El desarrollo de la nación debe estar presidido por el respeto al Medio Ambiente.
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LOS QUE VAN QUEDANDO EN EL CAMINO

Esteban Lobos, analista.

El modelo de desarrollo vigente en Chile, concebido durante el gobierno gremialista-militar, desarrollado por los llamados “Chicago-boys” y amparado por múltiples disposiciones de la Constitución de 1980, permitió un crecimiento sostenido durante casi dos décadas. Los sucesivos gobiernos de la Concertación implementaron políticas públicas tendientes a limar sus aristas más duras y cuestionadas y, a través de diversas medidas legales, lograron que los beneficios llegaran a los sectores más carenciados, Pero, el modelo siguió siendo el mismo y los logros relativos se alcanzaron tras enormes esfuerzos pues constantemente tuvieron la oposición parlamentaria de sectores adictos incondicionalmente al sistema.

Uno de los elementos operacionales del sistema es el de la “libre competencia”. Los padres del liberalismo económico clásico definieron un ideal de “mercado  perfecto”, es decir un lugar de encuentro entre productores y consumidores en el cual los productores que concurren constituyen un  número tan elevado  que ofrecen una cantidad tan pequeña cada uno  que no tienen capacidad para influir en la determinación de los precios. Por su lado, deben enfrentarse a un alto número de consumidores,  cada uno de los cuales demanda una cantidad tan limitada de productos que tampoco pueden influir decisivamente en la fijación de los precios. De esta interacción fluye, por lo tanto, el “precio justo”. El proceso excluye los “monopolios” y los “oligopolios” ya  que constituyen una anomalía del mercado por parte de los oferentes,  y también los “monopsonios” y “oligopsonios” que son también una anomalía por parte de los adquirientes o demandantes de los productos.

De más está decir que Chile se encuentra  cada vez más lejos de esa situación ideal ya que su mercado está copado, en diversos frentes, por un pequeño número de empresas,  cada una de las cuales puede influir de manera determinante en los precios (retail, AFPs, banca, isapres, etc.) y, además, se coluden entre ellas para asegurarse cuotas de participación de mercado. Por otro lado, cuando a estas grandes empresas les corresponde actuar como compradores también se coluden, en perjuicio de los productores, para imponerles precios bajos como sucede en el mercado del trigo y la harina, el vino y la uva, los lácteos, etc. Curiosamente, los más furiosos defensores del modelo de libre competencia guardan permanente silencio frente a estas “irregularidades” y se muestran débiles y contemplativos cuando se las pretende sancionar de manera ejemplar. Pese a que la ideología del modelo económico liberal considera que el Estado debe estar lo más ausente posible y dejar que sea el juego de los privados el que se desenvuelva libremente en este campo, siempre se le ha considerado a la autoridad pública el papel del policía que debe velar para que este juego sea lo más limpio y competitivo posible lo que en el país se cumple a duras penas ya sea por las carencias y debilidades de la institucionalidad vigente o, simplemente, por la falta de voluntad política para actuar.

Por otra parte, en una economía que por razones tanto externas como internas tiende a permanecer casi estancada, la creación de trabajo asalariado formal por parte del empresariado tradicional es casi nula lo que lleva a que el amplio universo de personas que son desvinculadas o buscan trabajo por primera vez se vean obligadas a recurrir a emprendimientos individuales para generar ingresos,  lo que si bien es socialmente malo por la precariedad en que se desenvuelven sus actividades tiene una significación importante en cuanto implica iniciativa, innovación y capacidad  de desarrollo.

Sin embargo, el rol del Estado para fomentar esta economía de emprendimientos individuales y familiares, a través de minis, pequeñas y medianas empresas, ha sido más bien débil y vacilante. Bajo el Gobierno anterior se avanzó desde el punto de vista legal al agilizarse los trámites de constitución y regularización (“empresa en un día”) pero en lo sustantivo, es decir en políticas que aseguren la consolidación y evolución positiva del segmento, en el otorgamiento de un trato que las haga crecientemente competitivas como para alcanzar en el mediano plazo una cuota interesante de mercado, las políticas oficiales han sido febles e inconstantes. Muchos de los programas puestos en marcha han tenido un carácter más bien asistencial (bonificación de salarios y cotizaciones previsionales), han sido de alcance temporal y al cesar sus beneficios han llevado a la decadencia o cierre definitivo de la nueva actividad.

Este tipo de empresas tiene un gran potencial como creadoras  de fuentes de trabajo asalariado y no asalariado, razón por la que resulta preocupante la desatención que hasta ahora han recibido de parte de los aspirantes al próximo Gobierno.

En nuestra opinión, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas como de sus organizaciones gremiales, se hace necesario separar aguas entre ellas y el gran empresariado para el debido tratamiento del problema ya que es frecuente de éste aparezcan creándose pymes que no son más que constructos artificiales generados por los peces gordos para acceder a eventuales beneficios.

Ello permitirá abordar adecuadamente sus principales problemas;

  • Radicación y localización: Beneficios tributarios por largo plazo para las actividades que se establezcan fuera de las zonas de exclusión (grandes conurbaciones y zonas aledañas) en concordancia con un proceso de fomento del desarrollo regional y local;
  • Financiamiento: Establecimiento por ley de la devolución paulatina de las sobretasas de interés que la banca estatal y privada les cobra por su mayor nivel de riesgo, en la medida en que estas empresas den cumplimiento cabal a las obligaciones comprometidas, evitando, así, lo que en el hecho sucede: que ellas subvencionan las menores tasas conque se benefician las grandes empresas;
  • Tributación: Este segmento debe ser beneficiado tributariamente por un largo plazo hasta su consolidación definitiva de acuerdo a parámetros técnicos que fije la ley (innovación, empleo, inclusión, etc.)
  • Comercialización: El Estado debe fomentar y financiar el establecimiento de canales cooperativos de distribución para hacer posible que el segmento llegue directamente, en su caso, a los grandes centros de consumo ya que hasta ahora la gran empresa se ha convertido en el mayor obstáculo para su desarrollo ya sea porque demanda volúmenes que el segmento no puede producir por carencias técnicas o de financiamiento, ya sea porque presiona los precios a la baja en su propio beneficio, ya sea porque retiene abusivamente el pago a estos proveedores, o, simplemente, porque les niega el acceso para no complicarse administrativamente la existencia.

Muchas otras consideraciones podrían hacerse sobre esta materia. Si alguno de los aspirantes a salvadores de la Patria  tomara comprometidamente estas banderas,  para mucha gente los tiempos cambiarían en forma permanente.

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1 Comentario en LOS QUE VAN QUEDANDO EN EL CAMINO

  1. Las medidas recomendas para mejorar el accionar de las mypymes, bien planteadas, son lógicas y de sentido común. A través de acciones gremiales de las asociaciones de pequeños empresarios, de la Region del Biobio y del país, se han venido planteando permanentemente medidas muy similares, pero los organismos del Estado hacen oídos sordos. Mientras tanto seguimos operando bajo la “Ley del Gallinero”.

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