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¿Primavera o tiempos borrascosos?

Las políticas que sigue cada país en materia tributaria, son bastante complejas. Tras un  guarismo que a simple vista aparece como algo simple (donde la ley dice “19% ahora va a decir “20%”, donde dice “27%” ahora va a decir “25%”), existe toda una visión ideológica e incluso moral del camino que se busca seguir para fomentar el crecimiento económico y/o para construir una sociedad más justa y equitativa siempre, por supuesto, que se considere que esto es algo bueno. La gente que mayoritariamente votó por Piñera II, en gran medida lo hizo porque tenía la convicción de que su nombre generaría confianza en el mundo de los inversionistas lo que derivaría en creación de nuevos empleos de calidad y mejor remunerados.

El martes 21 de agosto, el Presidente anunció los ejes en que se funda su proyecto de modificación  al sistema tributario vigente. Aunque durante meses el discurso oficial insistió en que la reforma  buscaría una “modernización y simplificación” de dicho sistema, la verdad es que la propuesta va mucho más allá de eso.

Como antecedentes indispensables para un somero análisis, se deben tener los siguientes:

  1. La Reforma Tributaria de Bachelet II, en general buscaba elevar los ingresos fiscales mediante una elevación de tasas a los grupos de mayores ingresos y el cierre de las numerosas vías de elusión;
  2. De acuerdo a lo aprobado por el Congreso Nacional, su implementación sería paulatina, de tal forma que las normas estarían completamente vigentes  en el 2019, por lo que su evaluación  solo podría hacerse en la Operación Renta del 2020;
  3. El presidente Piñera en todo momento aseguró que su Gobierno no venía a improvisar ya que todas sus propuestas habían sido oportunamente estudiadas.

El economista Eduardo Engel, académico de la Universidad de Chile (quien se hizo famoso por todas las propuestas que la comisión que presidió hizo para el saneamiento de la política, la transparencia de la gestión pública y el combate a la corrupción) fijó de inmediato el punto de partida para el debate del caso: “No es sano que cada gobierno parta por su propia reforma tributaria sin siquiera evaluar la anterior”.

El proyecto enviado al Parlamento a través del Ministro Felipe Larraín, busca, entre otros puntos más específicos, según el discurso presidencial, crear un sistema más simple y único; establecer incentivos a la inversión; promover el desarrollo de las pymes; fortalecer y clarificar las normas contra la evasión y la elusión; crear la Defensoría del Contribuyente; fomentar las donaciones que las empresas hagan a entidades sin fines de lucro; establecer la obligatoriedad de la boleta electrónica.

Un punto destacable de la iniciativa es el retorno al régimen de “reintegración” anterior al 2014, figura que permitía que los dueños de las empresas descontaran de sus impuestos personales los impuestos que debían pagar sus empresas. Esta “marcha atrás” implicaría que el Fisco deje de percibir, por este solo concepto, unos US$ 800.000.000.- anuales, en beneficio de “todas” las grandes empresas y de un 15% máximo de las pymes.

¿Cómo se recuperaría esa suma? Según la economista Andrea Repetto, de la U. Adolfo Ibáñez, el proyecto parte de la base de que en el país se evade el 20% del IVA. Al implantarse la obligatoriedad de la boleta electrónica la evasión se reduciría a un 5%. Tal estimación a su juicio es bastante arbitraria, toda vez que al considerarse la “venta con tarjeta” como boleta de compraventa y al haberse implementado la factura electrónica, este frente de evasión ya estaría cerrado en parte importante.

Otro punto que llama la atención se encuentra en la posibilidad que se abre para que se deduzcan como gastos muchos que no están necesariamente vinculados a la generación de las rentas, lo que abre una compuerta peligrosa y dañina.

Un tema clave, que al parecer se ha tratado de que pase lo más “piola” posible, tiene que ver con las normas antielusión. La “evasión tributaria” implica un delito, un fraude doloso para pagar menos impuestos. La “elusión”, por su lado, no implica delito sino habilidad, mañas, triquiñuelas, para utilizar cualquier forado o argucia, para no tributar o tributar menos. Con todas las críticas que se le puedan hacer a los cambios tributarios del anterior gobierno, uno de sus mayores logros fue hacer posible avanzar en castigar la elusión para que el contribuyente pague  lo que dice la ley y no lo eluda mediante simulaciones o contratos aparentes. El proyecto Piñera – Larraín, sibilinamente, retrocede en esta materia al hacer prevalecer las normas del derecho civil sobre el derecho tributario, es decir nuevamente dejaría de ser abuso cualquier tipo de figura o contrato que vaya en contra del sentido y el propósito específico de la ley tributaria. En este terreno, en verdad el Presidente de la República debería simplemente abstenerse por  tener claro “conflicto de interés”. Hace pocos años, se hizo público que la maraña de sociedades que manejan sus negocios familiares ( a través de Sebastián Piñera Morel) tales como Bancard, Inversiones Santa Cecilia y muchas otras, han incorporado como socios a cónyuges, hijos y hasta nietos que, aunque no sepan leer ni escribir (en razón de su edad), hacen posible que las utilidades se repartan entre muchos actores, se tribute mucho neos de lo que corresponda y, ¡tan amigos como antes! “Business are business” acostumbran a decir los británicos.

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