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¿Qué tipo de sociedad queremos?

Equipo La Ventana ciudadana

Periodismo ciudadano.

El 12 de julio de 2018, el Presidente de la República anunció el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley destinado a castigar penalmente una vasta lista  de conductas consideradas como “antisociales” o, como se señaló discursivamente, de “incivilidades”.

La desafortunada denominación del proyecto implícitamente tiende a situar a sus autores como sujetos “contrarios a la sociedad” generando  de partida  una nefasta estigmatización de personas por la comisión de faltas de rango menor. Además, trae a la memoria la “ley de estados antisociales” que,  en la década de los 50, pretendió erradicar la delincuencia mediante una  tipificación penal que fue considerada abusiva e irrisoria tanto en círculos judiciales como académicos. Se recuerda hasta hoy la penalización con cárcel de toda persona que fuese sorprendida vagando en la vía pública y que no pudiese justificar de qué vivía. Nadie recuerda hoy cuándo fue derogada dicha ley por absurda e impracticable.

El proyecto en cuestión fue enviado a la Corte Suprema de Justicia para que este tribunal emitiese su opinión al respeto. El informe de este organismo dado a conocer recientemente,  ha sido lapidario.

La Corte parte señalando que los datos estadísticos en que se funda el proyecto y que se citan en el mensaje respectivo,  no corresponden a las cifras indicadas en el documento que se indica  como fuente,  lo que podría  revelar desprolijidad o incluso mala fe. Se precisa, acto seguido, que la iniciativa contiene imprecisiones o ambigüedades poco aceptables en el campo del derecho penal.

Pero, yendo al fondo del asunto, el máximo tribunal indica que la teoría criminológica que le sirve de inspiración ha sido criticada por abrir paso a la discriminación, a la xenofobia y al abuso policial,  en las diversas sociedades  en que se ha pretendido implementarla. A lo dicho, se suma la vulneración de algunos principios básicos del derecho penal liberal tales como los criterios de proporcionalidad de las penas  y de conveniencia.

La iniciativa lo que pretende es trasladar al ámbito del  Derecho Penal, “incivilidades” tales como consumo de alcohol en la vía pública,  rayados en el transporte público, rayados en edificios públicos o privados sin autorización, acumulación de basura, instalación de carteles, mantención de sitios eriazos o descuidados, instalación de carteles sin permiso, entre otras, sacándolas del ámbito infraccional o contravencional  en el que históricamente han estado. Una de las situaciones que más llama la atención es aquélla que aplica  responsabilidad penal al propietario de sitios eriazos en los cuales eventualmente se cometa un delito.

La inmensa mayoría de los casos antes citados se encuentran sancionados por la normativa vigente pero ahora saldrían de la competencia de los juzgados de policía local para pasar al Ministerio Público. Si se piensa por un instante que unos y otros se encuentran absolutamente sobrepasados por el número de causas que deben atender, es fácil deducir la nula aplicación práctica del proyecto si eventualmente se transformase en ley.

El juicio crítico de la Corte Suprema es interesante, por supuesto, y, de seguro, se le tendrá presente en la discusión parlamentaria.

Sin embargo, lo más grave que devela el proyecto presidencial no radica solo en su impracticabilidad sino en el criterio ideológico que ahí  subyace.

En la concepción conservadora los delincuentes son los pobres. Ellos son los que rayan, los que ensucian, los que beben en la vía pública,  en tanto que las evasiones tributarias, las colusiones, los fraudes bancarios, el uso de información privilegiada, constituyen errores que un buen estudio de abogados (remunerados con cargo a sus empresas como gasto necesario para producir la renta) podrá justificar  diluyendo   culpabilidades y acreditando múltiples atenuantes que permiten, a fin de cuentas, que el gran delincuente que se apropió ilícitamente de miles de millones de pesos sea condenado a firma mensual o a dictar un par de clases de ética.

En la concepción dualista de la sociedad, en una vereda se encuentran los “buenos” que son gente decente. En la acera contraria, están los “malandras” que ojalá puedan ser encerrados y aislados impidiendo que con su mal ejemplo contaminen el lado sano de la sociedad. Es decir, quienes sostienen  la idea represora, voluntarista,  de tratamiento del delito y la criminalidad olvidan que este fenómeno es tremendamente más complejo y que su abordamiento en los términos planteados por el proyecto Piñera – Larraín no es más que un engaño artificioso destinado a satisfacer a través del Estado  los instintos punitivos de un sector privilegiado de la comunidad.

Si se abren bien los ojos, sociedades más justas, más equilibradas, son las que han logrado progresar en la disminución de la actividad delictiva. Países nórdicos como Islandia,  han avanzado acercando  a las personas de diversa condición económico-social a través de actividades compartidas, generando ciudades crecientemente integradas, presionando social y comunicacionalmente a los padres (varones, en especial) para que realicen constantemente actividades deportivas, artísticas, culturales, con sus hijos.

En un extremo de la realidad, está este Chile que busca maximizar la represión. En el otro extremo, está Holanda que a través de su Gobierno ofrece importar reos porque sus prisiones se han ido desocupando día a día.

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1 Comentario en ¿Qué tipo de sociedad queremos?

  1. No hay que ser analista “premium” para captar el fondo de esta iniciativa de Piñera y su conglomerado político.

    Lo que pretende, simplemente y sin tanta bullanga acádemica ni jurídica, es coartar la libertad de expresión, creando leyes que importen penas de carcel para aquellos que osen enfrentarse al sistema político y económico que nos gobierna…compuesto por unos pocos privilegiados que han sabido tergiversar la realidad para su beneficio.

    La verdadera realidad tiene cara de desasosiego y pobredumbre, eso quieren reprimir y ocultar con estas iniciativas legislativas.

    En el fondo ese proyecto apunta una Tiranía camuflada, y ahí radica el quid de este asunto, preguntarse las razones de fondo de esta iniciativa…….mantener la ficción y frenar la realidad.

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