«Nuestro país requiere sumar voluntades tras el logro de cambios significativos en la sociedad. Todos los estamentos públicos y sociales, deben cambiar: egoísmo por solidaridad,  crecimiento por desarrollo, Compromiso por la displicencia y la apatía,…  Sumando a ello una visión integral de ciudadanía , la sabiduría por la ignorancia,  unidad por sobre dispersión«

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LOS PARQUES EÓLICOS INVADEN LA PROVINCIA DE BIOBÍO

Carlos Bonifetti Dietert

Ingeniero C. Mecánico UdeC. Ambientalista.

Los parques eólicos (PE) están invadiendo las distintas comunas de la Provincia de Biobío, que junto con Arauco y Concepción, conforman la Región del Biobío. Ello porque se ha descubierto en la provincia una nueva “riqueza” o “recurso natural”, o como quiera que se llame en la jerga economicista-extractivista actual: una carretera o ruta del viento.

La nueva ‘fiebre eólica’ empezó poco a poco, así como quien no quiere la cosa, con el pequeño Parque Eólico Cuel [1], de modestos 33 MW de potencia instalada, compuesto por 22 aerogeneradores de 1,5 MW c/u montados en torres troncocónicas de 100 [m] de altura a la caseta de máquina; el rotor es de 3 palas (o álabes) y tiene 87 [m] de diámetro. Sin embargo, la potencia de los proyectos ha ido en aumento como asimismo la de los aerogeneradores, los que han alcanzado los 6 MW de potencia unitaria.

Los “beneficios” que se publicitan para todos los parques eólicos se basan en que son energía limpia (también denominada verde o renovable) que ayudan a des-carbonizar la matriz de generación sustituyendo generación térmica y la combustión de carbón. Los impactos negativos que tienen los proyectos se ocultan a los ciudadanos y comunidades campesinas, las que se empiezan a dar cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor cuando los proyectos están muy avanzados en sus estudios y desarrollos. Así, la participación ciudadana (PAC) promovida por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), es escasa, dispersa y tardía. La Municipalidades, en la generalidad de los casos, y la mayoría de las instituciones del Estado, suelen ‘dejar hacer’ a los titulares de los proyectos, sin involucrarse mayormente en el resguardo de las actividades y calidad de vida de los campesinos y ciudadanos.

Los impactos negativos que afectan a las personas y animales no son pocos ni bajos: 1. El nivel de ruido, que aunque no es muy alto, es permanente, persistente y muy molesto ya que se produce en un régimen de operación 24/7, es decir, durante las 24 horas de los 7 días de la semana; 2. El molesto efecto de la sombra intermitente de frecuencia constante provocado por la interceptación de los rayos solares por los álabe del rotor; 3. La pérdida de producción de miel de la apicultura, por efectos del mismo ruido y las radiaciones de radio-frecuencia sobre las abejas; 4. La afectación a las comunicaciones de telefonía móvil, también por las ondas electromagnéticas emitidas desde los generadores y líneas de transmisión; 5. Afectación a la escorrentía sub-superficial por interferencias y rupturas de napas de agua subterráneas por las excavaciones para la construcción de las torres de los aerogeneradores (típicamente de 30 [m] de diámetro y 4 [m] de profundidad) y para las zanjas del cableado de transmisión, que inciden en la productividad de los pozos para extraer agua de riego y consumo doméstico; 6. Alteración panorámica drástica del paisaje campestre por los aerogeneradores; 7. Propensión a enfermedades psicosomáticas y alteraciones en el sueño provocadas en las personas por las causas anteriores; 8. Muerte de aves por impacto con los álabes del rotor.

Otro controvertido proyecto es el PE Mesamávida [2], en el sector de El Ciruelo Sur, en Los Ángeles, que ha recibido críticas ciudadanas y cuestionamientos de habitantes de la provincia del Biobío, por el  fraccionamiento de proyectos mayores para eludir la presentación del Estudio de Impacto Ambiental y por las modificaciones mayores al proyecto después de la presentación al SEA. La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) emitida en enero de 2015, ha provocado diversas movilizaciones desde las comunidades del territorio. La estrategia logística adoptada por AES Andes-Chile ha sido fraccionar un gran plan de inversiones en varios proyectos de menor tamaño, por ejemplo: PE Don Álvaro (114 MW con 19 máquinas de 6 MW c/u), PE Campo Lindo (145 MW con 44 aerogeneradores de 3,3 MW c/u, a 116,5 [m] de altura), PE San Matías (107 MW, con 25 máquinas de 4,3 MW c/u, a 140 [m] de altura)  y PE Los Olmos (100 MW a con 23 aerogeneradores de 4,3 MW c/u).

Esta proliferación de parques eólicos en la provincia de Biobío ha suscitado un aumento sostenido de conflictos medioambientales. Propietarios reclaman que les han instalado los aerogeneradores hasta a 200 [m] de distancia de sus viviendas. Por otra parte, en términos de perspectiva, los PE se han relacionado con el cuestionado proceso de transición energética en Chile hacia el hidrógeno verde (Referencia: ‘El Mito del Hidrógeno: Tecnología y Religión en el Declive de las Civilizaciones’, Ugo Bardi [3]). En este sentido, desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), se ha planteado que “Chile tiene una capacidad instalada de generación eléctrica que más que duplica su demanda, y que además está llegando a una capacidad instalada de un 20% de energía renovable; por tanto, desde ya se podría iniciar una transición de des-carbonizar la matriz sin afectar la calidad de vida campesina e incluso de muchas cuestionables actividades económicas extractivistas. Con este escenario se puede empezar a comprender y recalcar que el ‘hidrógeno verde’ no es parte de una estrategia de des-carbonización y transición energética propiamente de Chile”.

El más reciente conflicto ciudadano de la Provincia de Biobío es el de las comunas de Laja y Los Ángeles, que está actualmente en pleno desarrollo. En efecto, baja las mismas premisas e irregularidades ya señaladas, AES Andes-Chile  a través de su filial Energía Eólica Rinconada SpA, pretende construir el PE Rinconada -el que está conformado por 43 aerogeneradores, c/u de 6 MW, con una potencia máxima  de 258 MW- en zonas con suelos agrícolas, en áreas pobladas por comunidades residentes, sin consultarle previamente a nadie. Los procesos de participación ciudadana deben ser transversales y llegar a todas las personas afectadas, sobre todo cuando se pretende instalar un proyecto industrial con más impactos ambientales y sociales negativos que beneficios para las comunidades, como los que hemos reseñado. En esto la legislación ambiental chilena es muy deficiente –por estar diseñada y pauteada de modo antidemocrático por entes del poder económico nacional-,  pues lo que debe considerarse y consultarse al comienzo de un proyecto de inversión, el PAC,  se hace al final cuando ya está en etapas muy avanzadas (Referencia: ‘La Frustrante Gestión Ambiental Regional’, Nicolo Glico V., 2018 [4]).

Una vez más vemos que las fuerzas del mercado están primando sobre el interés general de la ciudadanía y el buen vivir de las comunidades.

FUENTE DE IMAGEN

https://www.latribuna.cl/destacados/2021/03/05/parques-eolicos-en-el-ojo-del-huracan-por-conflictos-con-comunidades.html

REFERENCIAS

[1] https://www.youtube.com/watch?v=0rN4uWHhtnU

[2] https://www.youtube.com/watch?v=Zr_2Vx0seeY

[3] https://laventanaciudadana.cl/el-mito-del-hidrogeno-tecnologia-y-religion-en-el-declive-de-las-civilizaciones/

[4] https://laventanaciudadana.cl/la-frustrante-gestion-ambiental-regional/

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