La reforma del Estado

Cada campaña presidencial trae agendada,  como una de sus principales preocupaciones, la propuesta  de realizar una reforma profunda al Estado la que se enfocaría en modificaciones a su estructura, a sus procedimientos internos, a la forma de relacionarse de éste con los ciudadanos, a la necesidad de lograr que los recursos  públicos lleguen sustantivamente a los puntos en que se necesitan y no queden entrampados en las marañas de la burocracia. Se plantea así la meta de la “modernización del Estado”. De inmediato, saltan los  ejemplos de  países   tales como Nueva Zelanda, Australia, Alemania y algunas naciones nórdicas.

El problema no es muy claro ni muy simple.

Para las personas comunes y corrientes, la eliminación de ciertos trámites exigidos por los órganos de la administración por supuesto que les simplifica la vida en algunos aspectos pero en ningún caso implicará cambios sustanciales en el desarrollo de sus vidas personales, razón por la cual el tema tiene una importancia electoral de carácter bien secundario.

Para las grandes empresas y grupos de presión económico-financieros, en el fondo hay un indisimulado interés en que se supriman ciertos procesos que consideran como factores que entorpecen su emprendimiento e  iniciativa creadora. Sin ir más lejos, todos los trámites de evaluación medioambiental y de participación ciudadana,  son siempre  vistos negativamente y denunciados como un estorbo conque el Estado aplasta la acción de los privados que se esfuerzan constantemente por invertir y dar trabajo. En este aspecto, no constituye sorpresa alguna denunciar la pertinacia de muchos empresarios que, en lugar de procurar cumplir cabalmente y de buena fe la normativa legal vigente, se esfuerzan por burlarla,  buscando, con la asesoría de hábiles y ávidos rábulas,  la creación de situaciones de hecho que sean finalmente irreversibles. Para ellos, el interés general y el bien de la comunidad no importan pues lo único valedero es el negocio a cualquier precio.

Sería necio negarse a aceptar que es imprescindible racionalizar la estructura del Estado haciéndola más simple, más ágil y más cercana a la gente. Asimismo, sería necio negarse a la supresión de papeles y trámites innecesarios para acreditar hechos o situaciones cuyos antecedentes están ya  en poder de los órganos de la administración. Pero, por supuesto, estos son aspectos del problema global y están muy lejos de hincarle el diente al tuétano de la burocracia pública para hacer más eficiente y eficaz la acción de la administración.

Sin perjuicio de reconocer que hay muchos tópicos que configuran la cuestión en análisis, pareciera ser que, como punto de partida, debieran abordarse dos de ellos que pueden ser considerados como relevantes.

Uno, es el problema de la descentralización administrativa. La organización central del   Estado debiera abdicar, en un plazo acotado, de toda gestión que pudieran desarrollar y resolver  los entes de la gestión local y regional (municipios y gobiernos regionales), traspasándoles funciones, atribuciones, funcionarios y recursos,  poniendo así término al eterno peregrinar a la capital para rendir pleitesía  a individuos que trabajan con oficios y papeles y no con seres humanos.

El otro (“last but not least”, dicen los ingleses), es el gravísimo problema de la “formación de las leyes”. El sistema vigente está claramente obsoleto y más bien corresponde a una somnolienta sociedad rural del siglo XIX. Basta mirar en los canales de televisión del Parlamento, los largos, tediosos e inorgánicos debates con decenas y decenas de expertos invitados que llegan a las Comisiones a exponer su sabiduría mientras gran parte de los congresales entran, salen y juegan con sus celulares, para entender. Basta observar como importantes iniciativas legislativas (Código Penal, reforma de la Justicia Civil, legislación de tránsito, entre muchas  otras)  duermen por años en los anaqueles del Congreso sin que ni un solo parlamentario se haya preocupado siquiera de leerlas, para darse cuenta que el ritmo  y la calidad del trabajo de estos representantes ciudadanos simplemente no están a tono con los tiempos actuales. Malas leyes, confusas, contradictorias e ininteligibles para el ciudadano común, constituyen el resultado de un procedimiento que se quedó en el pasado.

Con los miles y miles de  millones de pesos que se gastan anualmente en asesores que  son en su mayor parte  operadores políticos preocupados de la reelección de quienes los contratan, bien podría financiarse un equipo técnico- profesional del más alto nivel, plural, multidisciplinario, para que en un plazo determinado, no superior a uno o dos años, asumiera la tremenda responsabilidad de renovar la metodología de la construcción de las leyes con la indispensable asesoría de organismos internacionales y de naciones que van más adelante.

De seguro, diputados y senadores acostumbrados a este paso cansino no mostrarán interés alguno en esta innovación y recurrirán a la torpe excusa de que “las cosas siempre se han hecho así”. Pero los ciudadanos, en quienes reside la soberanía, tienen derecho a exigir e imponer reformas gruesas que le cambien la cara al país.