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LOS CHICOS MALOS SE VAN AL PARAÍSO.

Esteban Lobos, analista económico.

La Organización No Gubernamental, OXFAM, acaba de publicar una lista de todos los paraísos fiscales existentes actualmente en el planeta. Contra la creencia generalizada que apunta con el dedo a pequeños países más o menos desconocidos, la nómina de OXFAM incluye cuatro Estados que integran la Unión Europea: Chipre, Holanda, Irlanda y Luxemburgo. Así, poco a poco se va develando cabalmente uno de los misterios más oscuros del mundillo de las finanzas contemporáneas. ¿De qué sirve todo esto?

La nómina oficiosa incluye, además, a los siguientes países: Bermudas, Islas Caimán, Suiza, Singapur, Curazao, Hong Kong, Bahamas, Jersey, Barbados, Islas Mauricio e Islas Vírgenes Británicas. Entre todas las naciones mencionadas,  no se alcanza a contabilizar ni siquiera el 1% de la población mundial.  Sin embargo, no debe olvidarse que el periodista e investigador Nicholas Shaxson (Malawi, 1966) en su excelente y documentado libro “Las islas del tesoro”,  referido a “los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo”, precisó  que el corazón del sistema se encontraba nada menos que en la “City de Londres”, es decir en el distrito financiero más importante del Reino Unido y, probablemente, también del mundo, desde donde se proyectaban los tentáculos de esta red. Tras años de pesquisas, hasta ahora no refutadas, Shaxson no titubeó en señalar que, con mucho mayor propiedad, debe hablarse de “guaridas fiscales”.

Según información  publicada  en Chile por el portal  electrónico <diariopyme.cl” y reproducida por Publimetro, la Unctad (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) ha estimado que  las grandes empresas multinacionales,  estarían ahorrando,  por este camino, a lo menos  unos 100.000 millones de euros en impuestos al año,  tributos que se eluden (a lo mejor se evaden) en los países en que están asentadas sus actividades.

La académica Andrea Repetto, de la Universidad Adolfo Ibáñez, (El Mercurio 12.12.2016) ha precisado que estos “paraísos” se caracterizan por sus bajas tasas impositivas, lo que ha llevado a que gigantes como Apple, Google, General Electric, muevan hacia allá sus utilidades. Pero, además de los beneficios impositivos, su radicación en esos lugares permite a las empresas mantener un manto de opacidad y secreto sobre sus actividades. No debe olvidarse que en abril de 2016, un consorcio comunicacional , integrado por 400 periodistas de más cien medios de diversos países, accedió a los archivos de la oficina panameña Mossak Fonseca  y,  tras analizar más de once millones de documentos, hizo públicos los famosos “Panama Papers” dando a conocer una nómina que integraban empresarios, deportistas, escritores y – ¡como no! – algunos renombrados políticos.

Al estallar el escándalo, surgieron las obvias justificaciones. La primera, que todo era legal y que los impuestos correspondientes habían sido debidamente pagados. Así, por lo menos, lo declaró Agustín Edwards, uno de los complicados, mediante inserción en su propio diario.  Otros, entregaron razones familiares: al haber constituido una nueva familia, evitaban la persecución de sus bienes al mantenerlos bajo sigilo. Unos más audaces (como Vargas Llosa) dijeron que todo esto se debía a que las tasas impositivas eran demasiado altas, lo que implicaría (según señaló irónicamente el rector Carlos Peña) que el monto de los impuestos “debería coincidir con la disposición de la gente a pagarlos”.

En el texto de su autoría, la profesora Repetto acogió una declaración del presidente Barack Obama: “Cuando vemos personas, las élites globales, corporaciones de gran riqueza, aparentemente viviendo bajo un conjunto distinto de reglas, eludiendo impuestos, manipulando vacíos legales… se alimenta una profunda sensación de injusticia”.

El problema analizado es muy grave, más que desde el punto de vista legal y tributario, desde el punto de vista moral,  aunque la moral para algunos no importe mucho. Si no fuese así no se tendería un manto de silencio sobre estos hechos en la prensa tradicional. La sola circunstancia de que a través de esta ruta se busca aludir la progresividad de los impuestos, implica una bofetada a la ciudadanía y un muy mal ejemplo.

El entonces senador Gabriel Valdés, al recuperarse la democracia, denunció que la mayor inversión externa que se estaba realizando en Chile provenía de Islas Caimán. La explicación era obvia. Se trataba de chilenos que clandestinamente  sacaron capitales del país y luego los retornaron acogiéndolos al estatuto del inversionista extranjero.

Autoridades de otros países (Cameron, en Reino Unido: Sigmundur Gunnlausson, en Islandia) debieron pagar un alto precio al salir a la luz sus devaneos financieros. En Chile, fue cuestionado Laurence Golborne y ahora se dispara contra Sebastián Piñera, quien tendrá que entregar buenas excusas para explicar por qué razones constituye sociedades de inversión en el exterior.

En Chile, lamentablemente, se perpetúa un clima de tolerancia y de ocultamiento de procedimientos de esta naturaleza  que pueden ser legales pero cuya ilegitimidad está clara. Al nombre de Edwards, se sumaron Alfredo Ovalle, Hernán Büchi, Iván Zamorano, la familia Calderón Volochinsky (Ripley), entre otros connotados. Además, es sabido que empresas como AES Gener, Coca-Cola, Embonor, Copec, CCU, CMPC, Entel, Sigdo Koppers, sociedades Cascadas de SQM, mantienen sociedades.

La red Tax Justice Network, que persigue mayor justicia tributaria en el mundo, precisó en su momento, que  la fuga de capitales desde Chile hacia estas guaridas, en cuatro decenios, es a lo menos de 110 mil millones de dólares en tanto que las cifras para América Latina superan los dos billones  (millones de millones) de dólares.

La sensación ambiente,  en cuanto a que las leyes vigentes son redes que atrapan a los mosquitos pero dejan pasar a los elefantes (no solo en lo impositivo, también en lo comercial y en lo criminal), debe ser erradicada. Es un tema que no preocupa a la ciudadanía simplemente porque  se desconoce o no se comprende, pero que compromete la justicia tributaria y el desarrollo nacional.

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