Derechos Humanos, el mas humano de los Derechos...
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Por Dios, esta empresa privada…..!!!!

Cada día nos trae nuevos conflictos entre las empresas privadas  y el sector público. Mientras el Estado se esfuerza por mantenerlas bajo control y trata de que respeten ciertas normas básicas establecidas en la normativa legal vigente, “el sector” se queja constantemente de que no los dejan trabajar tranquilos, que los acosan con persecuciones burocráticas, que les ponen obstáculos inaceptables sin considerar  que son ellos los que invierten y dan trabajo. ¿Qué hay detrás de este permanente debate?

La  idea que más majaderamente se repite por parte del sector privado es aquélla que afirma que precisamente son ellos los que crean fuentes de trabajo, razón por la cual rechazan con indignación que un empleado cualquiera, “que nunca ha emprendido nada en su vida” se esmere en atajar la realización de sus proyectos de inversión. La aseveración envuelve dos falacias: una, que la creación de puestos laborales no responde a un acto de generosidad de los empresarios sino a la necesidad obvia de que necesitan mano de obra para alcanzar sus  propósitos, como lo señalara hace pocos días nada menos que el dueño de Amazon; la otra, que ese burócrata anónimo al que tratan con desprecio, lo único que hace es tratar de hacer cumplir las normas que la institucionalidad del país ha fijado a través de conductos regulares.

En las últimas semanas, dos casos han llamado la atención. El primero, se presentó en la comuna de Las Condes, en la cual el alcalde UDI, Joaquín Lavín ha procedido a paralizar una obra ya en ejecución a partir de  un permiso de construcción otorgado en 2015. ¿La razón? Los inversores adulteraron  las superficies declaradas de los terrenos respectivos, con el fin obvio de aumentar los coeficientes de constructividad y mejorar la rentabilidad de la empresa. El otro caso, corresponde a los terrenos del Muelle Barón de Valparaíso, también en ejecución, precisamente por no ajustarse a la normativa vigente para esa área del puerto.

En el primer caso, la reclamación judicial fue interpuesta por vecinos que sintieron afectados sus derechos y en el segundo, por el Municipio de la comuna.

Las inmobiliarias afectadas han sustentado su defensa en el hecho de que en uno y otro caso contaban con los permisos respectivos. En palabras de Pablo Letelier, uno de los socios de la Inmobiliaria Nueva El Golf, “si los permisos de edificación pierden certeza y son vulnerados en etapas tardías, cuando ya las obras están siendo desarrolladas o terminadas, el impacto en la industria sería gigantesco”. El poderoso diario El Mercurio se hace eco de lo dicho haciendo ver que ello afectaría también a la industria bancaria que presta financiamiento al proyecto. Por el contrario, uno de los vecinos reclamantes, Alberto Dalgalarrando Heritcalde, responde: “Muchos de estos casos son fallas flagrantes de las inmobiliarias, que han sido aceptadas por las municipalidades, pero pueden ser revisadas, aunque se hayan iniciado las obras”.

Los casos señalados, son meramente ejemplares y obviamente se repiten a lo largo de todo el país tal como sucedió con el tan cuestionado Mall de Castro. El poderoso gremio de “los constructores” con inusitada frecuencia crea situaciones de hecho y posteriormente, con el auxilio de grandes estudios de abogados logra impedir la demolición total o parcial de obras llevadas a cabo con infracción de ley. La debilidad institucional de los Municipios y una legislación añeja, hacen posible una serie de enredosas triquiñuelas cuyo costo urbano y social terminan pagando de por vida los habitantes del lugar. El gremio que agrupa a “los constructores” y defiende sus intereses, tras más de medio   siglo de existencia ha sido incapaz de elaborar y hacer cumplir una carta ética básica que implique respeto a la institucionalidad vigente y a los derechos del vecindario. Así, por ejemplo, cuando las municipalidades determinan horarios para la actividad constructiva en resguardo del descanso nocturno y dominical de los ciudadanos, estos frecuentemente no son respetados pues la empresa prefiere pagar las irrisorias multas antes que suspender temporalmente sus trabajos.

Volviendo al principio, cabe preguntarse: ¿Puede generar derechos permanentes un permiso obtenido con infracción de ley?

Hace algunos años, tuve la oportunidad de visitar diversos municipios de la entonces República Federal Alemana. Me llamó la atención el escaso público presente en lo que sería para nosotros “la Dirección de Obras”. Interrogado nuestro anfitrión nos respondió: “Aquí el Municipio elabora, tras un largo proceso participativo, un plan regulador de la ciudad que regula toda la actividad constructiva fijando las características que deben cumplir los proyectos en todos sus aspectos,  de forma de que se respeten requisitos técnicos, alturas, espaciamientos, etc.  y todo cuando sea necesario para resguardar la armonía de la ciudad. Si la edificación no cumple con lo establecido, simplemente se demuele a costa del propietario  e incluso puede cancelársele definitivamente el título profesional a arquitectos, ingenieros, constructores y técnicos”.

Lo escuché en silencio y me dije: ¿Con buenas palabras, quién no entiende?

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