¡Qué rico! Vamos a pagar menos impuestos…

En los Estados Unidos de Norteamérica, por fin el Gobierno de Donald Trump ha podido concretar una de sus más ansiadas aspiraciones. El Senado de ese país, dominado por los republicanos (51 votos contra 49 de los demócratas) ha aprobado el proyecto de rebajas tributarias auspiciado por el  mandatario. Era urgente hacerlo. En primer lugar, porque era una promesa de campaña (ya que otras como la reforma de la salud no lograron concretarse) y, en segundo lugar porque las elecciones complementarias parecían conducir inevitablemente a la pérdida de la mayoría legislativa. La reforma tributaria, según el twitero gobernante, permitirá “hacer a América grande otra vez”.

Los beneficios son generalizados. Al común de los mortales, los impuestos le serán disminuidos en algunos cuantos dólares. A las grandes empresas y corporaciones, afectadas por una tasa marginal de hasta 35% (nos referimos a las que pagan, ya que muchas operan desde los “paraísos fiscales”) se les aplicará a partir de ahora una tasa plana de solo 20%. Los argumentos del sector gobernante son claros: lo que se pierda en recaudación tributaria será compensado por el mayor crecimiento de la economía y por el aumento de los salarios que se producirá como consecuencia.

Además de la oposición férrea e increíble de sectores de altos ingresos (superiores al millón de dólares anuales) que manifestaron que la principal víctima del ajuste trumpiano iba a ser la clase media ya empobrecida que verá mermados beneficios sociales y asistenciales de subsistencia (lo que reseñamos en un anterior comentario), la académica chilena de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto ha recordado que la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, el Penn Wharton Budget Model de la Universidad de Pensilvania y hasta la propia Oficina de Presupuestos del Congreso estadounidense (entidad autónoma) han cuestionado la argumentación señalada por carecer de toda fundamentación empírica.  Incluso un “panel de expertos” del más alto nivel, consultado acerca de si les parecía posible que de aquí a una década el Producto Interno Bruto del país del Norte se elevara sustancialmente, estuvo en un 64% en desacuerdo en tanto que  un 34% confesó su incertidumbre y, solo un panelista se mostró de acuerdo precisando más tarde que no había entendido bien la pregunta.

El problema es que  EE.UU.  es, hoy por hoy, una de las naciones más endeudadas del planeta y, según todo los partícipes del panel, las medidas implantadas no harán otra cosa que agravar su  déficit  fiscal. Peor aún será la situación si se le suman algunas menudencias como el muro fronterizo con México, el incremento del poder militar o el retorno a la luna anunciado con pomposa soberbia. Un comentarista internacional recordaba, a este respecto, que Estados Unidos, a través de su manejo del Fondo Monetario Internacional, ha impuesto históricamente a múltiples naciones del tercer mundo, políticas restrictivas e implacables de austeridad que han empobrecido a sus pueblos, han originado dolorosa protestas sociales e incluso han causado la caída de  gobiernos democráticos que luego fueron reemplazados por regímenes de fuerza.

El recién electo gobierno de Sebastián Piñera ha anunciado políticas tributarias bastante asimilables a lo expuesto. Señala Repetto (El Mercurio, 12.12.2017) que para el candidato de la “centro-derecha” una rebaja tributaria a las empresas “elevará la inversión, los salarios y el crecimiento, y con ello generará más recaudación”. La historia económica de las últimas décadas, en que el crecimiento del PIB se ha septuplicado a partir de 1990, no respalda el discurso programático comentado. El incremento efectivo del ingreso fiscal ha estado dado fundamentalmente por el alza del precio del cobre y no por el crecimiento generalizado de la economía.

La verdad, como lo dice la académica mencionada, es que la inversión y la actividad económica han gozado a través del tiempo, de múltiples beneficios tributarios,  nunca han traspasado los beneficios impositivos  ni a los consumidores ni a sus propios trabajadores y solo los han utilizado en su propio beneficio, y, agregamos por nuestra parte, han aprovechado invariablemente todos los vacíos e imprecisiones de la ley para eludir e incluso evadir tributos.

Anunciar que solo se pretende nivelar nuestro régimen tributario de empresas con el “estándar OCDE” puede ser incluso una falacia toda vez que los sistemas no son fácilmente comparables. En efecto, luego de la reforma fiscal de principios del gobierno de Bachelet, la tasa que pagan finalmente las empresas sería solo de 9,45% muy por debajo del régimen de los países OCDE donde el sistema es desintegrado.

La situación fiscal de Chile es hoy bastante ajustada. Cualesquiera que sean las razones, el hecho es que el endeudamiento público y su costo financiero  se han elevado considerablemente. El precio mundial del cobre y recuperar los niveles de actividad del sector demandarán una fuerte recapitalización. Los compromisos asumidos por el Estado con la Educación no podrán ser borrados. La necesidad de abordar las demandas sociales en materia de políticas de la infancia y de pensiones, que son absolutamente ineludibles, hacen imposible retroceder para cumplir promesas ilusorias e inviables.

La prueba de fuego del nuevo Gobierno, estará, a nuestro juicio, en el campo económico. Y si bien en este terreno importan mucho las cifras macroeconómicas, el costo de favorecer a sectores beneficiados por el modelo sacrificando políticas públicas que se dan por consolidadas, puede traer costos enormes a partir de la destrucción de las confianzas.