece para ese efecto procedimental. No obstante, y tras largos reclamos judiciales, el Director ejecutivo nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, finalmente aprobó el proyecto minero de explotación de tres canteras y producción de áridos en el lugar. De nada valió la posición ambiental ante la protección a los barrios residenciales muy próximos y principalmente a la protección de la salud y a la calidad de vida de los seres humanos que sustentaban este rechazo.
En el caso de la minería de Tierras Raras que desde hace ya años pretende explotar una empresa peruano-británica, justamente por lo demás, en el territorio de las comunas de Penco y Concepción, aún no tiene ninguna autorización ambiental del Estado; no obstante, la Corporación de Fomento de la Producción, ente estatal, le aportó inicialmente (2015) casi dos millones de dólares para “iniciar actividades”. No obstante, antes de tener algún permiso definitivo la gestora Larraín Vial vendió el proyecto en millones de dólares a una empresa peruana (que ya antes había dejado malos recuerdos en Chile). No obstante, el mismo Estado le ha otorgado de antemano concesiones mineras por casi 500 mil hectáreas en la zona costera de las regiones de Ñuble y Biobío, aunque principalmente en la última y casi rodeando al área metropolitana de Concepción.
También el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas le ha entregado las mejores aguas de la cuenca hidrográfica de Penco, en detrimento de las reservas de consumo humano previstos para el centro urbano Penco-Lirquén, que actualmente se abastece de las históricas y lejanas bocatomas del estero Nonguén, en Parque Nacional Nonguén, ubicado a 27 km de distancia, en las comunas de Concepción (ciudad a la cual antes abastecían de agua potable, hoy provista por el río Biobío), Chiguayante y Hualqui.
Por otra parte, el área territorial que la minera Biolantánidos/Aclara pretende ocupar e intervenir detrás de ese centro urbano Penco-Lirquén, en un 50% corresponde a un área Forestal de Conservación inscrita en el Registro de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente en una acción convenida entre el propio Ministerio con el propietario privado que es Celulosa Arauco y Constitución S.A. Se denomina Área Protegida Queules de Penco y Tomé, y es la única reserva de ese precioso árbol, un fósil natural a la que se añaden otras valiosas especies endémicas. No obstante, lo anterior, en el proceso (actualmente en receso), el SEA nunca ha señalado u observado la existencia de este importante registro oficial, como si no existiera; menos lo han hecho otras instituciones del Estado que han tenido que opinar(CONAF, MOP, MINVU): insólito.
Algo más: en el proceso antes seguido durante el gobierno de Sebastián Piñera, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo nunca hizo observaciones a la ubicación y al proyecto de la empresa minera, observaciones en atención a que las faenas mineras se ubican dentro del área correspondiente al territorio normado por el Plan Metropolitano de Concepción y a menos de un 1 kilómetro del límite consolidado de la ciudad de Penco, y a que ocuparían partes del área de extensión urbana señalada tanto por el propio Plan Regulador Metropolitano como por el Plan Regulador Comunal, ambos instrumentos oficiales de planificación territorial vigentes, y que tienen fuerza de ley.
En esta escalada de inconsistencias o contradicciones, el único y gran crédito positivo, si alguien lo tiene, corresponde a la Contraloría General de la República, que sí ha indicado algunas de estas contravenciones o ha emitido importantes pronunciamientos sobre la forma de aplicar la planificación oficial, especialmente de los planes reguladores de escala metropolitana o comunal. Pero parece que para los otros entes estatales lo que la Contraloría dice no vale o, simplemente, no se aplica.
En el mes de febrero de 2022 la ciudadanía de Penco, a través de la Municipalidad, realizó una consulta ciudadana, regulada por el SERVEL, que resultó con un 99 % de opiniones de rechazo a la actividad minera en el territorio comunal, después de lo cual la empresa Biolantánidos retiró (momentáneamente) del Servicio de Evaluación Ambiental su Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero de Tierras Raras. En este mes de septiembre ha anunciado que proseguirá con otro EIA mejorado, y presenta en redes sociales un plan de inversiones millonario en dólares y en ligazones y conversaciones con las comunidades interesadas; además, ha presentado como conferencista en la Universidad de Concepción a una “experta mundial” en Tierras Raras que promueve la minería de estas como “actividad bendita para salvar al mundo del cambio climático” (SIC), además de “generar riqueza y bendiciones para Penco y sus tierras arcillosas, las mejores del mundo para los minerales que permitirán la producción de automóviles eléctricos y de las grandes turbinas eólicas que evitarán la contaminación de la atmósfera terrestre”(SIC) (¡!).
Iniciando con hechos su plan, desde ya anunciado como agresivo, la empresa Biolantánidos/Aclara, sin tener autorización alguna conocida, ha partido en estos días con nuevas perforaciones en las tierras altas detrás de la ciudad o “Módulo Penco”, como lo llama Aclara en su programa [1].¿Inconsistencia?, … ¿incoherencia?
La inconsistencia entre la forma de ver el cuidado del medioambiente por la autoridad pública y las actividades empresariales agresivas se detecta en el desempeño cotidiano de las gobernanzas burocráticas a cargo. Y eso nos resulta evidente y casi anecdótico cuando una Seremi de Salud en una capital provincial de una región de la zona central, y frente a la abrumadora queja de la ciudadanía urbana por los malos olores proveniente de los tratamientos a los extensos cultivos agrícolas que rodean la ciudad, nos dice: “Sí, pero no hay normas para los olores…” (¿y entonces que los que los emiten sigan haciéndolo nomás?) ¿Y el Bien Común?, ¿y el Derecho Constitucional a vivir en un medio ambiente sano (…y libre de contaminación, y sin olores, y sin ruidos)?
AZE
30/09/2022
Artículos anteriores del mismo autor:
06.03.2022
20.02.2022
https://laventanaciudadana.cl/tierras-raras-biolantanidos-aclara/#.YhO8h3_vkJo.gmail
09.01.2022
05.12.2021
https://laventanaciudadana.cl/sintesis-tierras-raras/#.YduaP7A97DA.gmail
01.08.2021 (Penco, Tierras Raras y el PRMC)
https://laventanaciudadana.cl/manifiesto-tecnico-ciudadano/#.YdushtF9tp8.gmail
Referencias:
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