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Editorial: No hay salud……

Un sector importante de la población chilena, se atiende a través de las Instituciones de Salud Previsional. En general, corresponde a los grupos sociales de medianos y mayores ingresos, al personal que labora en entidades que tienen un alto número de trabajadores y que están en condiciones de negociar planes de carácter colectivo y, marginalmente, a empresas públicas o privadas que han constituido isapres cerradas en beneficio de sus funcionarios.

Aun cuando técnicamente la “salud pública” ofrece una calidad médica de alto nivel, muchos han optado por el sistema privado que puede implicar un mayor costo personal que debe pagarse a través de cotizaciones adicionales pero que les garantiza una atención relativamente pronta en contraste con el colapso que sufren los consultorios y hospitales del Estado, condiciones mejores de “hotelería” (personal, infraestructura, aseo, visitas, etc.) y (esto hay que decirlo en voz baja) la posibilidad de atenderse en un medio de la misma condición social.

En general, los planes de salud privada están considerados en “unidades de fomento”, lo que implica un reajuste automático diario; excluyen las patologías preexistentes; cubren de buena forma exámenes de laboratorio; y, en forma muy limitada, los honorarios profesionales. Más allá de lo señalado, las Isapres reajustan periódicamente los planes de acuerdo a una presunta alza de sus costos amparándose en que el cotizante está virtualmente cautivo pues se ve obligado o a aceptarla, o a bajar a un plan de inferior cobertura o a emigrar al sistema público.

Los cotizantes, desde varios años a esta parte, han optado por oponerse judicialmente a las alzas infundadas, logrando que los Tribunales amparen sus derechos y condenen “en costas” a los prestadores con un buen beneficio para los profesionales del Derecho. A pesar de haberse construido una uniforme jurisprudencia en esta materia, las Isapres persisten en su actitud ya que han constatado que un porcentaje importante de sus clientes no reclaman y se someten al costo fijado unilateralmente por ellas.

Las normas legales que regulan el “sistema privado”, prohíben expresamente la “integración” de las Isapres con otros prestadores tales como laboratorios, hospitales y clínicas, centros médicos, etc., por considerar que perjudican a los cotizantes al limitar su libre elección y manipular costos. Sin embargo, es fácil comprobar,  a través de las memorias institucionales, que, además de compartir directores, gerentes y ejecutivos en general, realizan altas y constantes transfusiones financieras hacia sus subsidiarias.  Ahora, la Contraloría General de la República ha ordenado que  la Superintendencia respectiva investigue a fondo esta grosera ilegalidad.

Los hechos relatados permiten constatar que importantes sectores del empresariado privado chileno, a la hora de buscar el incremento de sus utilidades, no titubean en violar burdamente la ley. Hace algunos años se develó la actitud de universidades privadas que, a través de artificiosas inmobiliarias o de la contratación de indefinibles servicios externos, lucran  a costa de sus alumnos. Hoy, están en cuestión grandes empresas pesqueras que han declarado “barcos de papel” para incrementar las cuotas de captura asignadas. Ahora, salta a la palestra el sector privado de salud al darse a conocer formalmente lo que todos sabían.

Alguien, alguna vez,  dijo que el capital y el dinero no tienen nacionalidad. ¿Se llegará a decir que tampoco tienen ética?

 

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