
Sabemos para quienes trabajan.
“Vendo casa en Lo Barnechea. 6 Dormitorios, 6 Baños, 4 estacionamientos. Terreno: 7.500 m2. Precio: $ 2.750.000.000”. (Aviso publicado en diario capitalino)
“El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho”. (Iniciativa aprobada en Comisión del Consejo Constituyente con 5 votos republicanos, 2 RN, 1 UDI, 1 Independiente UDI).
La casa descrita en el aviso – suponemos que es la “vivienda principal del propietario”- quedaría liberada de impuesto territorial de acuerdo a esta moción de hondo contenido social, aprobada por los constituyentes de derecha.
Al comentar la situación precedente, lo primero que llama la atención es la insensatez (la palabra “estupidez” suena muy fuerte, razón por la que nos negamos a utilizarla) de pretender incorporar a la Constitución de la República, (documento fundamental destinado a fijar un marco general de principios y normas que habiliten el buen funcionamiento de la comunidad nacional) elementos casuísticos propios de la ley. Ya la fracasada Convención incurrió en este tipo de errores y sabemos cómo le fue.
Actualmente, solo el 23% de las viviendas con destino habitacional pagan contribuciones de bienes raíces en tanto que un 77% no tributan por tener un avalúo fiscal inferior a 47 millones de pesos. En las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea y Providencia, que concentran al grueso de la población de mayores ingresos del país, el 90% de las viviendas paga este impuesto (incluso con una sobretasa de recargo para inmuebles de avalúo fiscal superior a los 600 millones) en tanto que en comunas populares las viviendas afectas a duras penas llegan al 4%.
Las contribuciones de bienes raíces constituyen, conforme a lo dicho, un impuesto eficiente (recauda 2.600 millones de dólares anuales) que es prácticamente imposible de eludir y, mediante los aportes y traspasos al Fondo Común Municipal beneficia a las comunas más pobres del territorio.
La torpeza de los constituyentes referidos es tal que ha logrado concitar la oposición generalizada de economistas de todos los sectores tales como José de Gregorio y Vittorio Corbo, ex ministros de Hacienda de Sebastián Piñera como Felipe Larraín e Ignacio Briones, académicos de las principales universidades, siendo destacable que la gran mayoría siempre se han manifestado como personas afines a la derecha.
De lo dicho, queda claro que la iniciativa no está destinada a favorecer a los grupos más vulnerables o de menores ingresos sino que “a los mismos de siempre”. Muy útil sería pesquisar, desde ya, cuántos de los votantes a favor se verían directamente beneficiados – ellos o sus familiares inmediatos – con esta disposición.
La ciudadanía con vehemencia critica a la clase política cuando ve que con frecuencia se legisla teniendo presente el beneficio de los grupos de interés a los cuales están ligados. Aquí tenemos ante nuestros ojos un caso extremo en que se ha perdido la dignidad y la vergüenza.
En la clasificación de los estúpidos en cuatro categorías, en el estudio de la estupidez de Carlo Cipolla, los que proponen esa insensatez constitucional se denominan “bandidos”. Son aquellos que se benefician a costas del daño a los demás.
Qué buena, finito pero «al callo»
Muy ingenioso, interesante y de una verdad inmensa.