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La reforma del Estado

Equipo La Ventana ciudadana

Periodismo ciudadano.

Cada campaña presidencial trae agendada,  como una de sus principales preocupaciones, la propuesta  de realizar una reforma profunda al Estado la que se enfocaría en modificaciones a su estructura, a sus procedimientos internos, a la forma de relacionarse de éste con los ciudadanos, a la necesidad de lograr que los recursos  públicos lleguen sustantivamente a los puntos en que se necesitan y no queden entrampados en las marañas de la burocracia. Se plantea así la meta de la “modernización del Estado”. De inmediato, saltan los  ejemplos de  países   tales como Nueva Zelanda, Australia, Alemania y algunas naciones nórdicas.

El problema no es muy claro ni muy simple.

Para las personas comunes y corrientes, la eliminación de ciertos trámites exigidos por los órganos de la administración por supuesto que les simplifica la vida en algunos aspectos pero en ningún caso implicará cambios sustanciales en el desarrollo de sus vidas personales, razón por la cual el tema tiene una importancia electoral de carácter bien secundario.

Para las grandes empresas y grupos de presión económico-financieros, en el fondo hay un indisimulado interés en que se supriman ciertos procesos que consideran como factores que entorpecen su emprendimiento e  iniciativa creadora. Sin ir más lejos, todos los trámites de evaluación medioambiental y de participación ciudadana,  son siempre  vistos negativamente y denunciados como un estorbo conque el Estado aplasta la acción de los privados que se esfuerzan constantemente por invertir y dar trabajo. En este aspecto, no constituye sorpresa alguna denunciar la pertinacia de muchos empresarios que, en lugar de procurar cumplir cabalmente y de buena fe la normativa legal vigente, se esfuerzan por burlarla,  buscando, con la asesoría de hábiles y ávidos rábulas,  la creación de situaciones de hecho que sean finalmente irreversibles. Para ellos, el interés general y el bien de la comunidad no importan pues lo único valedero es el negocio a cualquier precio.

Sería necio negarse a aceptar que es imprescindible racionalizar la estructura del Estado haciéndola más simple, más ágil y más cercana a la gente. Asimismo, sería necio negarse a la supresión de papeles y trámites innecesarios para acreditar hechos o situaciones cuyos antecedentes están ya  en poder de los órganos de la administración. Pero, por supuesto, estos son aspectos del problema global y están muy lejos de hincarle el diente al tuétano de la burocracia pública para hacer más eficiente y eficaz la acción de la administración.

Sin perjuicio de reconocer que hay muchos tópicos que configuran la cuestión en análisis, pareciera ser que, como punto de partida, debieran abordarse dos de ellos que pueden ser considerados como relevantes.

Uno, es el problema de la descentralización administrativa. La organización central del   Estado debiera abdicar, en un plazo acotado, de toda gestión que pudieran desarrollar y resolver  los entes de la gestión local y regional (municipios y gobiernos regionales), traspasándoles funciones, atribuciones, funcionarios y recursos,  poniendo así término al eterno peregrinar a la capital para rendir pleitesía  a individuos que trabajan con oficios y papeles y no con seres humanos.

El otro (“last but not least”, dicen los ingleses), es el gravísimo problema de la “formación de las leyes”. El sistema vigente está claramente obsoleto y más bien corresponde a una somnolienta sociedad rural del siglo XIX. Basta mirar en los canales de televisión del Parlamento, los largos, tediosos e inorgánicos debates con decenas y decenas de expertos invitados que llegan a las Comisiones a exponer su sabiduría mientras gran parte de los congresales entran, salen y juegan con sus celulares, para entender. Basta observar como importantes iniciativas legislativas (Código Penal, reforma de la Justicia Civil, legislación de tránsito, entre muchas  otras)  duermen por años en los anaqueles del Congreso sin que ni un solo parlamentario se haya preocupado siquiera de leerlas, para darse cuenta que el ritmo  y la calidad del trabajo de estos representantes ciudadanos simplemente no están a tono con los tiempos actuales. Malas leyes, confusas, contradictorias e ininteligibles para el ciudadano común, constituyen el resultado de un procedimiento que se quedó en el pasado.

Con los miles y miles de  millones de pesos que se gastan anualmente en asesores que  son en su mayor parte  operadores políticos preocupados de la reelección de quienes los contratan, bien podría financiarse un equipo técnico- profesional del más alto nivel, plural, multidisciplinario, para que en un plazo determinado, no superior a uno o dos años, asumiera la tremenda responsabilidad de renovar la metodología de la construcción de las leyes con la indispensable asesoría de organismos internacionales y de naciones que van más adelante.

De seguro, diputados y senadores acostumbrados a este paso cansino no mostrarán interés alguno en esta innovación y recurrirán a la torpe excusa de que “las cosas siempre se han hecho así”. Pero los ciudadanos, en quienes reside la soberanía, tienen derecho a exigir e imponer reformas gruesas que le cambien la cara al país.

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2 Comentarios en La reforma del Estado

  1. Coincido con el comentario de Guilmo Barrio sobre el editorial. Muy buenos el diagnóstico y las proposiciones.

    Chile no saldrá del marasmo en que está (y esto es responsabilidad de izquierdas y derechas) si no se reforma a fondo el Estado. Una reforma certera debe comenzar con una nueva Constitución, la que debe ser breve y certera destacando lineamientos fundamentales de lo que debemos ser como país verdaderamente democrático, tomando como modelo estructural constituciones notables y destacadas de otros países más avanzados.

    Hay mucho que cambiar en el modo de administrar el Estado, disminuyendo el carácter político y aumentando el científico/técnico en las instituciones. Uno de los temas de candente urgencia es la Ley de Medio Ambiente y el Sistema de Evaluación Ambiental, hecho a la medida de lo que conviene a los grandes grupos empresariales. Con lo que tenemos y la forma conque se opera con las declaraciones y evaluaciones de impacto ambiental estamos muy mal, pues permite aprobar fácilmente pésimos proyectos desde el punto de vista ambiental, protegiéndolos con el manto hipócrita de las leyes vigentes. Los ejemplos que están a la vista son numerosos. Así como vamos estamos destruyendo nuestra naturaleza y nuestro territorio.

  2. Excelente proposición presentada en esta Editorial, la cual habla de que es tiempo de modificar, lo que tradicionalmente continua consistentemente de administración presidencial tras administración presidencial, y nuestro país no sale de lo mismo por décadas. Lamentablemente, el señor Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique es muy conservador, y en cuatro años no logrará modificar lo tradicionalmente preservado y sin reformarse en Chile. Lo que significa que el Estado continuará tal como lo encontró, excepto continuar beneficiándose personalmente, porque a pesar de que la Constitución señala que todo presidente que tenga negocios, debe deshacerse de ellos o dejarlos bajo una nueva administración, mientras ejerza su liderazgo politico, lo que no ocurrió en su previa administración, ni vá a suceder en esta ocasión tampoco. Aunque Chile necesita una drástica Reforma del Estado.

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