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UN PROBLEMA MÁS QUE PREOCUPANTE

Esteban Lobos, analista económico.

El actual Gobierno ha señalado reiteradamente su compromiso con el programa que, presuntamente, aprobó la ciudadanía al elegir a Michelle Bachelet. Tal afirmación resulta discutible tanto porque el documento al parecer no se encuentra disponible en parte alguna como también porque, según se deduce de discursos y entrevistas de la candidata, el marco define aspiraciones sociales que, en una  realidad cambiante, se van haciendo cada vez más difíciles de alcanzar en el corto plazo. Un tema no abordado, ni siquiera a nivel de obra gruesa, es el de los pensionados. ¿Puede seguirse esperando?

 Para introducir el tema, un dato relevante. Sobre cien mil personas se congregaron en Santiago bajo el eslogan “No más AFPs”. Pese a las condiciones climáticas adversas, muchas decenas de  miles lo hicieron en diversas regiones del país. Carentes de una organización formal o de redes sociales, estos marchantes asistieron en un día de descanso a manifestar su molestia e indignación. Ni un solo incidente violentista ni un encapuchado ensuciaron la manifestación. ¿Qué moviliza a estos ciudadanos?

Algunos datos y un poco de historia. El sistema previsional chileno se construyó en torno a unas cuarenta Cajas que afiliaban a los empleados según su campo laboral y a un Servicio de Seguro Social que acogía a los obreros. Financiado en parte por los imponentes más  aportes no significativos de empleadores y patrones, el peso de la carga lo soportaba directa o indirectamente el Estado. Soportando un déficit crónico, otorgaba un número mínimo de “jubilaciones” de monto bastante reducido. Algunos privilegiados, beneficiados por leyes especiales, recibían un “desahucio” (indemnización laboral no despreciable), otros podían  acogerse a la “perseguidora”,  lo que significaba, en buenas cuentas, retirarse con la remuneración vitalicia de los trabajadores activos. Las espaldas del Fisco difícilmente podían sustentar el sistema. El Presidente Jorge Alessandri trató de hincarle el diente al tema, sin éxito por su complejidad y la carencia de apoyo político.

Bajo el gobierno militar, siendo Ministro del Trabajo José Piñera, se abordó sorpresivamente el tema. Se fusionaron las Cajas y  Seguro existentes agrupándose en una gran Instituto de Normalización Previsional (INP), excluyéndose a los uniformados acogidos a la Caja de la Defensa Nacional. Se crearon unas nuevas instituciones llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), se dispuso una cotización obligatoria de 10% de las remuneraciones de cargo del trabajador y se ordenó un incremento bruto de sueldos y salarios de tal forma que, descontado ese 10%, el asalariado siguiera teniendo un alcance líquido similar al que tenía a la fecha. Se señaló que, de entonces en adelante, cada trabajador pasaba a ser propietario absoluto de sus ahorros a través de “cuentas de capitalización individual”. Como las AFPs iban a invertir estos fondos en acciones o bonos de alta rentabilidad, al año 2020 un trabajador con 30 años de imposiciones, al pensionarse recibiría un ingreso actualizado similar al que percibía a la época de su retiro.

El “nuevo sistema” no ha funcionado. A pocos años de llegar al 2020, 336.000 pensionados en AFPs por vejez, reciben menos de $118.889, es decir menos del 50 % del ingreso mínimo y no se vislumbra en el horizonte un mejoramiento significativo.

El Estado se ha visto obligado a subvencionar pensiones de subsistencia mediante el llamado “pilar básico solidario”.

Las rentabilidades de las inversiones son bajas y pese a que se contratan costosas empresas asesoras de finanzas en el extranjero para optimizarlas, las “ganancias” son “negativas” por largos períodos.

A los cotizantes, les llaman la atención diversos hechos. Uno, el efecto “manada” que significa que, curiosamente, AFPs que se supone compiten entre sí, en el largo plazo obtienen resultados muy parecidos. Otro, que de la enorme suma acumulada en los fondos de pensiones (sobre 160.000 millones de dólares) una parte significativa esté en inversiones en el exterior y en inversiones que contribuyan al desarrollo nacional. Más aún: que de los fondos invertidos en Chile, una suma importante esté colocada en bancos a tasas bajísimas, en circunstancias que estos mismos bancos prestan ese dinero a sus clientes (que muchas veces son los mismos imponentes) a tasas que giran en torno al 30% anual.

Se critica, además, la íntima relación que frecuentemente existe entre los directores de las AFPs y los directores de los Bancos, cuyos nombres con frecuencia coinciden.  Molestan las altas remuneraciones de estos directores que llegan a los 14 o 15 millones de pesos mensuales por asistir a un par de reuniones y estudiar algunas materias. Ninguno de ellos tendría, por supuesto, dedicación exclusiva. Se ha señalado que, en Chile, un buen negocio renta un 8% real anual; un excelente negocio entre 12 y 15%; y una AFP, nada menos que un 26%. ¿Cómo logran esta tasa sideral? Muy fácil. Cobrando una comisión no sobre la rentabilidad positiva que pudieran generar  los millonarios fondos sino que sobre el monto de estos mismos fondos, aunque su rentabilidad sea negativa, es decir un porcentaje sobre los 160.000 millones de dólares acumulados a través de la historia. Lo dicho genera un poder financiero de magnitud que les permite influir decisivamente en la orientación de los medios de comunicación social (los cuales, por supuesto, no dan tribuna a quienes pretendan cuestionar el sistema)  y, sin duda, influir en la política mediante el financiamiento de partidos y candidatos.

Al día de hoy, de las 6 AFPs existentes, cuatro y media son de propiedad de capitales extranjeros (la mitad de Habitat es de la Cámara Chilena de la Construcción) y solo una pertenece a capitales nacionales (Modelo).

Dos datos llamativos: Los trabajadores, propietarios de esos ahorros, no tienen arte ni parte en su administración ya que no pueden designar directores ni siquiera con fines de información. Los dueños de las AFPs que, como se ha dicho obtienen cada mes jugosas ganancias, no corren riesgo alguno en su negocio lo que contraría los principios más básicos del liberalismo económico: constituyen un monopolio colectivo amparado por la ley.

La guinda de la torta la han puesto dos entidades que, para eludir el pago de impuestos en Chile (en sumas de decenas de millones de dólares) han creado AFPs “de papel”, sin historia, sin cotizantes, sin oficinas, haciendo aparecer su adquisición por capitales extranjeros como una fusión, con la asesoría de prestigiosos estudios jurídicos nacionales.

La eventual creación de una AFP estatal, no alterará, en lo sustantivo, este panorama. Frente a esta realidad, vale la pena preguntarse: ¿Por qué razones protesta la gente?

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